São Paulo, 2 oct (EFE).- Las autoridades de Brasil lanzaron este lunes una operación para comenzar a desalojar a cerca de 1.600 familias que ocupan ilegalmente dos tierras indígenas en la Amazonía, para devolver sendos territorios a los pueblos originarios.
Las zonas ocupadas ilegalmente, ambas ubicadas en el estado amazónico de Pará, son las tierras indígenas Apyterewa, que está protegida desde 2007, y Trincheira Bacajá, que es de uso exclusivo de los indígenas desde 1996, según un comunicado del Ministerio de los Pueblos Indígenas.
Ambos territorios tienen una extensión sumada de 2,4 millones de hectáreas y albergan a cerca de 2.500 indígenas de las etnias Parakanã, Mebengôkre Kayapó y Xikrim, que viven repartidos en 51 aldeas.
“La situación no es fácil, pero cualquier ocupación ilegal es crimen y la legislación brasileña tiene que ser cumplida”, declaró durante una entrevista a la radio pública la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, quien dijo tener identificadas 32 tierras indígenas con invasores.
El Ministerio también resaltó que hay registros de indígenas que viven aislados en esos territorios selváticos y que han sido contactados recientemente.
Las autoridades están trabajando para que los no indígenas dejen la región de forma pacífica y voluntaria, al igual que en otras operaciones similares realizadas a comienzos de este año.
Algunos de los colonos ilegales se dedican a actividades como la ganadería y la minería ilegal y han contribuido a la tala ilegal en la zona.
Estas actividades ilegales han llevado a la tierra indígena Apyterewa a encabezar la lista de territorios con mayores índices de deforestación, subrayó la nota.
En la operación participan varios cuerpos de policía y varios organismos dedicados a la protección de los pueblos indígenas y del medio ambiente.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha retomado la política de protección de los pueblos indígenas, con medidas como la demarcación de territorios y la expulsión de colonos ilegales.
La demarcación de territorios indígenas fue totalmente paralizada durante los cuatro años de Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que, además, impulsó medidas para permitir la explotación de minerales en esas áreas, pese a que están protegidas por leyes medioambientales.