Anular parte de los recortes en educación impuestos por el Gobierno del Partido Popular requiere una ley: se trata de eliminar algunas medidas diseñadas en 2012, básicamente, para reducir las plantillas de profesores y, por tanto, menguar los presupuestos educativos. España está por debajo de la media en gasto público en eduación: se invierte un 4,3% del PIB mientras que en la OCDE ese gasto es del 5,2%.
El Consejo de Ministras ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley necesario que han llamado de mejora de las condiciones docentes. Las medidas ya habían sido avanzadas y, esencialmente, se trata de revertir el aumento de número legal de estudiantes por aula (la famosa ratio), reducir el número de horas de clase que puede asignarse a cada docente (la carga lectiva) y permitir las sustituciones de bajas sin periodo de carencia: ahora tenían que pasar diez días para poder contratar a un sustituto. Días en los que los colegios tenían que recomponerse para cubrir esas clases. Algo que “no se podía tolerar”, ha dicho la ministra portavoz y de Educación, Isabel Celaá.
Al tratarse de un anteproyecto de ley, todas estas medidas quedan pendiente de ir al Congreso de los Diputados y obtener la mayoría parlamentaria necesaria para que el texto sea aprobado y, a partir de ahí, aplicado. Sobre a cuántos docentes puede extenderse estas medidas, Celaá ha remitido a las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en educación. Sobre cuánto dinero y cómo se afrontará, la ministra ha dicho que parte “será enjugado por los nuevos Presupuestos Generales” y otras “ya estaba absorbida” por las comunidades autónomas “que no habían podían soportar la presión que estas medidas [la del PP] ejercían en sus aulas”.
El decreto diseñado hace seis años por José Ignacio Wert derivó en que los profesores tuvieran un mínimo de 25 horas lectivas (que no laborales) en educación Infantil y Primaria y 20 en el resto de etapas. El aumento de ratios de un 20% hacia que se pasara de 27 a 30 estudiantes en primaria, de 30 a 36 en secundaria obligatoria. Los efectos de la ley llegarán el curso que viene: “No había tiempo material”, se ha justificado la ministra. Sí se aplicará nada más aprobarse el asunto de las bajas.
Estos cambios se refieren básicamente Real Decreto Ley 14/2012 de racionalización del gasto público en el ámbito educativo encuadrado en la batería de medidas de recorte que adoptó el Ejecutivo de Mariano Rajoy (en ese arsenal también se encuadró el decreto sanitario anulado en lo tocante a la sanidad universal). No apunta tanto a la polémica ley orgánica de mejora de la calidad educativa, la LOMCE, que regula muchos más aspectos y no todos con consecuencia económica.
De hecho, la LOMCE todavía está en vigor y varias de sus disposiciones siguen rigiendo el curso que acaba de iniciarse. A pesar de haberse votado diversas mociones en el Congreso de los Diputados para revocarse (y que el exminisro del PP Méndez de Vigo eliminase algún punto), el fracaso del pacto educativo en el Congreso primero y la falta de una ley alternativa que rija la educación después, han prolongado la vida de la LOMCE ya implantada en los currículos escolares.