La Comisión Europea abronca al Gobierno español por su falta de diligencia a la hora de poner en marcha y aplicar normativas pensadas para la protección del medioambiente. El Ejecutivo de Mariano Rajoy arrastra los pies y ha llegado tarde a la regulación de las bolsas de plástico, la gestión de residuos y la sanción de los fabricantes de coches que engañaron sobre sus emisiones de gases. Bruselas ha puesto en marcha diferentes fases de sanción a España por estos asuntos.
En el paquete de procedimientos abiertos en julio, la Comisión ha instado a España a que complete de una vez la legislación para reducir el consumo de bolsas de plástico. La fecha límite para que los gobiernos adoptasen las medidas que consideraran adecuadas era el 27 de noviembre de 2016. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente sacó a información pública el decreto que aborda esta cuestión el 23 de diciembre pasado.
El proyecto de regulación todavía está, pues, en fase de elaboración final. La previsión es que las bolsas de plástico ligeras queden proscritas a partir de enero de 2018. Un buen retraso en una medida que busca “la lucha contra la contaminación y el despilfarro de recursos,”, dice el Ejecutivo comunitario. España tendrá dos meses para cumplir tras recibir este aviso.
También relacionado con el freno a los impactos de la actividad humana, Bruselas ha dado un plazo final a España para que tenga planes de gestión de residuos que abarquen todo el territorio. El Gobierno debe hacer que las comunidades autónomas cumplan y redacten estos documentos ya que caen dentro de sus competencias. Cuatro regiones no han hecho los deberes: Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid y la Ciudad Autónoma de Ceuta. El Plan de Residuos Español se revisó en 2015 pero es preciso que los ejecutivos autonómicos también preparen los suyos propios.
En una fase menos avanzada está el caso de las sanciones a los vehículos que emitían más contaminación de lo permitido y el falseo de los datos sobre emisiones que llevaron a cabo fabricantes como Volkswagen. La Comisión pidió en diciembre de 2016 explicaciones a España –además de a Luxemburgo, Alemania, Grecia, y Reino Unido– acerca de por qué no aplicó “sanciones a los fabricantes de automóviles que utilizaron dispositivos de desactivación prohibidos por la legislación de la UE”. Tras revisar la contestación, Bruselas considera que hacen falta más aclaraciones para justificar la falta de castigo en asuntos como el dieselgate.
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las medidas para transponer las normas sobre los denunciantes de infracciones de la UE. En 2015, la Comisión aprobó una Directiva cómo actuar cuando se comunica a las autoridades posibles infracciones en materia de abuso de mercado (como información privilegiada, etc...). La directiva contiene disposiciones para proteger a las personas que notifican este tipo de infracciones y detalla los procedimientos de protección de los denunciantes y de los denunciados, el sistema de seguimiento de las denuncias y el de protección de los datos personales.
Los Estados miembros tenían que transponerla a más tardar el 3 de julio de 2016. Una vez agotado ese plazo inicial, se solicitó a los países que no lo habían hecho, entre ellos España, que adoptasen medidas para garantizar el pleno cumplimiento de las nuevas normas sobre los denunciantes de infracciones en septiembre de 2016. Desde entonces, la Comisión no ha recibido información respecto de la incorporación completa de las citadas normas al ordenamiento jurídico nacional.