2020 parece que será el año en el que se legalice la eutanasia en España. Confían en ello el Gobierno, las asociaciones y los enfermos y familiares que esperan la ley que regule la muerte digna, que ya llega tarde para personas como María José Carrasco, Antonio Monguilod y Maribel Tellaetxe. Su toma en consideración se votará este martes en el Congreso a propuesta del PSOE y lo más previsible es que salga adelante con más de 200 votos, muy por encima de los 176 necesarios. Luego se remitirá a la Comisión de Sanidad parlamentaria, donde se apuntalará.
Fuentes del Grupo Socialista no se atreven a poner fechas, pero el proceso se completará “lo más rápido posible: está casi todo hecho y debatido”. La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) espera que para verano ya sea una realidad. “Pensamos de verdad que esta vez sí. Cualquier cosa puede ocurrir, pero esta vez vemos voluntad política”, declara su vicepresidente, Fernando Marín.
El texto del Grupo Socialista es el mismo que ya se aprobó en diciembre de 2018. Estuvo en tramitación hasta marzo de 2019, cuando se disolvieron las Cortes. Contempla que la ayuda para morir esté incluida en la cartera del Sistema Nacional de Salud. Podrá solicitarla quien sufra una enfermedad grave e incurable o invalidante. DMD calcula que los primeros casos, personas que no deseen llegar a una fase terminal de una dolencia, supondrán el 85%; los segundos casos, sobre todo esclerosis o tetraplejía, aunque “muy impactantes”, serán alrededor del 15%. Lo pedirá el paciente, de forma libre y voluntaria, y tendrá que pasar por dos médicos, que podrán alegar objeción de conciencia, en un plazo mínimo de 15 días.
Los que votan a favor
La aritmética parlamentaria da la razón a los que esperan la norma para 2020: según han anunciado los grupos, la ley del PSOE va a tener el apoyo de los diputados de Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, JxCat, EH Bildu y la mayoría de los partidos con poca representación. Entre todos sumarán esos más de 200 votos a favor.
En la anterior legislatura la propuesta llegó cuatro veces al Congreso: una del Parlament de Catalunya, otra de Unidas Podemos y dos del PSOE. La de diciembre de 2018 se quedó en esa fase de tramitación porque Ciudadanos la bloqueó en la Mesa: condicionaban su apoyo a que se aprobase antes la suya de Muerte Digna, sobre cuidados paliativos. Esta vez “hay menos riesgo de filibusterismo”, recuerda Fernando Marín, porque la Mesa tiene mayoría progresista.
Los votos en contra y los posibles recursos
En principio, PP y Vox se quedan solos en el hemiciclo votando ‘no’. El líder de los populares, Pablo Casado, llegó a alegar la anterior vez que “ese problema no existe en España”. Su posición no ha cambiado: el PP ya ha anunciado que votará en contra y que presentará una “alternativa” de Ley integral de cuidados paliativos que, dicen, aborda el “sufrimiento en las últimas etapas, pero lo hace desde el consenso”. En marzo de 2017, una encuesta de Metroscopia concluía que el 84% de los españoles estaban de acuerdo con regular la eutanasia.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, se posicionó también tras la muerte de María José Carrasco, el pasado abril, afirmando que su partido de ultraderecha defiende que la eutanasia “puede dar lugar a soluciones finales no queridas por los enfermos”. Fernando Marín, desde DMD, va más allá: vaticina que “el día siguiente a que se apruebe, tendremos un recurso de Vox en el Tribunal Constitucional (TC)”, como hizo el PP con la Ley del Aborto. “Contamos con ello” pero “no nos preocupa”, comenta, porque consideran que todo lo recogido en el texto está dentro de lo constitucional y, a la larga, cuando se resuelva –si sucede–, el TC no dará la razón a Vox.
Las enmiendas por debatir: evitar el 'veto' a la eutanasia
El texto del PSOE incluye la creación de Comisiones de Control y Evaluación autonómicas, que, tras la aprobación de los dos médicos, tendrán que valorar caso por caso para dar luz verde. Los miembros de esas comisiones se consensuarán entre los gobiernos regionales y el Ministerio de Sanidad. La ley es ambigua con los tiempos: la resolución definitiva se hará “en el plazo más breve posible”, sin especificar. Estos puntos son los que más preocupan a DMD: “Tememos que ocurra lo que está ocurriendo con el veto parental: un veto a la eutanasia. Que en Murcia, en Andalucía y en Madrid no se realice ninguna eutanasia. No nos fiamos”.
Lo que propone DMD a cambio es lo habitual de los países europeos en los que está regulada: Comisiones de Evaluación sí, pero posteriores al fallecimiento. “Entre Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá ha habido unos 90.000 casos en total y ningún problema con médicos que practiquen homicidios encubiertos, que parece ser lo que se quiere controlar. Con el sistema de control posterior, por cada paciente se presentarían informes y si hubiese dudas se investigaría. Con indicios de delito, la Comisión lo pondría en conocimiento de la Fiscalía. Creemos que ese sistema no entorpece ni alarga aún más los plazos, y sí el previo”, explica Marín.
Durante estos meses, DMD va a reunirse con los grupos para tratar de convencerlos de que aleguen esta enmienda sobre las comisiones. No lo dan por perdido, tampoco con el PSOE, que aún podría rectificar su propia ley. Algunos médicos prefieren los controles previos, para tener más garantías, pero DMD cree que se podría producir incluso lo que llaman “turismo eutanásico”: gente que vaya a morir a otras comunidades porque en la suya es casi imposible, como ya ha ocurrido mucho tiempo con el aborto. Así se lo trasladarán, en especial, al PNV: “En Euskadi, en Catalunya o en comunidades pequeñas como Cantabria no habrá problemas. Los problemas estarán donde esté Vox, el veto parental ha sido el termómetro”.
Además de eso y como posibles modificaciones pero más complicadas, opinan que la ley podría haber sido más ambiciosa recogiendo la opción del testamento vital y la salud psiquiátrica. En todo caso, desde DMD la reconocen como “un gran paso, se haga como se haga”.
La otra oposición: la Conferencia Episcopal
Vox y PP no están en realidad del todo solos: los que vienen son meses en los que habrá fuerte oposición mediática a la eutanasia y muerte digna desde los sectores más conservadores. La Conferencia Episcopal ya ha anunciado para el 25 de marzo unas 'Jornadas por la vida'. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, este domingo, se adelantó a la votación para alertar sobre “la verdadera amenaza que sufren los enfermos, sobre todo los terminales, en nuestra sociedad”. Cañizares insistía, como el PP, en “trabajar por los cuidados paliativos”. El Foro de la Familia también ha hablado. La asociación ultracatólica ha criticado que “el Gobierno del reto demográfico” priorice aprobar “leyes de muerte”.