España “no tiene un problema generalizado” de contaminación del aire. Y los expedientes sancionadores pendientes con Europa por exceso de polución son cuestiones “puntuales” culpa de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Ese ha sido el análisis de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, sobre la reunión convocada por la Comisión para advertir a ocho Estados de que incumplen la normativa sobre calidad del aire. Ella no ha acudido y ha hecho su análisis desde el Congreso de los Diputados.
“Está en manos de sus partidos y confluencias arreglar el problema”, ha espetado Tejerina al diputado de Equo, Juantxo López de Uralde en referencia a los gobiernos locales de Manuela Carmena y Ada Colau. El problema, general o parcial, las competencias y las herramientas para afrontar la contaminación, también incumben al Ejecutivo de Mariano Rajoy cuya ministra titular del ramo es García Tejerina.
Expedientes heredados
La Comisión tiene abierto un proceso a España por superar el nivel de dióxido de nitrógeno en Madrid y Barcelona. Son dos puntos –tres diferentes zonas– dentro del territorio. Pero todos los expedientes europeos referentes al NO, como los que se siguen contra Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, son en puntos concretos: aglomeraciones urbanas con fuerte impacto del tráfico. Los germanos tienen 28 zonas, Francia, 19; Italia, 16; y Reino Unido, 12. “Estamos en mucha mejor posición que muchos de los citados”, se contentaba la ministra.
La media de todas las estaciones medidoras de España no llega al umbral máximo general de 40 microgramos de NO anuales. Las de Madrid y dos de Barcelona, sí. Y empezaron a rebasar el límite nada más entrar en vigor la obligación, en 2010, con, por ejemplo, Ana Botella (PP) como alcaldesa de Madrid. Botella solicitó una prórroga y remitió un plan de choque considerado inválido por la Comisión Europea.
Sin embargo, otro gas nocivo cuya naturaleza hace que se desplace, el ozono troposférico (03) se extiende por grandes áreas y afecta a prácticamente un tercio de la población española. Más de 10 millones de personas soportan niveles excesivos de este oxidante atmosférico. Las concentraciones están más allá de los permisible en un 30% del territorio, 155.000 km, según las mediciones oficiales.
Subvenciones a combustibles y pocos impuestos verdes
A pesar de culpar a las capitales de que España haya tenido que soportar un rapapolvo en Bruselas y aludir a que ellos son los responsables de la calidad del aire, el Gobierno tiene mucho margen de maniobra. Los impuestos, sin ir más lejos. España está a la cola de la Unión Europea en fiscalidad verde. Y ha sido amonestada en especial por mantener “subvenciones nocivas para el medio ambiente”. ¿Cuáles? La Comisión Europea se lo ha marcado desde hace un año: los combustibles fósiles, el carbón nacional, los automóviles de empresa y los motores diésel, entre otras cosas. Todas relacionadas, precisamente, con la contaminación y la calidad del aire.
Solo para los coches gas-oil, “el diferencial diésel-gasolina no está justificado desde una perspectiva medioambiental”, ha explicado la Comisión. Hasta un 26% de diferencia para una tecnología que se ha demostrado como gran emisora de NO2 y micropartículas.
La fiscalidad verde es toda aquella que grava actividades dañinas para el medio. En España ronda el 1,8% del PIB, cuando la media de la Unión supera el 2,44%. El proyecto de Plan Nacional de Calidad del Aire prevé “la creación de un grupo de trabajo (...) enfocado a valorar las diferentes posibilidades que existen en relación a la fiscalidad ambiental”. La elaboración de una propuesta está agendada para 2019.
Movilidad
Los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente sí han considerado que el Gobierno puede hacer algo para afrontar la contaminación atmosférica desde el punto de vista de la movilidad. El plan estatal incluye, por ejemplo, mejorar el acceso a las grandes ciudades por las carreteras nacionales mediante el transporte público. Contemplan la creación “si fuese necesario” de carriles reservados. Eso sí, en el plan no hay un presupuesto para acometer obras.
Por otro lado, llama la atención que aparezca un apartado estratégico y específico para la bicicleta, bajo la premisa de “promover el uso habitual de la bicicleta como una alternativa de movilidad dentro de una política de transporte saludable y sostenible”, cuando el propio Ejecutivo ha excluido a las dos ruedas del plan de movilidad alternativa, que sí tiene fondos para ayudar a la adquisición de coches o motos ecológicos. Ni siquiera la bici eléctrica ha encontrado acomodo en esos fondos.
Cercanías deterioradas y ayuda para cambiar de camión
El tren es una competencia del Ministerio de Fomento. Sobre todo las Cercanías. De hecho, se admite que “posibilitar mejoras de frecuencias y aumentos de regularidad” es un camino para mejorar la calidad del aire. También anuncian que estudiarán “aumentar la capacidad”, es decir, duplicar y prolongar vías y líneas ya existentes. Contrasta con el deterioro del servicio que ha llevado a que 10 millones de pasajeros al año padezcan incidencias en este servicio.
Para lo que sí existen fondos cuantificados es para facilitar la renovación de la flota de vehículos pesados de pymes y empresas de hasta 3.000 empleados. Una línea de crédito de 1.300 millones de euros (el 50% lo aporta el Banco Europeo de Inversiones) para cambiar los camiones o grandes furgones utilizados en su actividad empresarial tanto en el transporte de viajeros como de mercancías.
El caso del amoniaco
Con todo, existe un gas contaminante que supera los límites permitidos por la normativa y no es fácilmente achacable a los grandes ayuntamientos, como ha hecho este martes Isabel García Tejerina. España ha rebasado los topes de emisión de amoniaco año tras año. A pesar de obtener una revisión oficial de los umbrales (a la baja), en 2014 y 2015 ha vuelto a salirse de los límites. El 95% de estas emisiones proviene de la actividad agrícola y ganadera. En especial la cría en explotaciones intensivas de aves y cerdos. De hecho, Medio Ambiente ha registrado una subida del amoniaco por “un incremento de la cabaña ganadera y del uso de fertilizantes inorgánicos”.
Los planes del Gobierno son que en 2018 se redacte de un programa de reducción, “previa consulta a los interesados”. Tener un texto legislativo en 2019 y aplicarlo en 2020.