La Comisión Europea sucumbe a la presión y se abre a rebajar la protección al lobo. El gobierno comunitario ha comenzado a recabar datos sobre la población de ese animal ante el incremento en algunas zonas que ha provocado “conflictos con las comunidades locales de ganaderos y cazadores”, según explica en un comunicado. Ante esa situación, reclama a “comunidades, científicos y partes interesadas” que le hagan llegar información sobre la situación. A partir de ahí, el ejecutivo de Ursula Von der Leyen está dispuesto a cambiar la legislación europea para reducir las exigencias.
“Sobre la base de los datos recopilados, la Comisión decidirá una propuesta para modificar, en su caso, el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico, para introducir, cuando sea necesario, mayor flexibilidad, a la luz de de la evolución de esta especie”, afirma Bruselas, que da de plazo hasta el próximo 22 de septiembre para recibir la documentación sobre “la población de lobos y sus impactos”.
No obstante, la propia Comisión Europea asegura que los problemas se han producido “especialmente donde las medidas para prevenir ataques al ganado no se han implementado ampliamente”. La propia Von der Leyen recuerda que la actual normativa “permite a las autoridades nacionales y locales” a llevar a cabo la acción necesaria para sortear los conflictos.
La presidenta de la Comisión Europea se ha implicado así en primera persona en uno de los conflictos sociales que protagonizan la actualidad en el último arranque del curso político antes de las elecciones europeas de 2024. El PP europeo, del que ella forma parte, se ha desmarcado en los últimos meses de la agenda verde impulsada por Bruselas para sacar tajada electoral situándose del lado de los intereses económicos.
Pero la batalla va más allá de los agentes sociales. Algunos gobiernos se han manifestado en contra de la dureza de la normativa europea. Rumanía ha llevado la voz cantante al reclamar, en una reunión de los ministros de Agricultura de la UE, una modificación de la misma en la que se evaluara la situación de la población de los grandes carnívoros (especialmente el lobo y el oso) y la posible flexibilización del régimen de la Directiva Hábitat. Su posición fue secundada en ese encuentro a principios de julio por once países, entre los que no estaba el Gobierno de España.
Sin embargo, algunos gobiernos autonómicos sí se han posicionado claramente a favor de cambiar la normativa. Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León llevaron la cuestión a la capital comunitaria, que hasta ahora se había mostrado en contra de rebajar la protección.
“Basándose en los últimos datos científicos y de acuerdo con el marco legal actual, la Unión Europea debería oponerse a la propuesta de Suiza para mover al lobo del listado de especies estrictamente protegidas”, escribió la Comisión Europea hace apenas un año, cuando ese país llevó al Parlamento Europeo la propuesta de que el lobo dejara de estar “estrictamente protegida”. La Eurocámara avaló esa postura en favor de los intereses de ganaderos y cazadores.