Los becarios de las universidades están recibiendo informaciones contradictorias estos días. Por un lado, el Gobierno publicó en el BOE el 29 de diciembre que todos los estudiantes universitarios que realicen prácticas formativas deberán ser incluidos en la Seguridad Social, de manera que los jóvenes vayan acumulando años de cotización.
Como reacción, los rectores de las universidades españolas replican: está muy bien que se valoren así las becas, pero la consecuencia directa de incrementar sus costes para las universidades o las empresas beneficiarias (formadoras), a falta de dirimir quién se hará cargo de las cuotas, puede ser que caiga el número de becas disponibles. Y no son lo mismo las prácticas curriculares que las no curriculares, añaden.
En el desarrollo de la normativa estará la clave. La Crue (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, agrupa a los 76 principales campus de España, públicos y privados) exige una reunión para negociar al Gobierno, al que traslada su “malestar” por la aprobación “sorpresiva y sin consulta previa” del Real Decreto 28-2018, de 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
La nueva normativa
Actualmente, con carácter general, las becas no remuneradas no cotizan a la seguridad social. Son las becas remuneradas las que sí cotizan, pero no lo hacen todas por igual. Si estas prácticas académicas externas son curriculares, esto es, parte de los estudios y por tanto obligatorias para obtener el título, como Magisterio, están bonificadas al 100%. Si son extracurriculares, o sea voluntarias y fuera de los planes de estudios, se paga la cotización.
Con la nueva normativa, la idea del Ejecutivo es que todos los becarios se den de alta en la Seguridad Social, sean sus becas en la universidad o en una empresa, curriculares o extracurriculares, remuneradas o no. El Gobierno se autoconcede tres meses para poner en marcha el desarrollo normativo de esta disposición. Los rectores piden negociar este desarrollo y que se diferencie el tipo de beca, entre otras medidas.
Con la modificación normativa, el único matiz entre las becas que incluyen un salario y las que no será quién paga la cuota: lo hará la entidad o empresa que reciba al estudiante en el caso de que sean sin remunerar y dependerá de la normativa aplicable a cada caso para las prácticas remuneradas. Sea quien sea quien la tenga que asumir, la cuota por un contrato de formación y aprendizaje se situó en 2018 en 51 euros mensuales, una vez descontados los 60 correspondientes al desempleo, al que los becarios no tienen derecho y por tanto no debe pagarse.
Las consecuencias
Las nuevas medidas adoptadas por el Ejecutivo son la continuación lógica del Plan de Empleo Juvenil que aprobó el Gobierno a principios de diciembre. Con esta disposición se consigue, entre otras cosas, que los jóvenes empiecen a acumular meses cotizados de cara a una futura pensión. Los van a necesitar: cuando se jubilen los actuales estudiantes hará falta tener 37 años cotizados para optar a la pensión máxima, y si uno se pone a concatenar estudios (máster, doctorado, etc.) el mercado laboral no da mucho margen.
Para los alumnos ahí se acaban las buenas noticias. Porque una de las posibles consecuencias que anuncian los rectores es que, ante el encarecimiento de las prácticas externas caiga la oferta de becas externas. Pero a la vez esta situación es paradójica, según explica Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
“Hay que diferenciar entre las prácticas curriculares y las extracurriculares. En las curriculares los estudiantes se matriculan y la universidad tiene que ofrecérselas, es obligatorio. Son como cualquier otra asignatura, solo que se hacen en otro sitio”, explica. Y cada vez se van incluyendo en más grados, lo cual aumenta su demanda (obligatoria).
A modo de ejemplo, Andradas explica que la UCM tiene unos 11.000 convenios diferentes con empresas o instituciones para prácticas externas y unos 30.000 estudiantes que las realizan (un 30% del alumnado de la universidad presencial más grande de España, grosso modo). El temor es que, si los destinatarios de los estudiantes becados, sean empresas o administración, ven cómo deben invertir un dinero en algo que hasta ahora no les costaba nada, la oferta de becas puede caer. Y, como se explicaba antes, las prácticas curriculares son obligatorias, tanto para la universidad a la hora de ofrecerlas como para el estudiante a la hora de realizarlas para titular.
Además, los rectores temen que el encarecimiento de las prácticas externas, aunque no sea excesivo a título individual, sí puede suponer una importante carga para las propias universidades si se tienen que hacer cargo de varias miles de cotizaciones. Y los centros no es que anden sobrados de fondos, después de varios años de recortes en sus presupuestos llevados a cabo por las comunidades autónomas.
Ricardo Morón, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, cree que los rectores exageran. “La medida no va a entrar en vigor hasta el curso que viene. Es verdad que puede suponer un quebranto económico, pero tienen tiempo para adaptarse. Y en el desarrollo normativo del Real Decreto es dónde está la clave. Aún tienen tiempo de participar”, explica.
Financiación, relación laboral-formativa y juicios
Otra cuestión podría ser, como apunta Morón, si las universidades deben entrar en este juego de la “empleabilidad” a base de ofrecer prácticas en empresas, que es el camino que marca el espacio común europeo de Bolonia, o limitarse a la formación. Pero ese es otro debate.
También está la cuestión de cómo se consideran las prácticas. Andradas recalca que “al incluirlas todas en la Seguridad Social, parece que se tiende a que son una relación laboral, cuando en el caso de las curriculares son puramente formativas, como una asignatura cualquiera”, recuerda.
Lo que sí se van a ahorrar las universidades con la nueva normativa es incurrir en posibles faltas, como le ocurrió a la Universidad Autónoma de Madrid hace un año. En octubre de 2017, la universidad fue denunciada por la Inspección de Trabajo por tener a 400 becarios realizando labores estructurales del centro, pero sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Según Trabajo, la universidad “primó su beneficio productivo sobre el proceso formativo del estudiante”. El caso está judicializado actualmente.
Otra cuestión que incluye la normativa es que abre la puerta a que los antiguos becarios puedan autorregularizar su situación y añadan sus tiempo de beca a su periodo cotizado. Según la disposición del Gobierno, cualquier estudiante que haya realizado una beca podrá cotizar con sus propios medios por esos meses (a 51 euros el mes, aproximadamente) para incluir ese tiempo en su vida laboral con carácter retroactivo.