El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto al Congreso modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la normativa que dispensa de la obligación de declarar a la mujer víctima de la violencia de género contra su maltratador porque establece que no existe la obligación de declarar contra un familiar directo.
Es una de las medidas que ha expuesto la presidenta, Ángeles Carmona, en la subcomisión sobre violencia machista, creada en el seno de la Comisión de Igualdad, que ha arrancado este miércoles con las primeras comparecencias. Carmona es una de las 60 expertas que harán un diagnóstico y propondrán medidas en este órgano, del que saldrá un informe para articular el futuro pacto de Estado.
Carmona ha hecho hincapié en que “un elevado número de mujeres” se acoge en la actualidad a esta dispensa. Algo que, de ocurrir en la fase de instrucción, puede dar lugar al archivo del procedimiento y, de ocurrir en el juicio oral, puede dar como resultado una sentencia absolutoria si no existen testigos de los hechos. Para la experta, esto “puede trasladar una imagen de impunidad”.
Según los datos publicados a lo largo de los años por el Consejo General del Poder Judicial, la cifra de mujeres que tras haber denunciado se acogen a la dispensa ronda entre el 10% y el 14% entre 2007 y 2016. Los últimos datos disponibles indican que un 12,96% de las víctimas declinó declarar contra su maltratador en el primer trimestre del año pasado, un 14,63% en el segundo y un 13,33% en el tercero.
Posibles reformas del Código Penal
Sobre posibles reformas del Código Penal, Carmona ha incidido en la conveniencia de abordar la supresión de la atenuante de confesión en delitos con resultado de muerte en violencia de género y de la atenuante de reparación del daño ocasionado a la víctima. Por otro lado, ha defendido la tipificación de “delitos de ciberdelincuencia de género”.
Para mejorar la respuesta que da el sistema judicial a las víctimas, ha propuesto la centralización de todos los datos en una misma base mediante la integración informática para aglutinar a todas las instituciones que intervienen en la protección de las mujeres. El pasado 9 de febrero, el CGPJ ya adelantó que propondría que un abogado acompañe a las víctimas desde antes de la denuncia.
Finalmente ha expuesto la necesidad de impulsar y potenciar las Unidades de Valoración Forense y las Unidades de Atención a la Víctima y ha apuntado la conveniencia de reflexionar sobre la posibilidad, en el área de la formación, de contar “con una verdadera especialidad en materia de violencia contra la mujer para los integrantes de la carrera judicial”.
Además de Ángeles Carmona, este miércoles han comparecido la Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia contra la Mujer, Flor de Torres, y la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández. La subcomisión ha programado ya las sesiones de los próximos días 22 y 23 de febrero.