El Gobierno ha excluido a las bicicletas del plan de ayudas para promover el transporte sostenible. En noviembre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó en el BOE las bases del Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa (MOVALT) para el que el Ejecutivo destina 35 millones de euros. Con esta estrategia pretenden incentivar la compra de vehículos de energías alternativas.
En la descripción detallan que a ella se pueden acoger motos, cuadriciclos, turismos, furgonetas y camiones; siempre y cuando estén propulsados por autogas, gas natural, bifuel gasolina-gas o pila de combustible, así como aquellos que sean eléctricos. Estas ayudas varían entre 500 euros y 18.000 euros, en función de la categoría del vehículo. No mencionan a las bicicletas, a pesar de que las eléctricas –que tienen un precio medio de 1.740 euros– sí que contaron con financiación pública entre el año 2013 y 2016, cada unidad recibía 200 euros de subvención.
El Ministerio justifica esta decisión asegurando que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) –organismo promotor del programa– “apoya la bicicleta, pero siempre que sea como opción de transporte en la ciudad, es decir, como alternativa al vehículo privado”. “No se subvenciona la compra de bicicleta para ocio”, añaden, “dado que el IDAE lo que persigue es el ahorro de energía en el transporte y un cambio hacia modos más eficientes”.
Bicicleta concebida como ocio
Colectivos como la Coordinadora en Defensa de la Bici (ConBici) y Ecologistas en Acción consideran que esta contestación del Ejecutivo “evidencia” la mentalidad de los gobernantes, al “concebir a la bicicleta como un modo de deporte y no de transporte”.
Además, Manuel Martín, director técnico de ConBici, explica que hay formas de asegurarse de que el vehículo comprado se utilice para desplazamientos diarios, “a través de ayudas e incentivos fiscales a las empresas que fomenten que sus trabajadores se conviertan en ciclistas”. Esta plataforma tampoco comprende que no se tenga en cuenta a las bicicletas convencionales. “Al parecer la energía humana no se considera 'sostenible'”, apuntan.
A pesar de no incluir a la bicicleta en esta estrategia, el Ministerio asegura que cuenta con “dos líneas abiertas” para promover el uso de la bicicleta en la ciudad. Una de ellas a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con “medidas de impulso al uso de la bicicleta en el marco de planes de transporte al trabajo”, y otra de ayudas a los sistemas de préstamos que implanten ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
Desde la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) lamentan que el Gobierno no promueva el ciclismo urbano en el plan Movalt. Según explican en un comunicado, la primera vez que se excluyó a este medio de transporte se produjo ya en junio de 2017 con la estrategia de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (Movea), desarrollada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Un año antes, ese mismo plan, en ese momento implementado por el Ministerio de Industria, sí que incluía a la bicicleta eléctrica. Las subvenciones para la adquisición de estos vehículos de pedaleo asistido por motor eléctrico se incluyeron por primera vez en 2013, en el Plan Pima Aire 2 del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
“La bicicleta eléctrica es un medio de transporte emergente, que ayuda a superar distancias y desniveles importantes con una comodidad, autonomía y fiabilidad inigualables al resto de modos de transporte”, lamentó Antoni Poveda, presidente de la Red de Ciudades por la Bicicleta, cuando el Gobierno publicó en el BOE el anuncio del plan Movalt.
40.000 bicicletas eléctricas vendidas al año
La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) destaca que en 2016 se vendieron 40.268 bicicletas eléctricas frente a las 2.570 motocicletas eléctricas y 163 cuadriciclos sostenibles que se matricularon en 2017, de acuerdo a los datos facilitados por Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE).
Con este plan el Ejecutivo pretende “aumentar el parque de vehículos de energías alternativas”, así como “contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes”. Según detalla este departamento en una nota de prensa, las ayudas se han distribuido en dos apartados: 20 millones de euros para la adquisición de los vehículos que cumplen los baremos recogidos en la convocatoria y 15 millones de euros para la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
Los vehículos adquiridos deberán ser nuevos o con una antigüedad inferior a nueve meses y los beneficiarios podrán ser particulares, autónomos, PYMES, empresas y administraciones públicas. Esta estrategia ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE.
Félix Jiménez, portavoz de Ecologistas en Acción, critica que con ello se apueste por el transporte privado e incluso incluya subvenciones a “vehículos de alta gama”. ConBici también considera “escandaloso” que un vehículo de 30.650 euros se financie con 5.500 euros de subvención, “con los impuestos de todos”.
Una PNL sobre política fiscal de la bicicleta
El diputado socialista Odón Elorza ha preguntado en el Congreso por esta exclusión al Gobierno. Además, explica a esta redacción que presentó la última semana del 2016 una Proposición No de Ley (PNL) para potenciar una política fiscal en apoyo a la bicicleta en las ciudades. En ella sugiere al Gobierno que incluya a la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería en el próximo ejercicio de 2018 de ayudas y que se analice la aplicación del tipo reducido del IVA del 10% a las ventas de estos velocípedos, actualmente tributan al 21%.
La Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (ANESDOR) también lamenta que en el Plan Movalt no incluya a los ciclomotores eléctricos. “No entendemos la exclusión cuando este mercado representa el 77% de las ventas totales de motos eléctricas en nuestro país”, asegura el secretario general de la entidad, José María Riaño. Esta forma de transporte, según explican, ha aumentado en los últimos años debido al auge de las empresas de reparto.