La Audiencia de Palma ha archivado el caso del sacrificio de las cabras de un islote de Ibiza: no es delito matar a los animales, introducidos por el ser humano, para garantizar la biodiversidad de Es Vedrà. La Asociación Basta Ya de Maltrato Animal presentó un recurso contra el archivo en primera instancia y la Audiencia ha rechazado sus argumentos y ha eximido de un delito de prevaricación a la exdirectora general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Caterina Amengual, y al exconsejero de Ibiza de Medio Ambiente, Miquel Vericad, quien no tenía competencias.
En febrero de 2016, la Conselleria de Medi Ambient ordenó la muerte a tiros de las cabras de Es Vedrà. Fuentes del Ejecutivo aseguran que los agentes dejaron cuatro cabras vivas y que actualmente quedan unas 13. En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es y que adelantó el Periódico de Ibiza, la Audiencia de Palma considera que la actuación está justificada por “plurales informes” y por los agentes forestales que certifican que las cabras son “un factor regresivo y degradante para especies vegetales y endémicas protegidas”.
Las magistradas añaden que, aunque “hubiese sido deseable evitar la muerte de animales y conseguir algún otro destino para ellos”, la asociación animalista “tampoco expresa que existiese una alternativa legal viable y adecuada para mantenerlos con vida”. En España, es una práctica habitual matar animales para proteger la flora o la fauna autóctonas: en Mallorca se matan 7.000 o 8.000 cabras cada año, según Joan Carles Parlem, presidente del grupo ecologista GEN-GOB Eivissa.
La asociación aseguró que la decisión de sacrificar no se “ajustó a las leyes” y que Amengual, “a sabiendas de su obligación de proteger el patrimonio etnológico, cultural y humano, dejó de hacerlo para proteger única y exclusivamente la flora”. Añadió que Amengual debería haber optado por “una disminución selectiva mediante la captura tradicional y el auxilio de los científicos para, como mínimo, detectar ejemplares enfermos y ancianos para su eliminación mediante armas de fuego”.
Acusó a Amengual de prevaricación por el incumplimiento del art. 5 de la Ley 1/1992 de Protección Animal. Además, argumentó que se pretendía el exterminio de todas las cabras, vulnerando la obligación de garantizar la supervivencia de la especie. Para la Audiencia de Palma, no queda demostrado el peligro para la especie y “sí hubo un estudio del problema suscitado con las cabras en el islote y se valoraron las soluciones”.
El Ejecutivo no aceptó el rescate
El partido PACMA, así como varias asociaciones animalistas, denunciaron la actuación y pidieron, sin éxito, ofrecer refugio a las cabras supervivientes. La formación política publicó las imágenes de la cacería, en las que pueden verse los cuerpos sin vida de los animales, y reunió 20.000 firmas pidiendo la dimisión de los responsables políticos. Andrés Cardenete, portavoz del partido animalista, dice que el Govern podría haber salvado y reubicado a las cabras, como ya consiguió PACMA con más de 2.000 cabras de Guadarrama (Madrid).
Desde el Govern rechazaron la posibilidad de llevar las cabras a otro lugar por “no poner en riesgo la integridad física de los técnicos” y por el coste económico. “No es posible llevarse las cabras sin poner en riesgo la vida de los trabajadores por las condiciones del terreno; además las cabras pueden despeñarse”, comenta Palerm. Además, si consiguen salir, “tendrían que estar un año en cuarentena en Ibiza en una finca, la cual, si ya tiene animales, no podría comercializar ni leche ni queso”, añade.
Sin embargo, Cardenete considera que no entiende por qué hay más peligro para los trabajadores cuando matan a las cabras que cuando las intentan salvar: “Han dicho que iban a buscar hasta la última cabra, no entiendo qué diferencia hay entre buscarlas para rescatarlas y buscarlas para matarlas”. Por ello, pide “respeto” para los animales y “no priorizar la fauna sobre la vida de las cabras”.
Desde que el islote cuenta con protección medioambiental, los técnicos de biodiversidad han recomendado que se eliminasen las cabras, introducidas por los 'vedraners', el apodo que reciben los dueños del islote. Uno de los que más se ha opuesto a la retirada de las cabras es Ángel Marí, excomisario franquista con gran influencia en las islas Pitiusas, como publicó en su día El Periódico de Ibiza.
Fueron introducidas por el ser humano
Es Vedrà es un islote privado, como otros de Baleares –los más conocidos son Tagomago, S'Espalmador y l'Illa de'n Colom. Pertenece a una decena de familias, aunque esté incluido en la Red Natura 2000 y forme parte de la Reserva Natural de de Es Vedrà, Es Vedranell y los Illots de Ponent. Como afirma Joan Carles Parlem, los propietarios aseguran que introdujeron las cabras hace siglos y que, tras unos 20 ó 30 años en los que se extinguieron del islote, las volvieron a reponer en 1992.
Parlem explica que los propietarios suelen ir entre una y dos veces al año para cazar a los animales: el islote, muy escarpado, tiene una zona sin escapatoria, donde arrinconan a las cabras macho y las matan con un cuchillo para hacer una torrada. Sin embargo, la población de cabras se ha multiplicado: como los propietarios empezaron a llevarles agua, la población inicial de 7 cabras pasó a las 70 que había antes de la matanza.
“Si las cabras eliminan la vegetación, el viento y el agua hacen que la poca tierra que tiene un islote escape. Es muy difícil recuperar la flora”, explica Parlem. El biólogo pertenece al GEN-GOB Eivissa, asociación que estuvo a favor de la retirada de las cabras por su impacto: por ejemplo, ponen en peligro las especies Teucrium cossonii y afectan a pequeños pájaros del islote, como la Sylvia balearica. Los estudios del profesor Juan Rita demuestran el daño que causan en las plantas.
Una responsabilidad difusa
Palerm defiende que los propietarios no podían introducir las cabras en los 90: “No puedes abandonar animales que son tuyos. Hasta aquel día de 1992, eran animales domésticos. Está prohibido dejar las cabras, es como abandonar un perro. Además, los ganados tienen que tener un control veterinario –así lo estipulan la Ley 8/2003 de sanidad animal o el RD 479/2004. Pero las primeras cabras que nacieron allí ya eran salvajes, no domésticas, y la normativa cambia completamente”.
El biólogo recuerda que el Govern pidió en 2015 a los propietarios que quitaran las cabras y que éstos no se hicieron responsables de los animales ni reconocieron que fueran suyos. Entonces, el Govern, como responsable de la gestión del espacio natural, decidió actuar sobre el islote en 2016. “No asumen que las cabras son suyas porque sería delito”, comentan desde el Ejecutivo.
En su auto, la Audiencia de Palma considera que no son animales domésticos, sino que viven en estado de libertad y no están protegidos por el artículo 337 del Código Penal. Asimismo, añade que “desde luego” que podemos lamentar “la muerte de animales”, especialmente cuando “fueron introducidos en el islote por la mano del hombre”. Sin embargo, en el ámbito penal, “lo relevante es si la resolución adoptada (matarlas) es contraria a Derecho”, un hecho que la Audiencia de Palma ha fallado que no lo es.