La gestión que Ana Botella (PP) ha hecho de la recogida de las basuras de Madrid le va a acompañar hasta sus últimos días como alcaldesa. En los últimos nueve meses se ha encontrado con tres huelgas y un conflicto entre contratistas que le obligó a pagar 6,6 millones de euros para obligar a una de las empresas implicadas a continuar retirando residuos de las calles.
Los basureros de Madrid tienen convocada una huelga para el 11 de mayo. Se trata de los 1.500 trabajadores que sacan los desechos de la capital, ya sean orgánicos o inorgánicos. Este servicio está privatizado mediante tres contratistas: FCC, Urbaser (ACS) y Cespa (Sacyr). Estas dos ganaron el último concurso en octubre del año pasado para gestionar los distritos periféricos. La damnificada fue FCC, que había ganado todas las licitaciones anteriores.
Los sindicatos reclaman que haya un convenio colectivo homogéneo y común para todos los operarios. La atomización de condiciones según han ido entrando empresas ha creado un mosaico que los trabajadores quieren acabar. “Ha habido un bloqueo en las negociaciones”, cuentan los representantes laborales.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ya ha puesto en marcha la práctica habitual cuando estalla un problema entre los trabajadores y las empresas a las que el Ayuntamiento adjudica servicios públicos. El primer paso es colocarse como una tercera parte afectada: hará “lo que tenga que hacer” para garantizar la recogida de basuras, ha declarado tras la convocatoria de los paros. Lo cierto es que la competencia y responsabilidad de la limpieza de las calles es del consistorio, no de las contratas. Luego Botella ha considerado que “no hay hechos objetivos” para paralizar la limpieza.
La técnica de lavarse las manos
Sigue la misma senda que adoptó en noviembre de 2013 cuando la huelga partió desde los barrenderos: “Los servicios están externalizados. Es asunto de los trabajadores y los sindicatos”, dijo al iniciarse los paros. Cuando las pilas de desechos se acumulaban en Madrid tras varios días de protestas, Botella se mostró como la solucionadora: “Nos dirigimos a las empresas para exigirles el cumplimiento de los servicios mínimos fijados, pero pese a las labores de escolta de la Policía, no se han cumplido”. Y advertía de que se echaría mano de la empresa pública Tragsa para sacar la basura de las aceras y calzadas. Al final, la huelga duró 13 días.
La retirada de residuos no va a dejar de acompañar a la alcadesa hasta el final de su mandato. El último concurso que adjudicó (el de los 14 distritos periféricos de la ciudad) ha traído esta última erupción reivindicativa. La empresas Urbaser y Cespa ofrecieron una rebaja de más del 10% sobre el precio fijado por el equipo de Botella: un oferta de más de 74 millones de euros. Expulsó así de su tradicional feudo a FCC. La llegada de las nuevas empresas trajo problemas. El retraso de la entrada en vigor del nuevo contrato hizo que Madrid obligara por decreto a FCC a seguir prestando el servicio (a pesar de su negativa a prorrogar su compromiso). Luego, al arrancar las filiales de ACS y Sacyr, la mitad de los camiones estaban en mal estado. Se culpó a la contratista saliente.
Con los nuevos jefes ya en el tablero, el sindicato UGT convocó una huelga para el pasado enero porque, según ellos, no todos los trabajadores tenían “los mismos derechos”. El paro se disolvió a última hora con el compromiso de igualar a los operarios. Esa igualación, dicen las centrales obreras, es la que no se ha conseguido en ninguna de las empresas. Y por eso se convoca esta huelga. Con apenas un mes de plazo para salir del Gobierno local, la gestión de la limpieza de Madrid va acompañar a Ana Botella hasta sus últimas jornadas al frente de la capital.