“Si así lo desea, Coca-Cola puede evitar la publicación de investigaciones desfavorables”. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio publicado en el Journal of Public Health Policy en el que se han analizado más de 80.000 documentos internos de la multinacional de bebidas, entre los que se encuentran varios acuerdos con universidades públicas en EEUU y Canadá. Según estos acuerdos, la empresa se reserva el derecho de revisar la investigación antes de su publicación, así como el control sobre los datos del estudio y la divulgación de los resultados.
Durante los últimos años, diversos estudios han señalado la falta de transparencia y los problemas asociados a las investigaciones científicas financiadas por empresas, especialmente en el sector alimentario. Por este motivo, varias multinacionales del sector se han comprometido a publicar listas de los proyectos e investigadores que financian y a establecer una serie de normas internas que limitan su relación con los científicos.
Una de estas empresas ha sido Coca Cola, que ha publicado una lista de los investigadores que financió entre 2010 y 2017 y también ha hecho públicos una serie de principios que deben prevalecer en las investigaciones financiadas por la empresa. Según algunos de estos principios, los científicos financiados deben tener el “control total del diseño del estudio, de la ejecución y de la recogida, análisis e interpretación de los datos”. Además, el gigante de las bebidas añade que la empresa “no tiene derecho a impedir la publicación de los resultados de la investigación” y que la financiación no estará “condicionada” al resultado de la misma.
Según el nuevo estudio, estas afirmaciones “proporcionan una base para comparar las intenciones declaradas de Coca-Cola con sus prácticas reales” y eso es precisamente lo que han hecho los autores de esta investigación. Tras analizar las 87.013 páginas de documentos recibidas por la empresa, incluidos cinco acuerdos concertados con la Universidad Estatal de Luisiana, la Universidad de Carolina del Sur, la Universidad de Toronto y la Universidad de Washington, los investigadores concluyeron que esos principios no siempre se cumplen.
Puede finalizar estudios sin dar explicaciones
El principal resultado del estudio es que “Coca-Cola retiene diversos derechos a lo largo del proceso de investigación, incluyendo el poder de terminar los estudios antes de tiempo sin dar explicaciones”. Según varios de los acuerdos analizados, la empresa se reserva el derecho de recibir y comentar las investigaciones antes de presentarlas para su publicación y, a pesar de que los investigadores pueden rechazar los cambios propuestos por la empresa, “Coca-Cola puede simplemente terminar un acuerdo si las conclusiones no le interesan o si sus comentarios y revisiones son rechazados”.
Respecto a la afirmación de que la compañía animará a los investigadores a publicar los resultados de sus investigaciones, el estudio concluye que, efectivamente, la empresa lo hace y solo retiene derechos limitados para retrasar la publicación con el fin de proteger sus intereses de propiedad o para obtener una patente. Sin embargo, los investigadores insisten en que “muchos acuerdos contienen las disposiciones de rescisión antes mencionadas”, lo que permite a la empresa impedir la publicación de los resultados tras la finalización unilateral del acuerdo.
Sobre si la financiación de los estudios está condicionada directamente a los resultados obtenidos, los investigadores afirman que “los acuerdos de investigación no contienen disposiciones sobre los resultados de ningún estudio”. Sin embargo, el estudio concluye que esta presión podría ejercerse de forma indirecta a través de las cláusulas que permiten la finalización del proyecto. “Aunque no encontramos condiciones directas relacionadas con los resultados de la investigación, las disposiciones de terminación podrían tener indirectamente un efecto en el trabajo del investigador e influir en sus conclusiones”.
Estos nuevos resultados indican que, a pesar de las buenas intenciones pregonadas por la multinacional, la realidad es que la empresa mantiene un control sobre los resultados de los estudios que financia y se asegura la posibilidad de evitar que se publiquen resultados desfavorables, aunque los investigadores aclaran que, “hasta la fecha, no hemos encontrado pruebas de que esto haya sucedido”.
Las maniobras de la industria de refrescos
El nuevo estudio se suma a una lista de investigaciones que han mostrado cómo varias empresas del sector han tratado de manipular a la opinión pública y a los legisladores a través de estudios pagados. En este sentido, en 2016, un estudio mostró que Pepsi y Coca Cola pagaron a investigadores para ocultar sus vínculos con la epidemia de obesidad, algo que ya había hecho la industria azucarera para culpar a la grasa de los infartos.
Un año antes, otra investigación del New York Times reveló cómo el gigante norteamericano diseñó una estrategia a través de la Global Energy Balance Network (GEBN) para desviar la atención del papel que desempeñan las bebidas azucaradas en la epidemia de obesidad y centrar la atención en la falta de ejercicio.
A pesar de que la empresa cerró el GEBN tras la publicación de esta información, una serie de estudios publicados en el British Medical Journal, mostraron cómo la multinacional de refrescos ha seguido utilizando esta estrategia. En China, Coca Cola financió organismos como el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, mientras que en España, la empresa pagó una cátedra de hidratación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En ambos casos la estrategia seguida ha sido similar a la que se utilizó en el GEBN.
Una grave amenaza para la salud de los niños
La sucesión de estudios críticos con las maniobras de la industria se ha producido en medio de una guerra abierta en contra de las bebidas azucaradas por parte de la comunidad científica. Ya en 2016, la Organización Mundial de la Salud recomendaba poner un impuesto a los refrescos para reducir su elevado consumo y, el pasado mes de abril, las asociaciones de pediatría y cardiología de EEUU cargaban contra estos productos asegurando que su consumo excesivo “representa una grave amenaza para la salud de los niños y adolescentes”.
Las asociaciones concluyeron que existen pruebas sólidas que apoyan la asociación de azúcares añadidos con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y hacían hincapié en el importante papel que desempeña el consumo de azúcares añadidos en la epidemia global de obesidad infantil. Por ello, siguiendo las recomendaciones de la OMS, proponían la creación de impuestos o etiquetas de advertencia y restricciones a la publicidad, como medidas necesarias para detener las miles de muertes prematuras relacionadas con el consumo excesivo de azúcar.