Las cartas de apoyo de políticos que Martín Villa ha presentado a la jueza

El exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa ha remitido cartas de apoyo de diferentes personalidades políticas y económicas a la jueza argentina Servini, ante la que declarará este jueves vía online desde la embajada argentina de Madrid por “delitos de homicidio agravado” en un contexto de crímenes de lesa humanidad por sucesos como los de los Sanfermines de 1978 (un muerto, 150 heridos) o la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976 (5 muertos, más de 100 heridos), entre otros.

Se trata de misivas de apoyo de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, de los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, de dos “padres de la Constitución” –Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca–, del exministro y presidente de la Fundación España Constitucional Eduardo Serra, del exministro y presidente de la Fundación Transición Española Rafael Arias-Salgado, del senador Jaime Ignacio del Burgo, del exministro Marcelino Oreja y del exministro portugués Jaime Gama. También destacan las misivas del exministro y hoy vicepresidente de la Comisión Europea como Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell.

Las de Zapatero, González, Cándido Méndez y Nicolás Redondo, a las que ha tenido acceso elDiario.es, se reproducen a continuación:

José Luis Rodríguez Zapatero: “Claridad de convicciones y propósitos”

En la causa seguida contra el Sr. Don. Rodolfo Martín Villa, deseo, en mi condición de exPresidente del Gobierno de España y tras una ya larga trayectoria política, prestar el siguiente testimonio en su favor, manifestando mi pleno respeto por la Justicia argentina:

La llamada Transición a la democracia fue un proceso político ciertamente singular que hizo posible que los españoles hayamos disfrutado, por vez primera vez en nuestra historia, de los beneficios de lo que nuestra Constitución califica como un Estado social y democrático de derecho, homologable al de los demás países de nuestro entorno europeo.

La singularidad de este proceso radica en el hecho de que fuera producto de un gran pacto entre algunos sectores políticos que procedían del anterior régimen autoritario, la dictadura franquista, y las fuerzas de la oposición democrática, y de que obtuviera el resultado esperado, esto es, alcanzar, de un modo pacífico, esa democracia europea sin cortapisas.

Para entender su significado, hay que tener en cuenta la clara conciencia que tenían entonces unos y otros actores políticos, y más allá de ellos el conjunto del pueblo español, de la necesidad de superar una historia jalonada por episodios de violencia, de represión o de enfrentamiento sangriento, hasta concluir en la terrible Guerra Civil que dio paso al régimen franquista.

Cada país ha escogido su propia forma de acabar con episodios dictatoriales o autoritarios y dar paso a la democracia. Así lo hizo la sociedad española hace ya más de 40 años, con un proceso que comenzó con la reforma del franquismo y a los pocos meses produjo una ruptura irreversible con él.

Porque debe destacarse que el pueblo español ratificó con un nítido y reiterado apoyo el pacto de la Transición. Lo hizo, primero, con ocasión del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, en diciembre de 1976; lo hizo, unos meses más tarde, en junio de 1977, ya en una situación legal de plena disputabilidad democrática, apoyando de modo abrumador a los partidos que, desde una y otra orilla, secundaban en aquel momento el denominado ‘consenso’ sobre la vía para alcanzar la democracia; y lo hizo, finalmente, con ocasión del referéndum para aprobar la vigente Constitución de 1978, en el mes de diciembre de aquel año.

Lo hicieron también los grandes partidos de la izquierda política, el PSOE -en el que yo ya militaba desde 1978- y el Partido Comunista de España, que concurrieron libremente a las elecciones de junio de 1977 y que participaron inmediatamente después, de un modo muy destacado, en la elaboración de la Constitución.

Deseo recordar, asimismo, que fruto de ese mismo consenso fue la aprobación en octubre de 1977 de la Ley de amnistía, por una amplísima mayoría de las Cortes democráticas, con el fin de declarar la extinción de las responsabilidades penales derivadas de actividades políticas. Quien haga memoria no puede sino reconocer que aquella Ley fue un elemento central del Pacto de la Transición.

Debo destacar, igualmente, y por lo que aquí interesa, que a partir de mi propia memoria de la Transición vi desde un principio en la figura del Sr. Martín Villa a uno de los jóvenes políticos que, aunque habían pertenecido a alguno de los últimos gobiernos del franquismo, como el propio Adolfo Suárez, con más convicción y eficacia contribuyeron, y lo tuvieron que hacer en un contexto político nada fácil, a afianzar el nacimiento de la democracia en mi país. No tengo duda de que esa y no otra es precisamente la huella que él deja en la historia reciente de España.

Personalmente, además, he tenido un conocimiento muy cercano de su ejecutoria, favorecido por nuestro común origen territorial de nacimiento en España, y debo decir que siempre le he tenido por persona comprometida con la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. En mi larga etapa como parlamentario y luego como Presidente del Gobierno, nunca recibí ningún testimonio que no fuera en la misma dirección.

Quiero, por último, incorporar a este testimonio una iniciativa adoptada por el Gobierno que tuve el honor de presidir relacionada con el significado de la Transición. Me refiero a la aprobación de la llamada Ley de memoria histórica. En efecto, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura -esta es su denominación oficial-, fue impulsada por mi Gobierno con la finalidad de articular un conjunto de medidas reparadoras de diversa índole en favor de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Aunque algunas de estas medidas ya se habían venido aprobando desde la Transición, quedaban pendientes otras que me parecía de estricta justicia incorporar la ordenamiento jurídico, como el derecho a conocer, y en su caso rescatar, los cuerpos de los familiares violentados o la solemne declaración de ilegitimidad de las condenas sufridas por ellos, entre otras.

Pues bien, me parece pertinente invocar que esta Ley, aprobada casi tres décadas después de que entrara en vigor la Constitución de 1978, engarza con el espíritu de la Transición, como expresamente se pone de manifiesto en su Exposición de motivos.

Ese “espíritu de reconciliación y concordia” -se dice en ella- “da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el período democrático, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió”, pretendiéndose con la nueva Ley “contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura... desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la Transición, no son sólo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino también la Democracia española en su conjunto”.

En definitiva, España llegó a la democracia a través de un gran pacto que solo se entiende a la vista de nuestra accidentada y muchas veces violenta historia política precedente, un pacto que el pueblo español ratificó y legitimó, y que protagonizaron, junto a la participación creciente de los líderes de la izquierda política en aquél proceso, jóvenes dirigentes que habían comenzado su andadura política en la etapa final del franquismo, pero cuyas acciones ya directamente atribuibles a su propia iniciativa política consistieron precisamente en contribuir de forma decisiva a esa ansiada llegada de la democracia a su país.

El Sr. Martín Villa fue entre ellos uno de los más destacados. De la claridad de sus convicciones y propósitos da cuenta el registro histórico de sus decisiones como miembro integrante de los Gobiernos que la facilitaron. Y también, si se me permite, el conocimiento personal directo de quienes, en este caso desde las diferencias ideológicas, hemos tenido de su trayectoria.

En Madrid, a 1 de julio de 2020

Fdo: José Luis Rodríguez Zapatero

Felipe González: “Comprometido con el respeto al Estado de Derecho”

A la atención de la jueza Servini. 

Julio 2020 

He conocido con asombro e incredulidad el procedimiento incoado por su señoría contra Rodolfo Martín Villa. 

Con todo respeto a la Justicia Argentina, coincido plenamente con las resoluciones de la Audiencia Nacional de España denegando las peticiones que se le hicieron de su parte. 

En realidad este procedimiento debería haber sido archivado y, si acaso, se deberían depurar responsabilidades de los que, a mi juicio, de mala fe lo instaron sobre bases falsas y sin sentido. 

Salvo por la decisión del Sr. Martín Villa de comparecer ante su señoría, todo este asunto habría acabado hace tiempo. No comparto esa decisión pero la respeto, porque sé que desea aclarar su actuación buscando una verdad que sus detractores no persiguen. Aunque el derecho, sobre todo en el ámbito penal, debería garantizarnos como ciudadanos que uno no debe probar su inocencia, como si estuviéramos en la Edad Media. Pero en el caso de Rodolfo Martín Villa su deseo es preservar su honorabilidad.

Por mi parte, debo aclararle que antes de llegar a la presidencia del Gobierno de España,  participe de manera activa, como líder de la oposición, en todo el proceso de pactos que nos  llevaron a la Constitución y al desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, como establecía la Carta Magna, que ha sido ampliamente reconocido en el mundo. 

En esa tarea, Rodolfo Martín Villa fue Ministro del Gobierno del Presidente Adolfo Suárez, que dirigió e impulsó la transición española. Y no en un ministerio menor o fácil en aquellos momentos de acoso terrorista de ETA, Grapo, grupos de extrema derecha y movimientos militares contrarios a la transición democrática. 

Como he vivido en primera persona esos momentos de la historia de España y he trabajado con el Presidente Suárez y sus ministros, puedo asegurarle que el comportamiento de Martín Villa al frente del Ministerio de Gobernación -el más complicado del momento- fue impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de Derecho, su preservación y su desarrollo. Así lo han reconocido en aquellos difíciles momentos, los partidos políticos que veníamos de la lucha contra la dictadura franquista, incluidos el Partido Comunista dirigido por Santiago Carrillo y el Partido Socialista del que yo era el máximo responsable. 

Por todo esto, señora Jueza, puedo testimoniar mediante esta declaración, la entrega de Rodolfo Martín Villa a la recuperación de las libertades democráticas de los españoles y su intenso quehacer en defensa del estado de derecho, como ministro del gobierno de Adolfo Suárez. Esta tarea culminó con la Constitución más respaldada de la historia de España y, en el caso de Martín Villa, con las reformas en las Fuerzas de Seguridad del Estado que él dirigía. 

Con todo respeto le ruego que lo tenga en consideración y, si lo tiene a bien, depure las responsables que correspondan de los responsables de estas denuncias temerarias y la campaña de acoso contra Rodolfo Martín Villa. 

Felipe González 

Presidente del Gobierno de España desde diciembre de 1982 a mayo de 1996. 

Cándido Méndez: “Fueron años agitados”

Excma. Sra. Dª María Romilda Servini de Cubría 

Magistrado -Juez 

Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal NQ1 

Buenos Aires, Argentina

 

Cualquier análisis de la Transición Española tiene que partir de una realidad que, en aquellos años 76 y 77, comentábamos en las reuniones, todavía ilegales, usando la frase “Franco murió en la cama”, que reconocía la evidencia de que el régimen no había sido derrocado y que esperaba una ardua labor para alcanzar las libertades democráticas. 

Las organizaciones sindicales de clase y los partidos democráticos, junto a los movimientos populares generaron las condiciones para que se produjera una salida, hacia una sociedad plenamente democrática, pero eso no impide reconocer la importancia que los denominados “jóvenes reformistas” del régimen franquista tuvieron para, desde las entrañas del propio régimen propiciar los cambios nucleares para que la reforma de las instituciones franquistas mutaran en una ruptura plenamente democrática con el régimen anterior, y las Cortes Generales Constituyentes elegidas por sufragio universal en Junio de 1977, alumbraran la Constitución Española de 1978, que recoge lo mejor, en términos sociales y políticos, del constitucionalismo democrático europeo, y que asentaba las bases para la solución, o el encauzamiento, de las cuatro grandes cuestiones que han aquejado a España, la Cuestión militar, la Cuestión social, la Cuestión territorial y la cuestión religiosa. 

Para mí es evidente que se produjo, para que la Constitución del 78 fuera una realidad, una conjunción intergeneracional en sus resultados, que no en sus dinámicas internas, de las que fueron protagonistas los que vivieron la guerra civil en el ámbito de los partidos republicanos, de izquierdas, y sindicatos obreros, represaliados y que sufrieron la inhumanidad de la Dictadura, con la muerte, el exilio, el encarcelamiento y la represión de sus familias, las generaciones jóvenes que no habíamos vivido la guerra civil, pero que militábamos en la clandestinidad en los partidos y sindicatos de izquierdas, y desde el interior del régimen los denominados jóvenes reformistas dirigidos por Adolfo Suarez, ya fallecido y entre los que se encontraba Don Rodolfo Martin Villa, que encabezó distintos gobiernos desde el 1976, y que a partir de las elecciones generales del 15 de Junio de 1977, dichos gobiernos fueron plenamente democráticos. 

Es evidente de que, en el interior del régimen agonizante había grupos, compuestos por militares y miembros de los cuerpos de seguridad, junto a una trama civil que se empeñaban en abortar cualquier transformación hacia una sociedad libre y democrática, que incluso· provocaron el intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981, por el que secuestraron al gobierno democrático, encabezado por Don Adolfo Suarez (que entregaba en esas fechas el testigo a Don Leopoldo Calvo Sotelo ya fallecido) y a los diputados a Cortes Generales, asaltando el Congreso de los Diputados, intentona frustrada, en pocas horas, por la intervención del Rey. Estos grupos en su hostilidad violenta a cualquier cambio incluían, a mi juicio y como demostró el 23 de febrero, a personas como Don Adolfo Suarez o Don Rodolfo Martin Villa. 

Los años 76 y 77, fueron particularmente agitados, produciéndose fuertes movilizaciones, que incorporaban un núcleo de demandas económicas y sociales, como consecuencia de las dificultades de la sociedad española, con una infraestructura atrasada y fuertemente golpeada por la primera crisis del petróleo de 1973, lo que provocó despidos y cierres de empresas que generaron una fuerte conflictividad laboral, a la que se unía la irrefrenable aspiración de alcanzar las libertades y democracia plenas, puente que nos uniría, y así fue, a los países europeos, que gran parte de las familias trabajadoras ya conocían, por ser protagonistas obligadas de la emigración, permanente o temporera, o por el fenómeno del turismo europeo de sol y playa, que ya era una realidad en España. 

Esa alta conflictividad, pero sobre todo la incapacidad de las fuerzas de seguridad del Estado de gestionar, en términos democráticos el conflicto social tuvo consecuencias trágicas, como los terribles sucesos de Marzo de 1976 en Vitoria, año en el que hubo en España más de 18000 huelgas, hecho injustificable, se mire desde el ángulo que se mire y que exige de una total reparación, en relación con los responsables materiales o políticos. Sin embargo, esa reparación no puede extraerse imputando del delito de genocidio, o crímenes contra la humanidad, a responsables políticos que, en aquellas fechas, y en otras posteriores, estaban esforzándose, precisamente, para generar las condiciones de asentar cuanto antes una sociedad pacífica, libre y democrática, con respeto a los cauces democráticos de la libertad de expresión. 

Deseo aportar este testimonio para contribuir, en la medida de mis posibilidades, al esclarecimiento de la actuación política de Don Rodolfo Martin Villa en la Transición española, y en relación con los cargos a los que tiene que hacer frente en el proceso abierto por los tribunales de Argentina. 

Firmado.

Cándido Méndez Rodriguez, jubilado desde marzo de 2016, y con 68 años. 

Afiliado a la Unión General de Trabajadores de España, y al Partido Socialista Obrero Español desde 1970. 

Diputado a Cortes Generales entre 1980 y 1986, por la circunscripción de Jaén. 

Secretario General de la Unión General de Trabajadores de España entre 1994 y 2016. 

Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos entre 2003 y 2007. 

Nicolás Redondo Urbieta: “Contra el olvido y la banalización de los delitos”

A la excma. sra doña María Romilda Servini de Cubria.

Magistrada del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal nº 1 Buenos Aires- Argentina 

Alegato a favor de D. Rodolfo Martín Villa 

Siendo uno de los muchos protagonistas de La Transición española y habiendo sido mi familia y yo duramente reprimida por el franquismo, debido a nuestra lucha por la libertad en España, debo y quiero prestar mi testimonio a favor de D. Rodolfo Martín- Villa. 

Empezaré por una reflexión de carácter general, para concluir con cuestiones concretas que muestran la determinación con la que trabajaron D. Rodolfo y muchos compañeros suyos por conseguir la libertad en España sin revoluciones, sin hacer tabla rasa de nuestra historia, sino, al contrario, buscando la reconciliación entre españoles y el denominador más amplio posible para todos los cambios que dejaban en el pasado la dictadura y abrían nuestra vida cotidiana a la esperada democracia. 

La primera mitad del siglo XX fue un tormentoso periodos de guerras de dimensión desconocida, que tienen el terrible honor de ser conocidas como “Guerras Mundiales”. Es cierto que ambas guerras se desarrollaron fácticamente en todo el mundo; pero es también cierto que de una u otra forma participaron un número suficiente de países como para considerarlas globales. A esta circunstancias se suma otra realidad para que las dos guerras sigan ostentando tan triste connotación. Efectivamente, creo que son mundiales también por la inmoralidad desconocida, por los rasgos de inhumanidad que descubrimos en ambas contiendas y muy especialmente en la 11 Guerra. Esta inmoralidad nos permitió contemplar lo que nunca creímos posible, la expresión trágica de unos comportamientos criminales, que hasta entonces no entraban en nuestros marcos mentales y que no podemos más que calificar de inhumanos, fuera de los límites conocidos del ser humano. Pudieron observar los atónitos ojos de nuestra historia a personas como nosotros cometiendo crímenes tan execrables que no podían ser recogido en la amplísima colección de delitos cometidos por la humanidad desde que había puesto su pie y su razón sobre este planeta. La industria, su organización, su jerarquía, su eficacia, todas estas virtudes, que habían sido base del progreso humano, puestas al servicio del exterminio de unos pueblos considerados menos que humanos y muy especialmente dirigidas a conseguir la desaparición del pueblo judío. En esas circunstancias, obedeciendo a esa inaudita gravedad aparecieron nuevos tipos de delitos: el de genocidio y el de crímenes contra la humanidad. Porque los occidentales que hemos sido capaces de las mayores atrocidades también hemos sido capaces de expiarlas, castigarlas y superarlas; nos hemos beneficiado durante la historia de la esclavitud, pero también conseguimos abolirla, impulsamos terribles guerras por motivos religiosos, pero con el tiempo triunfó la laicidad en el espacio público, la intransigencia y la intolerancia fueron moneda común en nuestro pasado, pero fuimos capaces igualmente de conquistar un mundo tolerante, plural y en el que todos fuéramos iguales y libres ante y por la ley ... colonizamos países, pero también salieron de las propias entrañas europeas las ideas de emancipación y descolonización de los pueblos oprimidos, porque siendo capaces de lo peor, también hemos sido capaces de lo mejor. 

En realidad, sí pudiéramos trasladar el exacto lenguaje jurídico a uno con menos límites, podríamos decir que tanto el genocidio como los crímenes contra la humanidad recogen  “excepcionales actos inhumanos del ser humano”. 

La humanidad no debe olvidar aquellos crímenes, que con dimensiones distintas y características diferentes, se han vuelto a cometer en distintos puntos de nuestro planeta. Debemos mantener una dura lucha contra el olvido. Pero debemos tener en cuenta que una forma de olvido, además muy perversa porque se hace sin cargo de conciencia, es la banalización, con más o menos buena voluntad, de estos tipos penales, que deben considerarse tan extremos y excepcionales como las conductas que describen. Nuestra lucha debe ser contra el olvido y contra la banalidad que provoca la generalización desordenada de la aplicación de estos tipos penales, porque resta trascendencia a lo que sucedió y sigue sucediendo hoy en día. 

Después de la II Guerra Mundial hemos asistido lamentablemente a demasiadas experiencias de inhumanidad por motivos políticos, religiosos, ideológicos o identitarios. Le aseguro que la Transición española representa el ejemplo contrario, el más opuesto. Después de una guerra civil y cuarenta años de dictadura, el esfuerzo principal consistió en crear un marco político en él que ideologías, religiones, identidades culturales diferentes pudieran convivir libre y pacíficamente. Ese empeño tuvo actores principales como la sociedad española y los líderes políticos, sindicales y empresariales, a los que todavía recordamos con agradecimiento, pero su esfuerzo necesitaba del apoyo y de la colaboración de otros de una importancia singular. Entre estos sobresale con luz propia el nombre de Rodolfo Martín Villa. 

No se puede considerar una democracia asentada sin el reconocimiento de la realidad sindical. Los protagonistas de la legalización de los sindicatos, que se hizo firme con anterioridad a la aprobación de la Constitución del 78, fueron los trabajadores representados por UGT y CCOO principalmente; pero también fue necesario el convencimiento de los sucesivos gobiernos de Adolfo Suárez de que una democracia era incompleta sin unos sindicatos libres. Entre los ministros de aquellos gobiernos de Suarez sobresalió Martín Villa, encargado en aquel tiempo de la cartera de “relaciones sindicales”, La Transición española fue un proceso de conquista de parcelas de libertad, porque los protagonistas de aquel periodo, excepcional en nuestra “ poco canonica” historia, como le gustaba decir a Américo Castro, acogido fraternalmente por el pueblo argentino, lucharon con todas sus fuerzas por evitar un proceso político en el que medía España sustituyera a la otra media. 

Quisieron sustituir las trincheras por una concordia suficiente para asentar una democracia comparable a las de nuestro entorno, consiguieron sustituir el revanchismo por una política de reconciliación. Pretendieron, entre ellos personas como Martín Villa, hacer de las dos a Españas una amplia, acogedora y respetuosa con los diferentes modos de sentir, de pensar, de ver la vida y el mundo. En el trayecto hubo errores y excesos, pero fueron juzgados, como reconoció en su momento Santiago Carrillo, con rapidez y ejemplaridad. No es posible analizar aquel periodo y las responsabilidades individuales sin tener en cuenta la tensión existente en aquellos azarosos tiempos. Sectores del ejército fueron reticentes durante mucho tiempo al proceso democrático, no comprendían los nuevos tiempos y, como suele suceder, los que no comprenden se ponen aunque no tengan razones. La oposición culminó con el intento de golpe de estado de Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981, por aquel entonces Martín Villa era ministro de administraciones territoriales. En sentido contrario, pero con una gran fuerza perturbadora, la acción criminal de ETA marco en aquel tiempo con negro luto muchos de los días de aquellos esperanzadores y también terribles años, llenos de ilusión y de incertidumbre. Los que combatimos la dictadura franquista encontramos compañeros de aventura en personas como Rodolfo Martín Villa. Fue un tiempo compartido que hemos dejado en herencia a los españoles sin necesidad de ningún testamento y lo hicimos unidos en las diferencias, con objetivos compartidos. De aquella aventura política nació la España del 78 y agradecimientos y amistades que perdurarán hasta el final de nuestras vidas.

En Madrid a 23 de julio de 2020  

Fdo. Don Nicolás Redondo Urbieta