Las diferencias en el seno del Gobierno en lo que respecta a la Ley Trans vuelven a engrosar esta semana un nuevo capítulo. El Ministerio de Igualdad ha vuelto a intentar llevarla –junto a la Ley LGTBI– al Consejo de Ministros del próximo 9 de marzo, pero desde la Vicepresidencia Primera consideran que “aún no está preparada”. Fuentes del departamento de Irene Montero, que se comprometió a aprobar los anteproyectos durante la primera quincena de febrero, han vuelto a acusar al PSOE de “bloquear de nuevo” la tramitación de ambos textos, como ya ocurriera hace un par de semanas. La vicepresidencia sigue pensando que la Ley Trans no tiene “la seguridad jurídica necesaria”, porque falta “por terminar de ajustar” algunas cuestiones, fundamentalmente relativas a los menores y a la autodeterminación de género, que es el principal foco de conflicto.
Fuentes de Igualdad afirman que el ministerio “no ha recibido ninguna propuesta de cambio” en lo que respecta a la autodeterminación de género de las personas trans “ni aportaciones u observaciones” que “justifiquen el bloqueo de la tramitación”, por lo que ha vuelto a pedir que los anteproyectos se incluyan en el orden del día de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios (CGSEYS), que es el paso previo para que los asuntos sean elevados a su aprobación en el Consejo de Ministros. Esta comisión suele reunirse los jueves y en ella se debaten y preparan los temas que irán a la reunión del Gabinete. Sin embargo, fuentes de la parte socialista del Gobierno aseguran que el pasado jueves trasladaron al Ministerio de Igualdad que no se incluiría en el orden del día del 'consejillo' al considerar que faltan cuestiones por pulir.
La negociación de las normas, que han generado una enorme brecha en el Ejecutivo, se ha enquistado y no ha habido avances desde al menos hace 15 días, cuando el ministerio solicitó por primera vez la inclusión de los borradores en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios. Ya entonces desde Igualdad mostraron su “sorpresa mayúscula” por el frenazo, y en Moncloa apuntaron a que los textos debían contar “con calidad normativa y seguridad jurídica” y tramitarse “teniendo en cuenta las aportaciones de los ministerios concernidos”. El departamento dirigido por Irene Montero defiende que los borradores están en manos del resto de ministerios desde el pasado 4 de febrero. Algo más de una semana antes, el 25 de enero, Montero y Calvo se reunieron por primera vez para trabajar los textos. Fue entonces cuando la primera sostuvo que la norma estaría aprobada en la primera quincena de febrero mientras que desde la vicepresidencia aseguraron entonces que la intención era llevarlo a cabo “cuanto antes”, pero evitaron poner una fecha concreta.
“No podemos mandar el mensaje a las personas LGTBI de que sus derechos están bloqueados y pueden esperar”, explican fuentes del Ministerio de Igualdad, que recuerdan que el paso de los temas por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios es “imprescindible” para que “los textos sean discutidos y aprobados en el Consejo de Ministros, y para que comience el trámite de audiencia pública en el que participa la sociedad civil, las Comunidades Autónomas y en el que también continúan participando los ministerios del Gobierno”.
El meollo del conflicto está específicamente en la autodeterminación de género de las personas trans. La propuesta de Igualdad es prácticamente calcada a la ponencia que apoyaron todos los grupos en el Congreso en 2019 y que el propio PSOE había presentado dos años antes y estipula que el cambio de sexo legal se base únicamente en la “declaración expresa” y sin requisitos médicos como los exigidos actualmente. Sin embargo, los socialistas consideran que es necesaria alguna certificación más allá de la “mera voluntad o deseo” de la persona. El departamento de Calvo está analizando las normas que hay en otros países, como la de Portugal, que establece que la modificación registral puede hacerse solo en una ocasión y solo puede ser objeto de nueva solicitud “previa autorización judicial”, además de que obliga a que la persona modifique el DNI en un plazo de 30 días desde el cambio, o la danesa, que establece un periodo de “reflexión” de seis meses.
Sin embargo, el asunto no solo levanta polémica en el seno del Gobierno, sino que es objeto de un profundo y virulento debate en el movimiento feminista. Un sector considera que estas leyes tienen “nocivas consecuencias” para los derechos de las mujeres, según afirma la Alianza contra el Borrado de las Mujeres en una carta enviada a Carmen Calvo hace dos semanas, a la que piden que apueste por mantener los informes médicos y psicológicos como filtro. Un tipo de requisitos que los colectivos trans y consideran patologizantes y un paradigma que varios organismos internacionales reclaman superar. Precisamente el pasado sábado cientos de personas convocadas por colectivos de personas trans se concentraron frente al Ministerio de Igualdad para pedir “¡autodeterminación de género ya!” y reclamar el fin de los diagnósticos piscológicos a los que sigue obligándoles la ley.