975 mujeres asesinadas por violencia machista desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2018. Es el balance, en víctimas mortales, que ha dejado el maltrato contra las mujeres en los últimos 15 años. El que ahora queda atrás, el de la movilización feminista sin precedentes, ha contado 47 casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y tres menores. Aunque es difícil establecer tendencias y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantiene un caso en investigación, es el año en el que menos víctimas mortales se han registrado desde que diera inicio en 2003 la serie histórica. El anterior hito fue 2016, que terminó con 49 mujeres asesinadas. La punta del iceberg de una violencia que registra más de 400 denuncias al día.
El pico se produjo en 2008, cuando 76 hombres mataron a sus parejas o exparejas. Durante aquellos años, era difícil bajar de los 70 casos, pero en 2010 la cifra comenzó a descender. Desde entonces, 62 ha sido el pico más alto, en 2011. “El feminicidio se ha estabilizado a la baja porque la lucha contra la violencia machista tiene sus efectos. Pero en todo caso utilizar el asesinato como indicador del fenómeno no es correcto. Las muertes en sí mismas tienen mucha importancia, pero no es un buen termómetro del maltrato”, explica Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona y consultor del Ministerio del Interior en este tipo de temas.
Jennifer H.S. tenía 46 años cuando se convirtió en la primera mujer asesinada por violencia machista de 2018. El 19 de enero, su expareja acabó con su vida en Tenerife en un momento en el que se encontraban en trámites de separación. Jennifer había denunciado días antes, pero fue calificada de riesgo bajo y un juez archivó la causa. Tampoco ella pidió orden de protección. 14 del total de víctimas mortales este año, un 29,8%, había denunciado a su agresor, un porcentaje más o menos estable en los últimos años. De ellas, 11 solicitaron medidas de protección. A dos les fueron denegadas y, de las nueve concedidas, cinco estaban vigentes en el momento de los hechos.
Aunque el número de denuncias por violencia machista aumenta desde hace unos años, según datos del Consejo General del Poder Judicial, todavía son muchas las mujeres que se encuentran sin sentencia o con la absolución del denunciado. En el tercer trimestre de este año, últimas cifras disponibles, el 40% de los procedimientos acabaron en sobreseimiento provisional y, de las sentencias dictadas, el 44% y el 10,6% en los Juzgados de lo Penal y en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer respectivamente –estos últimos solo ven casos leves y en los que hay conformidad entre las partes– fueron absolutorias.
Le ocurrió a Itziar Prats, la madre de las dos niñas asesinadas en Castellón por su padre el 25 de septiembre. El caso de esta mujer, que un mes después declaró públicamente que no había encontrado amparo, ya estaba en el sistema judicial cuando el hombre mató a sus hijas. Itziar había denunciado al agresor, pero los dos procedimientos fueron finalmente archivados. En medio del periplo judicial que tuvo que atravesar, decidió desistir después de que el juez denegara la orden de alejamiento que solicitaba. Su caso, sin embargo, no es el más frecuente. Según los datos del Gobierno, en la mayoría de ocasiones el asesino era la pareja de la mujer, vivían juntos y no había denuncia.
“Sigue habiendo un volumen de sobreseimientos muy difícil de digerir. En la mayoría de casos, no es que vean claro que no hay delito, es que concluyen que no hay indicios suficientes”, explica María Naredo, directora de prevención y atención frente a la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Ante este fenómeno, la jurista apela a la necesidad de que jueces y fiscales profundicen en la investigación de este tipo de delito con el objetivo de proteger a las mujeres y evitar su revictimización, un elemento que ha estado en el centro del debate este año, también en el caso de la violencia sexual.
En pleno proceso de separación y tras tres décadas de convivencia, Tomas R. mató el 18 de junio a su esposa, Magdalena M.A. en O Porriño (Pontevedra). Lo mismo le ocurrió a Nuria A.M. tres meses después al ser asesinada por el hombre con el que se encontraba en fase de ruptura. Este es uno de los factores de riesgo que identifican las expertas: el momento en el que la mujer decide irse. “Los hombres las matan porque ellas les han planteado algún problema, en el sentido de que ven que ya no pueden ejercer el control. Les dicen que no aguantan más o que se van a ir. Hay agresores impulsivos que lo hacen en el momento de la separación, otros esperan meses, pero este es un elemento fundamental”, analiza Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género.
El asesinato de Nuria se produjo en Maracena (Granada), provincia en la que ya se habían producido este año cuatro asesinatos machistas. Andalucía, de hecho, es la comunidad con más víctimas mortales –y también la más poblada–, seguida de Catalunya y Madrid.
Todas las expertas consultadas para este reportaje coinciden en señalar que la conciencia social, sobre todo en las mujeres, respecto a la violencia machista está creciendo. El movimiento feminista llenó las calles el pasado 8 de marzo y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, ha empezado a ponerse en marcha. Aun así, reivindican mayor compromiso y más profundidad en las respuestas y las medidas políticas. En ese sentido se expresa la fiscala Inés Herreros, para la que las instituciones “no se han tomado lo suficientemente en serio el tema”.
“Falta todavía ir más allá de la conducta personal de un hombre para poner el foco en el sistema de desigualdad que nos considera a las mujeres ciudadanas de segunda”, prosigue Herreros, para la que “la sociedad sigue siendo reticente a poner fin a los privilegios de los que disfrutan los hombres a costa de las mujeres”. La fiscala, aún así, identifica un mayor avance social que el que manifiestan las formaciones políticas y las instituciones y pone como ejemplo la consideración de que la violencia de género va más allá de la pareja o expareja.
Los retos: más allá de la pareja
Este año, la reivindicación de que sean consideradas víctimas de violencia machista mujeres que son asesinadas por hombres por el hecho de serlo se ha visto amplificada por el asesinato de Laura Luelmo, la joven profesora asesinada por Bernardo Montoya en El Campillo (Huelva) y por el crimen de Diana Quer, cuyo cadáver fue hallado en la Nochevieja de 2017. Aunque los datos oficiales del Gobierno solo contabilizan a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, la Delegación y el Consejo General del Poder Judicial han empezado este 2018 a dar los primeros pasos para ampliar la estadística.
Pueyo celebra esta decisión y apunta a que es necesario agrandar el foco con el que vemos la violencia. “Este es un problema que tiene España desde el principio, desde que se definió la violencia de género. Y es que quedaron fuera muchos asesinatos que tienen un origen machista y que tienen que ver con el género. Este va a ser uno de los temas del año que viene”, analiza el catedrático, que también lamenta que ni social ni estadísticamente sea relevante qué ocurre con las mujeres físicamente agredidas sin resultado de muerte. “Nadie sabe cuántas se han suicidado por violencia de género, cuántas han sufrido alguna discapacidad o han estado meses ingresadas”.
La limitación de las estadísticas se solventó en parte en 2013 con la incorporación a la base de datos de los menores de edad que se quedan huérfanos tras ser asesinadas sus madres y de los que son asesinados por violencia machista. Es el caso de las dos hijas de Itziar Prats y también del niño de nueve años al que mató su padre en El Ejido (Almería) el 20 de abril. El hombre se entregó a la Guardia Civil tras confesar el crimen y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anunció que la causa sería tramitada como un caso de violencia machista porque concluyó que el asesinato tuvo la intención de hacer daño a la madre.
Más allá de los datos, las expertas y organizaciones de infancia siguen reivindicando que el sistema tenga en cuenta de forma prioritaria el interés superior del menor cuando sus madres denuncian maltrato por parte de sus padres. En este sentido, apuntan a la urgencia de investigar y analizar con perspectiva de género y de infancia si los niños y niñas pueden seguir viendo a sus progenitores. “Es una de las asignaturas pendientes de los juzgados. Pedimos que a las mujeres se les crea cuando denuncian, pero a los niños también se les tiene que creer cuando dicen que no quieren ver a su padre”, zanja Naredo.
2019 comienza con la vista puesta en el próximo 8 de marzo, en el que el movimiento feminista pretende volver a ganar el pulso a la violencia machista en la calle y poner sobre la mesa el sistema de desigualdad que la hace posible. Tal y como concluye Lorente, “el pacto pendiente es el pacto contra el machismo”, que es la causa de la violencia. “Las instituciones deben ser conscientes de que el foco no debe estar solo en el resultado de la violencia, sino en las causas que dan lugar a ella”.