La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha calificado de “insuficientes” los avances que se han producido con la puesta en marcha de las normas para proteger a los deudores hipotecarios, ya que entre otras cuestiones, han tenido un escaso ámbito de aplicación.
De esta manera, han quedado excluidos los colectivos sociales que no reunían todos los requisitos exigidos en las normas, según ha matizado la defensora del Pueblo, que también ha denunciado que las medidas aplicadas por el Gobierno en este sentido se limitaban de forma exclusiva a la deuda hipotecaria de la vivienda habitual.
En su informe de 2013, la defensora del Pueblo, que ha insistido en pedir una “segunda oportunidad” para los ciudadanos que debido a la crisis no pueden afrontar el pago de sus deudas, también explica que pese a la aprobación de la suspensión del lanzamiento durante dos años no se han paralizado los intereses de demora en ese período.
Igualmente, ha considerado que es una necesidad social seguir buscando soluciones amplias que tengan en cuenta otras circunstancias “perniciosas”, que eviten la exclusión social de los afectados.
En su informe, también ha criticado que no se haya evitado que sobre el desahuciado pueda seguir pesando una deuda de por vida con su acreedor, aunque se establezca una quita.
Becerril ha defendido que una muestra de las limitaciones que han tenido las medidas que aprobó el Gobierno puede extraerse de los datos publicados en el informe de la Comisión de Control sobre el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
Dicho documento desvela que aunque la mayoría de las entidades suscribieron el código, aprobado en marzo de 2012, de las 44 reestructuraciones de deuda formalizadas en su primer trimestre de vigencia (abril a junio) se pasó a 126 en el segundo, 161 en el tercero y 263 en el primero de 2013.
Respecto a las daciones en pago, de las ocho registradas en el primer período de vigencia del Código, se pasó a 33 en el siguiente, 76 en el último trimestre de 2012 y 181 en el primer trimestre de 2013“.
Para Becerril, estas cifras ponen de manifiesto que “muy pocas personas se han podido acoger a las medidas, por lo que no parece que éstas ofrezcan una solución generalizada al colectivo afectado”.
En su informe, Becerril ha recordado que en 2012 la institución publicó y remitió al Parlamento el informe “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo”, que abordaba la situación en que se encontraban miles de ciudadanos, al no poder pagar sus hipotecas y, en algunos casos, locales de negocio.
Por otro lado, Becerril ha insistido en pedir una “segunda oportunidad” para los ciudadanos que, debido a la crisis, no pueden afrontar el pago de sus deudas, por lo que ha solicitado que se regule un proceso específico para tramitar la insolvencia personal.
La institución ha recordado que el pasado noviembre remitió al Parlamento el estudio “Crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo”, que incluía iniciativas para “aliviar la carga financiera de las familias más endeudadas y evitar su exclusión social”.
Entre las medidas, Becerril solicitaba que el órgano decisorio a cargo del procedimiento, ya sea un juez u otro tipo de funcionario, “cuente con autonomía para flexibilizar las cuotas de pago e imponer quitas o esperas a los acreedores”.
Además, reclamaba que el proceso sea “sencillo, eficaz y gratuito”, y que en la resolución final se fijen la quita, el importe de la deuda persistente, el plan de pagos, las condiciones a cumplir, el plazo de vigencia (prudencial) y la fecha de liberación del deudor, como se hace en otros ordenamientos jurídicos.
Por último, solicitó un trato especial entre el deudor y acreedores en situaciones como divorcio, desempleo, enfermedad e incluso fallecimiento.