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“Se busca cuidadora”: España se asoma al abismo de no encontrar trabajadoras

Rosa María Núñez, trabajadora de una residencia en Zaragoza.

Sofía Pérez Mendoza

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“Las antiguas siempre observamos a los nuevos cuando llegan por primera vez a la residencia. Yo no sé qué les han contado, pero al poco muchos intentan acceder a una formación superior para salir rápido de aquí, de este círculo vicioso”. Quien habla se llama Rosa María Nuñez: 44 años, 1.300 euros mensuales, trabajo nocturno y la mitad de una vida trabajando en el mismo centro residencial de mayores de Zaragoza.

Su permanencia en el sector es sorprendente para lo que tiene a su alrededor. Cada vez es más difícil encontrar profesionales que quieran quedarse en un trabajo físicamente duro, a turnos, con personas muy vulnerables y retribuido habitualmente con el salario mínimo (si acaso tienes jornada completa). El primer abismo, en el que ya están cayendo algunas entidades, es cubrir las bajas laborales y las vacaciones. En el diagnóstico coinciden tanto las trabajadoras como las empresas que gestionan estos servicios. Solo en eso.

Las previsiones de envejecimiento de la población alertan de que las cosas no van a ir a mejor: la patronal de las residencias catalanas (Acra) ha calculado en un estudio reciente que se necesitarán cerca de 100.000 profesionales en la próxima década –en 2022 había 199.000– solo en estos centros donde viven normalmente las personas que ya han agotado todas las opciones para permanecer en su casa. ¿Cómo reclutar a esos profesionales si ya hay problemas en el presente?, se preguntan diferentes sindicatos, familias, expertas y entidades consultadas para este reportaje. Serán necesarios 212.000 puestos de trabajo más en 2040 para atender la demanda que existe, según el Imserso.

La emergencia social es cada vez más acuciante. Solo una pequeña parte de las personas dentro del sistema de la dependencia español están institucionalizadas; las que no, también necesitan ser cuidadas y la cobertura pública “no llega a todos los días todas las horas suficientes”, explica Julia Montserrat, doctora en Economía y experta en el ámbito de la atención a la dependencia, que advierte que en España se ha fomentado el ensanchamiento del sistema por lo privado. “Siempre hay que complementar: o bien alguien de la familia deja de trabajar o si tienes dinero contratas a alguien por tu cuenta para que te cubra donde lo público no alcanza”, añade.

Un 12% más de solicitudes en cinco años

Esta realidad la confirman los informes oficiales del Imserso que evalúan cómo funciona el sistema: “El 80% de las personas con dependencia que residen en sus hogares particulares deben complementar los servicios y prestaciones públicos cuidados informales o servicios contratados de forma particular”. Hay 2,13 millones de personas que han solicitado una prestación para la dependencia en España, según los últimos datos. La cifra ha crecido un 12% en cinco años.

Casi 200.000 de esas personas están en una lista de espera: aguardando una ayuda económica que les permita contratar a alguien, la llegada de un apoyo en casa durante unas horas o una plaza en la residencia (el grueso de ellas son privadas pero están concertadas con la administración). Las prestaciones, además de tener una “baja cuantía e intensidad protectora”, sufren tal cuello de botella que 111 solicitantes fallecieron al día en 2023 sin haber tenido acceso a ellas. El Defensor del Pueblo está investigando cuántos pacientes se ven obligados a alargar un ingreso en los hospitales porque no tienen dónde ir o quién los cuide.

Es un gran boom que, ante la escasez de lo público, favorece que algunas empresas hagan el agosto. Se anuncia en televisión que te ayudan a contratar a una persona en horas

Julia Montserrat Doctora en Economía y experta en dependencia

Una operación de espalda dejó con tantas secuelas a la madre de María José que desde que salió de aquel quirófano no puede levantarse sola de la cama ni ducharse. Primero, cuenta su hija, le asignaron 15 horas de ayuda a domicilio, pero aquello no era sostenible. Terminó contratando a una cuidadora 30 horas a la semana. “No podía pagar más que eso”, defiende esta trabajadora autónoma cuya madre tiene una pensión de 900 euros.

La empleada, que “completaba otras diez horas en otra casa”, acabó marchándose a un trabajo mejor y para la familia empezó una búsqueda agotadora de una nueva interna. La prestación pública que actualmente tiene su madre, una ayuda económica que tardó un año en concederse, les llega para pagar el 60% de su cotización a la seguridad social (unos 300 euros de los 400). El resto de esa cotización y el salario completo salen de su bolsillo.

Se dan, asegura Montserrat, varios elementos que generan la tormenta perfecta: mucha demanda de servicio, mucho sacrificio económico de las familias y personas en una situación precaria que necesitan un trabajo. “Es un gran boom que, ante la escasez de lo público, favorece que algunas empresas hagan el agosto. Se anuncia en televisión que te ayudan a contratar a una persona en horas”. Pero, ¿en qué condiciones?

La asociación Territorio Doméstico, que agrupa a trabajadoras del hogar y los cuidados, lleva unos años advirtiendo una transformación en el mapa del sector. “Buscan a personas a la desesperada que necesitan este trabajo con condiciones que no están alineadas con el valor que nosotras exigimos, condiciones dignas”, sostiene la portavoz Rafaela Pimentel, que se han encontrado con trabajadoras que tratan de contactar con las oficinas de su empresa, pero no existen. No hay nadie al otro lado que les responda. “Aquí se nos complica saber porque no hay personas sindicadas, no estamos dentro. Es un nicho de precariedad de cuya evolución todavía sabemos poco”, apunta Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.

La versión de las compañías, las que están al otro lado, es bien diferente. Las que trabajan para las administraciones públicas, las que tienen a los ayuntamientos y los gobiernos regionales como sus “principales clientes” –así los describen–, achacan las precarias condiciones laborales a los precios públicos por cada plaza o por cada servicio.

Esto no es pulsar un botón y ya no vamos a tener problemas. Tenemos que convencer a la gente que se va a trabajar a los supermercados que se queden con nosotros

Cinta Pascual, presidenta de la patronal catalana de residencias Acra

La presidenta de Acra admite, en conversación con este medio, que las empresas tienen que “apostar más por sus profesionales” pero “si no incrementan precios, no se puede subir”. “Además, esto no es pulsar un botón y ya no vamos a tener problemas. Tenemos que convencer a la gente que se va a trabajar a los supermercados que se queden con nosotros”, apunta Cinta Pascual.

La patronal de las residencias a nivel nacional AESTE –Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad– asegura, por su parte, que el déficit de profesionales tiene que ver con “la falta de reconocimiento social del sector” y repite argumento: la mejora de los salarios depende de una “mayor financiación” pública. Un estudio realizado por la fundación Trasform Europe, vinculada al partido de la Izquierda Europea, recuerda que el mercado de los cuidados en España está “dominado por empresas extranjeras” y sostiene que eso “crea problemas para los trabajadores y los residentes”. La tendencia, diagnostica la investigación, desde 2010 pasa por la entrada de inversores financieros que promueven un “modelo de negocio agresivo”.

Buscan a personas a la desesperada que necesitan este trabajo con condiciones que no están alineadas con el valor que nosotras exigimos, condiciones dignas

Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico

La nueva estrategia de cuidados del Gobierno incluye como una de las prioridades “reforzar y mejorar la calidad del empleo en el ámbito de los cuidados para cuidar a quienes cuidan”. El último informe de evaluación del Sistema para la Autonomía y la Atención de la Dependencia (SAAD), de 2022, señala entre sus conclusiones que aumentar las retribuciones es una “exigencia inaplazable”. El salario bruto anual entre 2009 y 2020 se situó en 17.407 euros, con una importante brecha de género.

“Somos los mejores fichajes para las empresas”

Isabel Calvo ha trabajado en los últimos veinte años en el servicio de ayuda a domicilio. Su nómina la han pagado seis empresas diferentes, cada vez más grandes y menos especializadas: Nemo consulting, Domus Vi, Seralia, Valoriza, Sacyr y Serveo “por subrogaciones sucesivas” de las trabajadoras. “Somos los mejores fichajes de estas compañías y no los futbolistas. Es una mano de obra barata cuando hacemos un empleo público”, sostiene Calvo. “Y esto es una escalera hacia arriba, un filón enorme en un país de mayores”, añade. Según su experiencia, “hay un perfil mucho más claro de trabajadora del que las empresas se pueden aprovechar”. “En los casos que hay necesidad, una está dispuesta a trabajar de día, de tarde, de noche, cuando quieran”, prosigue.

Una jornada laboral de Calvo se podría resumir así. Tres horas en la primera casa con una lista de tareas prefijadas: levantar de la cama, hacer la higiene, bajar a comprar, revisar las citas médicas. Muchos días, asegura, una se siente en una contrarreloj hasta ir a la siguiente casa. “Pensaba que tenía espalda para toda la vida, pero somos grúas humanas con ninguna ayuda técnica, depende de cada casa. Si no hay nadie más en el domicilio te las ves y te las deseas. A veces si no vamos dos estamos condenadas”, describe.

Lo que pasa entre las cuatro paredes a veces es imprevisible. “En algunas casas se extralimitan en las peticiones: nos piden barrer todas las habitaciones o sacar al perro. Hay abusos y las empresas lo que quieren es un cliente satisfecho. ¿Que limpie la cocina? Pues se la tienes que limpiar”, advierte la trabajadora. Más o menos cada año todas cambian de casas para no acercarse demasiado a los usuarios. UGT admite que la prevención de riesgos laborales se complica en estos casos porque “es complicado saber qué pasa en cada domicilio”. “Mejorar el convenio colectivo de la ayuda a domicilio es una cuestión prioritaria”, concreta la vicesecretaria general Cristina Antoñanzas.

No solo es coger peso, sostener cuerpos humanos, sino tener que hacerlo a la carrera. Es una situación que se replica en las residencias: “Hay muchas bajas. Vamos tan justas que si falta una ya sabes que no vas a llegar. Alcanzas un punto de estrés y ansiedad que te sube la tensión. Si eres ya hipertensa, en el comité de prevención y salud te lo apañan así, te dicen que es una cuestión tuya de tu cuerpo con la que ya venías, sin considerar los factores desencadenantes. Yo me cambié al turno de noche porque de mañana o de tarde no me daba tiempo a beber agua”, relata Rosa María Núñez con la perspectiva que da trabajar dos décadas en la misma residencia.

Comisiones Obreras propuso hace unos días un pacto integral y estatal de cuidados para atacar el problema desde la “trasversalidad”. “Si España los cuidados estuvieran atendidos como debieran estar se podrían crear un millón de empleos”, explica Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo. El relevo generacional, atraer a los jóvenes al sector, es una de las mayores dificultades “porque las condiciones son tremendamente precarias”, según CCOO.

La jornada de 36 horas en la empresa de Isabel Calvo se retribuye con un salario base de 948 euros. El sector se ha ido especializando. Desde 2022 es necesaria una mínima titulación para quien se dedica a los cuidados en el domicilio, pero cuando Calvo empezó, la entrevista consistió en responder si tenía hijos, si sabía recoger una casa y si le importaba trabajar con gente mayor. “Reivindico, con todo lo que tenemos encima, que este trabajo es muy cercano, es muy de piel y reivindico esos momentos en los que escuchamos a nuestros usuarios, nos cuentan, jugamos al cinquillo, les ponemos canciones que les recuerdan a sus tiempos mozos. Eso –zanja– también es el trabajo”.

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