El caso del sacerdote Julio Grassi sacudió a la sociedad argentina hace 20 años. En ese momento, el abogado Juan Pablo Gallego tenía poco más de 30 años cuando se implicó en la defensa de dos menores que acusaban al cura de abuso sexual. “Grassi era una de las tres o cuatro personas más importantes, más influyentes y más populares de la República Argentina, no solo de la Iglesia, sino del país. Si había una cena con diez invitados organizada por un presidente de la Nación, da igual del signo que fuese, Grassi era parte de ese meeting”, apunta Gallego dos décadas después de que el caso estallase gracias a una investigación periodística en 2002.
Tras un juicio mediático paralelo, un procedimiento judicial en el que Grassi contaba con los “30 despachos más importantes de la Argentina” y una tortuosa investigación durante la que alguno de los testigos llegó a ser disparado y uno de los denunciantes fue secuestrado y amenazado, según explica Gallego, la justicia condenó en 2009 al sacerdote a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores.
La instrucción del caso y la condena coincidieron con el ascenso de Jorge Bergoglio en la jerarquía eclesiástica argentina. Aún así, y con el conocimiento que el Papa tiene del caso, a día de hoy “Grassi sigue siendo cura y no ha sido sancionado”, explica el letrado que defendió a los menores.
Bergoglio, en la jerarquía eclesiástica argentina
Todos estos factores, junto a la experiencia que Gallego tiene en investigar casos de pederastia en la Iglesia, han contribuido a que el despacho de Javier Cremades, el que lidera la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal, cuente con el abogado argentino para el encargo realizado por los obispos. El bufete lleva desde febrero trabajando en esta misión y tiene un año para dedicarse a la encomienda recibida. El objetivo de esta comisión pasa por realizar “un esquema de análisis para determinar la cuantía de la victimización” que la pederastia ha generado a los afectados. Gallego se encargará de la “sistematización en la evaluación de víctimas”.
Cremades cuenta con un grupo de expertos internacionales con experiencia previa en la materia. Entre ellos, a este proyecto se ha sumado el coordinador de la comisión de pedofilia en la Iglesia portuguesa, Pedro Strecht, y los socios del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl (WSW) –que concluyeron que el Papa emérito, Benedicto XVI, no actuó en cuatro casos de abusos sexuales mientras era arzobispo de Múnich–, los abogados Martin Pusch y Ulrich Wastl.
A pesar de contar con estos perfiles, varios colectivos de víctimas han anunciado que se desmarcan de la auditoría impulsada por los obispos, entre ellos, Infancia Robada, las Asociaciones de Víctimas de Pederastia en la Iglesia Navarra y la Plataforma Tolerancia Cero. Tras tres meses y medio de trabajo, el despacho ha recabado menos de 60 denuncias y únicamente la mitad de ellas son casos vinculados a las instituciones católicas, según explicó este lunes el coordinador de estos trabajos, Alfredo Dagnino.
La Iglesia argentina no ha investigado la pederastia
Analizando la actuación de la Iglesia argentina 20 años después de que estallara el caso Grassi, Gallego evita ser crítico con la actuación de la Conferencia Episcopal Española. “A mí me parece valiente lo que hoy decide la Iglesia española”, apunta el letrado argentino, que explica que los obispos argentinos no han iniciado ninguna investigación sobre los casos de pederastia en sus instituciones.
Además, Gallego cuestiona la labor de la institución católica argentina ante el futuro en libertad del sacerdote condenado por pederastia, algo que como muy tarde sucederá en 2026. “Es bastante extraña la situación de Grassi en relación a la Iglesia”, destaca. El cura, de hecho, continúa ejerciendo y celebrando misas en la cárcel, según publicó hace un año eldiarioAR.
Veinte años después de afrontar por primera vez este caso, Gallego reconoce que a día de hoy a este asunto “no le falta ningún condimento” para convertirse en una serie de no ficción para cualquier plataforma online de contenidos audiovisuales. Durante los meses en los que se produjo la investigación judicial, él fue vigilado. “Grassi contrató [a una persona] para seguirme 24 horas e interferir todas mis comunicaciones”, indica el letrado argentino.
No solo por temor a su seguridad, sino por miedo a que alguno de los denunciantes fuese asesinado durante el procedimiento, Gallego solicitó entrevistarse con el político que por aquel momento estaba al frente de la Presidencia argentina, Néstor Kirchner; también requirió hablar con el superior jerárquico de Grassi y el cardenal primado de Argentina, Justo Laguna y Jorge Bergoglio.
La actuación de Bergoglio
En el encuentro que mantuvo con el superior de Grassi se dio cuenta de que monseñor Laguna estaba al tanto de la actuación del sacerdote condenado por abuso sexual a menores. “[En ese momento] me dice que, por supuesto, que abusa de menores y que es un mafioso”, apunta el abogado. Poco a poco, indagando en el caso, fue identificando las conexiones con el poder que había tejido el cura condenado durante años. Gran parte de esa red se enmascaró con las actuaciones presuntamente filantrópicas de la organización Felices Los Niños, liderada por Grassi, a través de la que atendía a menores que vivían en la calle.
Este caso ha perseguido a Bergoglio ya en el Vaticano. “La respuesta del Papa es siempre tajante: máximo respeto a la justicia civil, tolerancia cero con los culpables y apoyo absoluto a las víctimas”, aseguró el departamento de prensa del Papa a El País preguntado sobre este asunto.
El encuentro que mantuvo Gallego con Bergoglio en 2005, que coincidió con la vuelta de este último a Buenos Aires tras el nombramiento de Benedicto XVI en Roma, el cardenal argentino le trasladó que el “Arzobispado estaba a su disposición” y fue enviando emisarios para conocer cómo evolucionaba el caso. Años después, el letrado mantiene equidistancia con la actuación del Papa actual. “¿Entonces, yo qué puedo decir? ¿Me interfirió el cardenal Bergoglio? No ¿Me favoreció? Tampoco puedo decirlo”, concluye.
En paralelo al estallido del caso Grassi, los periodistas de The Boston Globe realizaron una investigación que acabó implicando a centenares de sacerdotes. Esta historia quedó recogida en la película Spotlight. Gallego asegura que ha trabajado con Anne Barrett, que dirige la asociación de víctimas de Boston. La atención a los afectados en estos casos es fundamental y el letrado es consciente de que este asunto se debe priorizar en la auditoría española. “Ser oído cambia la vida”, destaca el abogado sobre la importancia que tiene para las víctimas la reparación y la escucha.