A los cazadores españoles les ha salido el tiro por la culata. Pusieron todo para la manifestación antigobierno del pasado 20M, desde la convocatoria hasta el dinero, pero pocos les han hecho caso, según ellos mismos reconocen: la Federación de Caza se ha quejado de que se hablara de “reivindicaciones de agricultores y ganaderos cuando el 90% de los manifestantes”, dicen, eran cazadores.
Solo un día después de la marcha, la Federación intentaba así justificar porqué sus exigencias habían pasado desapercibidas entre tractores y ganadería: “Denunciamos el silencio cómplice de los principales medios de comunicación”, afirmaba el organismo en un comunicado. Ese mismo día se había pedido la dimisión del presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, desde el propio sector cinegético por el “fiasco”.
Lo cierto es que los cazadores habían echado el resto: convocar la manifestación, convencer a las organizaciones agroganaderas para ir con ellos y engordar la marcha, poner mucho dinero para trasladar gente a Madrid. A pesar de ello, sus reivindicaciones “no han tenido visibilidad”, admiten. Aunque culpan de todo ello al “animalismo, que –dicen– se ha colado en los medios de comunicación”.
La fecha del 20 de marzo de 2022 estaba puesta y elegida por el sector cinegético desde hace muchos meses. La dio a conocer la Oficina Nacional de Caza en noviembre de 2021 al tiempo que le ponía esta etiqueta: La España vacilada.
Crearon incluso una web donde escribieron un manifiesto. La web ahora está inactiva, pero podía leerse: “Hemos decidido luchar en la calle por la libertad frente a las restricciones y prohibiciones impuestas por el Gobierno”. También crearon un documento que decía: “Exigimos” adherido a una lista de puntos entre los que estaba permitir prácticas prohibidas por ley desde hace años incluso a nivel europeo.
Ya en ese momento, la convocatoria planeaba identificar la caza con las problemáticas del sector agrícola y escribieron que eran “los verdaderos encargados de la conservación de la naturaleza: cazadores, agricultores, ganaderos y pescadores”. Así que buscaron marchar de la mano de grandes organizaciones agrarias como la patronal Asaja, COAG y UPA. Lo consiguieron y el 12 de enero, dos meses después de haber convocado la manifestación, la Real Federación Española de Caza hizo un acto conjunto con estas organizaciones para presentar la movilización del 20M.
Cientos de miles de euros para traslados
Mientras tanto, la federaciones autonómicas de caza iban preparando el camino. La Federación Balear organizaba “salidas desde Mallorca” tan pronto como el 3 de diciembre de 2021. La Federación Extremeña tenía preparados en enero de 2022 autobuses y 60.000 euros para subvencionar la mitad de los gastos del viaje de las sociedades locales. En febrero, la Federación de la Comunitat Valenciana decidió asumir todos los gastos de fletar autobuses a Madrid.
La Federación de Castilla y León informaba unas semanas antes de la manifestación que “muchas federaciones están pagando, íntegra o parcialmente, los autobuses a los cazadores”. Y añadía que las sociedades cinegéticas interesadas podían contactar para pedir las ayudas. El culmen llegó con la decisión de la Federación Andaluza, que aprobó en una asamblea urgente el 7 de marzo gastarse 390.000 euros para desplazar a sus federados. “Financiar el 100% de 320 buses”.
Así que las organizaciones cinegéticas se atribuyen el éxito de público del 20M y afirman que el 90% de las 400.000 personas que se manifestaron eran cazadores. Y el mensaje que portaban era que “los continuos ataques del Gobierno de España a la actividad cinegética (…) han hecho estallar un movimiento ciudadano llamado la España Vacilada”.
Contrasta este análisis con la reciente (y polémica) Estrategia Nacional de Caza elaborada por el Ministerio de Agricultura, desvelada por elDiario.es, que señala expresamente que se tiene que “dar a conocer las características culturales y naturales de la caza, la necesidad de la existencia del cazador y difundir la imagen de persona que tiene un elevado conocimiento del medio”. También incluye que, sin cacerías, “habría que incrementar la fiscalidad” para controlar especies. Llega a calificar la caza como “herramienta” contra la despoblación.
“Deberían estar satisfechos”
De hecho, este documento a quienes ha movilizado en contra es a los grupos ambientalistas. El portavoz de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Hernández, cree que “en el escenario actual, los cazadores deberían estar satisfechos porque, desde hace tiempo, las Administraciones han tomado partido por ellos: cazan casi todo el año con una modalidad u otra, tienen facilidades para usar el dominio público y las normativas de protección se encuentran con la oposición cinegética”.
Ecologistas ha recurrido la Estrategia que considera un “lavado de cara para la caza que valida un modelo sin analizar su impacto negativo y subrayando lo positivo”, abunda Hernández quien añade que, al mismo tiempo, “creemos que la sociedad va por otro lado y cada vez se repara más en que la caza no deja de ser una diversión a base de matar animales”.
Aún así, durante la manifestación del pasado domingo podían verse pancartas en las que se leía “Putin invade Ucrania y los ecologistas el Gobierno de España”. El presidente de la Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, aclaraba algo la situación contradictoria al afirmar que “la caza ha llegado a la política y no habrá un solo voto para los partidos que no defiendan la caza”.
A pesar de estas afirmaciones, el sector cinegético ha admitido que sus mensajes no tuvieron protagonismo. La decepción ha hecho que el expresidente de los cazadores de Aragón, Fernando Tello, publicara una carta abierta contra Gallardo: “Gracias a la torpeza e irresponsabilidad del presidente (…) nos han robado el protagonismo que nos correspondía a los cazadores. Espero que, si tiene algo de decencia, dimita”, escribía. Y para dejar menos espacio a las dudas sobre, al menos, parte de la motivación del 20M cazador remataba: “No podrán quitarnos la capacidad de castigar con nuestro voto a los políticos que se posicionan como enemigos de nuestra actividad”.
La Estrategia Nacional del Gobierno fue finalmente aprobada el 7 de marzo y, entonces, el ministro Luis Planas detalló como postura del Ejecutivo que “la actividad cinegética tiene un fuerte arraigo en el territorio y juega un papel importante en la conservación de la naturaleza o en la diversificación económica”.