El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido hoy acciones concretas en respuesta a las reivindicaciones de las camareras de piso, porque “todo el mundo se ha hecho una foto con estas mujeres, pero, a la hora de la verdad, no se han tomado medidas legislativas para mejorar la situación de las kellys”.
Unai Sordo se ha hecho eco, así, de una crítica que distintos colectivos de camareras de piso y sindicatos han planteado ante el hecho de que autoridades estatales, autonómicas y locales de distintos ámbitos y partidos políticos hayan recibido a representantes de las llamadas kellys y difundido mensajes de apoyo a su causa, pero sin actuar luego para impulsar un cambio de su situación.
Cambio que ha dicho que está promoviendo CCOO en la medida de sus posibilidades, a través de negociaciones con la patronal que están haciendo que “haya muchísimos convenios colectivos, cada vez más en España, que están recogiendo que las actividades que se externalicen en los hoteles o en otras empresas tengan que aplicar los convenios de las empresas que extrernalizan las actividades”.
Ello implica, “por tanto, que no se puede producir un deterioro, que no pueden bajar los salarios por la entrada de empresas multiservicios que tienen convenios con sueldos de miseria, pagando, a veces, el salario mínimo interprofesional”, como les ha sucedido a las kellys en muchas ocasiones, ha destacado Sordo, aunque insistiendo en que introducir más mejoras requiere la intervención de las autoridades.
El líder de CCOO ha alegado, al respecto, que el empeoramiento de las condiciones laborales en ese sector lo están “contrarrestando” los sindicatos “desde la negociación colectiva, pero necesitamos contrarrestarlo desde la Ley”.
“Por tanto, exigimos al Gobierno que mueva sus piezas”, en lo referente a este asunto, ha sentenciado Unai Sordo, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha participado en un acto de conmemoración del 50 aniversario de los llamados “Sucesos de Sardina del Norte”, desatados por la represión de una asamblea de trabajadores convocada en la isla en 1968.
Esa reunión, llevada a cabo en el municipio de Gáldar, se saldó con heridos graves, detenidos y condenas de cárcel de varios años a raíz de que acudiera al lugar la Guardia Civil ordenando su suspensión, dando lugar a posteriores movilizaciones en el contexto de las primeras manifestaciones públicas de oposición a la dictadura de Franco fechadas en Canarias.