El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, recibió este lunes a representantes diplomáticos de Alemania y Noruega, a los que propuso alterar las reglas de un fondo para la protección de la Amazonía alimentado por esos países.
Tras el encuentro, Salles explicó a los periodistas que durante la reunión fueron analizadas cuestiones “generales” de ese fondo y que se trató de una primera reunión para intercambiar opiniones sobre la gestión de esos recursos.
“No entramos en todos los detalles, que serán objeto de otras reuniones”, apuntó el ministro.
Fuentes oficiales dijeron a Efe que una de las propuestas que baraja el Gobierno brasileño es que el fondo, que actualmente cuenta con 3.400 millones de reales (unos 850 millones de dólares), permita compensar económicamente a dueños de tierras situadas en regiones de la Amazonía que están preservadas por ley.
Salles había adelantado ya esa idea, con la que también pretende que se indemnice a aquellos propietarios de tierras que podrían ser expropiadas por situarse en zonas en las que se prohíbe expresamente toda actividad productiva, sobre todo la agrícola, maderera o volcada a la minería.
Sin embargo, el ministro ha aclarado que no se trata de utilizar “todos los recursos del fondo” para esos fines y que la propuesta se completa con otras iniciativas dirigidas a “mejorar la gestión” del dinero y reforzar el sistema de protección del bioma amazónico.
Según las fuentes consultadas por Efe, esas propuestas también apuntan a mejorar los sistemas de alertas frente a las amenazas del calentamiento global, lograr imágenes de satélites más nítidas de la Amazonía y sistematizar los planes de control en esa vasta región.
El llamado Fondo Amazonía fue creado en 2008 y sus principales donantes son los Gobiernos de Alemania y Noruega, junto con la petrolera estatal brasileña Petrobras, que aporta apenas un 1 % de los recursos.
Desde su creación, el fondo ha financiado 103 proyectos volcados a la preservación de la región amazónica y, sobre todo, al combate a la deforestación, uno de los mayores peligros que enfrenta el que está considerado como el mayor “pulmón vegetal” del planeta.
Las normas del fondo, que es administrado por el estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, no contemplan la financiación de indemnizaciones o compensaciones a terratenientes, por lo que cualquier alteración en ese sentido debe ser negociada con los donantes.
Hace dos semanas, el Ministerio del Medio Ambiente informó de que ha realizado una auditoría sobre el manejo de los recursos del fondo y que ha encontrado “indicios” de irregularidades en la cuarta parte de los proyectos, que en buena medida han sido usados para financiar actividades de organizaciones no gubernamentales.