La maquinaria de un instituto universitario que tejía una maraña de promociones, cargos y dependencias ha llevado a una profesora de derecho constitucional a ser imputada por un presunto delito de falsedad documental: Cecilia Rosado Villaverde, la directora del máster donde estuvo matriculada la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, debe acudir al juzgado de Instrucción nº 51 el próximo 10 de mayo como investigada.
La denuncia que interpuso la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo sobre firmas falsificadas en las actas de convalidación del máster que cursaba Cifuentes, ha provocado que la jueza impute a Rosado, la docente a quien la misma Figueruelo otorgó el grado de doctora en Derecho ocho años atrás: ella formaba parte del tribunal que el 6 de abril de 2010 examinó la tesis de Rosado junto al exrector Pedro González Trevijano. El director de su tesis fue el también imputado Enrique Álvarez Conde. Obtuvo un Cum Laude con mención internacional.
Rosado Villaverde se ha beneficiado del ecosistema creado por Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Ya cinco años antes de doctorarse, Cecilia Rosado comenzó a dar clases superiores gracias a “sustituciones en los cursos de Derecho Constitucional del Catedrático Enrique Álvarez Conde”, según recopilaba en su ficha docente. En octubre de 2007 ya se transformó en “profesora de la Universidad”. Aun ahora es profesora contratada doctora, un estatus laboral más precario.
Rosado, que cursó estudios en la Universidad Paris Sud e imparte clases en francés, se había convertido en “discípula” (como dijo él mismo) del director del Instituto Álvarez Conde. Y a su sombra fue acumulando beneficios académicos.
Ambiente académico y profesional
No solo se le encomendó la coordinación del Curso de Especialización sobre Arbitraje del IDP sino que está integrada en ocho grupos de investigación que van desde la reforma constitucional al derecho de participación, pasando por la cátedra de género. También accedió al profesorado del título propio de Jurista Internacional de la URJC. Así, su trayectoria ya luce un quinquenio docente y un sexenio investigador avalados por la Aneca, los galones de la carrera académica universitaria.
Además, era la directora oficial del máster en Derecho Público Autonómico en el que se matriculó Cristina Cifuentes. Lo atestiguan tanto el impreso de pagos por complementos de dirección de másteres universitarios como la carta que la secretaria general de la Universidad, Pilar Charro, le remitió el 28 de marzo pasado (tras desvelarse el caso máster de Cifuentes) en el que se le informaba que la expresidenta de Madrid había autorizado hacer público su trabajo de fin de máster. La carta iba dirigida a ella por ser la directora aquel curso, explicaba la secretaria general.
Ese ambiente académico y profesional es el que reinaba el 21 de marzo pasado cuando eldiario.es desvelaba que Cifuentes tenía un título con calificaciones retocadas. La atmósfera en la que Cecilia Rosado consintió que Álvarez Conde compareciera públicamente como director del máster para asegurar que no había ningún trato de favor cuando la responsable del curso había sido ella (y cobrado por ello).
También consintió en hablar por teléfono con el rector Javier Ramos y asegurarle que sí se había realizado un acto de defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes. Y habló en nombre de sus dos compañeras, Alicia López de los Mozos y Clara Souto, para afirmar que las tres conformaron el tribunal evaluador del 2 de julio de 2012. López de los Mozos confesó en la investigación interna de la Universidad que ella no había participado en ese tribunal ni firmado el documento. Clara Souto contó la misma historia más tarde.
El juzgado de Instrucción está investigando no solo las validaciones de convalidación de asignaturas denunciadas por Figueruelo. El caso se ha extendido y también indaga sobre el acta evaluación del trabajo de fin de máster de la política del PP. Rosado está en el centro de ambos asuntos que comparten un denominador común: alguien firmó por otras personas.
En el acta del TFM, dos de las supuestas evaluadoras han confesado que no rubricaron nada. Solo Rosado ha permanecido en silencio. En la convalidaciones, los exámenes caligráficos revelaron que la única firma auténtica de esos documentos era la de esta profesora. Además, tres de los seis firmantes dijeron a eldiario.es que ellos no habían participado en esas sesiones de validación.
El 10 de mayo a las 12.00, Cecilia Rosado tendrá que responder a la jueza. Ese mismo día, pasarán por allí tanto López de los Mozos como Souto. Ellas han sido citadas tres horas antes como testigos.