El bloqueo de España a la querella argentina es firme. El Gobierno regatea cada paso de la jueza Servini en la persecución de los crímenes de la dictadura. Con dos jugadas maestras: la supuesta prescripción de los delitos y la aplicación de la ley de Amnistía del 77. Desde el inicio de la investigación –el 14 de abril de 2010–, cada pequeña fisura abierta en la impunidad del franquismo ha sido cerrada con urgencia y el último zarpazo llega desde la Fiscalía General del Estado, que ha parado las declaraciones judiciales de víctimas y cargos franquistas.
Desde Argentina buscan aplicar el principio de justicia universal. Pero la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1 de Buenos Aires, María Servini de Cubría, encuentra al otro lado del charco un muro infranqueable. Un oscuro manto tejido con la ley de Amnistía del 77 y la supuesta prescripción de los delitos que tapa, hasta ahora, cualquier posibilidad de juzgar a los 19 acusados, caso de Martín Villa o Utrera Molina.
La causa 4591/2010, denominada querella argentina, ha logrado hitos en los más de seis años de proceso. Organismos internacionales tercian en favor de la investigación de los crímenes: petición de Naciones Unidas, bronca del Consejo de Europa, denuncias de Amnistía Internacional… Todos contra el fin de la impunidad franquista. España, en cambio, sigue en sus trece.
Orden de detención contra torturadores:
Septiembre del año 2013 deja un momento clave cuando Argentina dicta orden de detención internacional contra cuatro torturadores franquistas. El juez Pablo Ruz, sin embargo, no tomó medidas cautelares y fue acusado por las víctimas por incumplir el tratado internacional de extradición. Poco después la petición formal llega a manos del Gobierno español que debe decidir si accede a que los acusados juzgados por crímenes de lesa humanidad… y se tomó su tiempo. El Ejecutivo deriva la citación a la Audiencia Nacional. Permite que el proceso, en teoría, siga su curso pero guarda un último as en la manga: volver a pronunciarse tras la decisión de la justicia. No le hace falta. Poco antes, el PP se opuso a pedir al Gobierno que colaborase en la investigación de las desapariciones del franquismo.
Enero de 2014. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la extradición de los presuntos torturadores, entre ellos el expolicía Billy el Niño o el exguardia civil Jesús Muñecas. El Ministerio Público rechaza su entrega porque España, dice, tiene preferencia para investigar los hechos. Deja así la puerta abierta aunque se agarra a que los presuntos delitos ya habrían prescrito y, en abril, acaba por rechazar las extradiciones pedidas desde Argentina.
Argentina pide la detención de altos cargos:
En octubre de 2014 la justicia argentina pide detener al exministro Martín Villa y a otros 19 imputados por crímenes del franquismo. La jueza argentina María Servini de Cubría emite la orden de detención y extradición contra 8 exministros franquistas, un excapitán, siete expolicías, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado.
Llega noviembre e Interpol solicita la detención de los exfuncionarios de la dictadura de Francisco Franco ante el pedido del Ministerio Público argentino. Interpol España, en cambio, alega ante su Secretaría General con sede en Lyon (Francia) para no tener que detener a los reclamados. La citación permitía no aplicar el distintivo rojo que afecta a la situación de personas buscadas internacionalmente con orden de arresto. Una “artimaña”, denunciaban víctimas del franquismo.
Los regates de España a la persecución argentina del franquismo hacen que el Estado no cumpla los tratados internacionales que obligan el arresto y posterior extradición de los imputados por la justicia argentina. Si cruzan la frontera, exministros como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa hubieran sido detenidos por crímenes contra la humanidad.
Ya en marzo de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy dice abiertamente que no detendrá a los exministros franquistas porque las órdenes de Interpol no son vinculantes. El Ejecutivo del PP justifica en una respuesta parlamentaria que prima sobre estas órdenes el derecho interno de cada país y los acuerdos de extradición firmados.
España gana tiempo ante Argentina:
En marzo de 2016 Servini pide interrogar en sedes judiciales españolas a los imputados franquistas. Las vistas serían entre los días 4 y 22 de abril en la Audiencia Nacional o en juzgados territoriales, según el pedido oficial. El Ministerio de Justicia, por su parte, gana tiempo pidiendo a la jueza las preguntas que haría a los acusados. La magistrada acaba suspendiendo el viaje previsto.
La Fiscalía torpedea las declaraciones judiciales:
El Gobierno tramita al fin la petición argentina de interrogar a Martín Villa y otros 18 cargos franquistas. Corre septiembre de 2016. El Ejecutivo parece acatar el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España y el Ministerio de Justicia rebota el exhorto a diferentes juzgados territoriales. Los tribunales debían citar a los investigados en octubre para “declaración indagatoria” en presencia de Servini.
A final del mismo mes, otra buena noticia para la querella argentina: los juzgados españoles ya han tramitado las declaraciones de los investigados. Solo queda entonces cuadrar agenda entre Buenos Aires y cada tribunal para citar a los acusados, en indagatorias que contarían con la presencia de la jueza argentina.
Y llega el último jarro de agua fría. Octubre de 2016, este martes, la Fiscalía torpedea las declaraciones de cargos franquistas y víctimas ordenada por Argentina. La primera suspensión se produjo este martes, cuando el exsecretario general del PCE Gerardo Iglesias, que declaraba como víctima, no pudo contar al juez su testimonio. La Fiscalía española aduce indeterminación del proceso y dice que es “incompatible” con el concepto de proceso penal. Y los querellantes ven este paso como la coartada perfecta para evitar que declaren los exaltos franquistas citados por la jueza Servini para determinar si los crímenes cometidos pueden considerarse de lesa humanidad.
El antecedente, absolución (y condena) de Garzón:
Garzón, absuelto. Pero el antecedente de la investigación de los crímenes franquista quedaba y también la 'condena' implícita al juez. El Tribunal Supremo no condenó al magistrado por prevaricación. Poco importaba. Días antes –febrero de 2012– el CGPJ expulsaba a Baltasar Garzón de la carrera judicial por prevaricación en el caso Gürtel.
Consideraba la sentencia que el juez cometió un “error” pero fue corregido luego por la Sala. Garzón se había declarado competente para investigar delitos cometidos durante la guerra civil y la dictadura. Decía el alto tribunal que incurriendo “en exceso en la aplicación e interpretación de las normas”. Que no cabe en el ordenamiento jurídico español juzgar al franquismo.
La única causa contra el franquismo en el mundo:
La querella argentina es la única denuncia abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo. El proceso penal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1 de Buenos Aires, cuya titular es la magistrada María Romilda Servini de Cubría, recibe el nombre de 'causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977'.
En España, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) está formada por más de 100 asociaciones de todo el país y suma varios cientos de querellantes, entre ellos algunos ayuntamientos y diputaciones.
La jueza argentina ha cubierto ya un diario de visitas a España en relación a la causa. Estuvo en Madrid, País Vasco, Andalucía… trayectos de trabajo que sin embargo no tuvieron la repercusión legal esperada ni la relevancia en la tramitación y aceleración del proceso perseguida. Toca seguir, que diría.
Las conquistas de las víctimas del franquismo:
Las víctimas del franquismo han llegado a prestar declaración en la Audiencia Nacional y a finales de 2013 ocurre uno de los hitos principales del proceso: el viaje a Argentina de un grupo de 16 españoles para ofrecer su testimonio en el tribunal de Buenos Aires. Los impulsores de la querella esperaban que el acto acelerase la imputación de otros acusados, con las miras puestas en aquel momento en exaltos cargos de la dictadura como Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina.
En sedes judiciales españolas también se han venido sucediendo las citaciones a querellantes. “Yo tenía tres años, sacaron a mi madre de casa y la fusilaron”, contaba Antonio Narváez en Sevilla (83 años). Y Antonio Martínez (81), que perdió a su padre, ejecutado y arrojado a una fosa común: “ese día llevaban un camión lleno para el cementerio”.
Ninguno pudo hasta la fecha recuperar los restos de sus padres. Forman parte de los más de 150.000 desaparecidos forzados que sitúan a España como la segunda mayor fosa del mundo, solo por detrás de la Camboya de Pol Pot.