A la llamada 'ley trans', que permanece congelada por los retrasos de los órganos consultivos, se le han adelantado ya catorce comunidades autónomas. Casi todas tienen ya una normativa de protección a las personas LGTBI y trans desde que en 2012 Euskadi se convirtiera en la primera en contar con una legislación de este tipo. En el último año se han aprobado las de Canarias, que aprobó una nueva ley en julio de 2021 en sustitución de una que tenía desde 2014, y La Rioja, que dio el paso este febrero. Mientras, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI lleva nueve meses pendiente de poder avanzar en la tramitación tras su paso por el Consejo de Ministros.
Fue en junio de 2021, en la semana del Orgullo LGTBI, cuando el Gobierno dio por fin el visto bueno al texto tras las largas negociaciones y la tensión que desató entre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y la Vicepresidencia Primera del Gobierno, entonces en manos de Carmen Calvo, y el Ministerio de Justicia. El texto deberá volver a pasar por el Consejo de Ministros antes de tramitarse en las Cortes, pero aún el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal no han emitido sus informes preceptivos a pesar de que los plazos ya han culminado. La FELGTB, Fundación Triángulo y Chrysallis registraron la semana pasada un escrito para reclamar que dejen de dilatar la ley.
“Es urgente que la ley llegue, no puede ser que cada comunidad autónoma tenga una Ley LGTBI y Trans y no haya un paraguas estatal y un marco general de protección”, reclama José Sáenz, presidente del colectivo LGTBI Gylda, de La Rioja. Esta ha sido la última comunidad en aprobar una norma de este tipo “tras un proceso largo y tedioso” que se ha alargado durante siete años. La Rioja se sumó así el pasado febrero a otras 13 autonomías; únicamente Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla carecen de leyes, que sí han visto la luz en el resto de comunidades desde 2014 hasta hace apenas un mes.
El modelo no es igual en todas: algunas cuentan con dos legislaciones diferenciadas, una para las personas trans y otra para las LGTBI, mientras que otras tienen un solo texto, pero en general despliegan un abanico de medidas en diferentes ámbitos. Prohíben, por ejemplo, las terapias para revertir la homosexualidad y la transexualidad y posibilitan a las personas trans acceder a algunos derechos sin obligarles a cumplir requisitos médicos, entre ellos, el cambio de nombre y sexo en documentos que son de su competencia, como la tarjeta sanitaria o el abono transporte. También impulsan la formación de los profesionales sanitarios y educativos y la adopción de protocolos en entornos escolares para garantizar que los menores sean tratados de acuerdo a su identidad al ser nombrados o en el uso de baños y vestuarios.
Aunque la principal demanda de los colectivos es que las normas no queden en papel mojado y se cumplan, consideran un avance la incorporación del principio de autodeterminación de género a los textos, es decir, el derecho a que las personas trans sean reconocidas sin necesidad de requisitos médicos, judiciales o la aprobación de terceros. Es algo que contemplan casi todas las normas, a excepción de Galicia, donde los colectivos piden una norma más ambiciosa, y Catalunya. Esta última, aunque no incluye como tal el principio, en la práctica no está solicitando condiciones de este tipo a las personas trans para ejercer sus derechos.
Este, el de la autodeterminación de género, fue precisamente el principal escollo que se dio en la negociación para la ley estatal, aunque finalmente sí se incluyó este principio. Es decir, las personas trans no tendrán que presentar informes psicológicos ni someterse a tratamientos médicos para cambiar su sexo legal, algo a lo que ahora están obligadas. En el marco autonómico las implicaciones son diferentes porque no hay competencias para reconocer el derecho a modificar la mención del sexo en el Registro Civil, pero sí para cambiar documentación en el ámbito de sus funciones.
Los equilibrios políticos
“Los derechos de las personas trans no pueden esperar más”, demanda Sergio Siverio, presidente de la asociación LGTBI canaria Diversas. Los colectivos temen que el texto, al que aún le queda para ser ley el paso por el Congreso y el Senado, se encalle. Y pide agilidad a las instituciones para que los derechos LGTBI “estén blindados” cuanto antes ante “la amenaza” de que los pactos entre la extrema derecha y la derecha –como ha ocurrido en Castilla y León– se generalicen. De hecho, Vox ya ha recurrido la norma autonómica canaria, que ha calificado de “aberrante”. Siverio se muestra confiado: “No nos extraña que la hayan recurrido porque es la primera que se aprueba desde que tienen 50 diputados en el Congreso y porque está recurriendo todas las normas que reconocen derechos a colectivos vulnerables, pero estamos plenamente convencidos de su constitucionalidad”.
Tanto en Asturias como en Castilla-La Mancha se están tramitando proyectos de ley de diversidad sexual, pero la situación es diferente en Castilla y León. “El proceso ha sido desesperante y la situación de las personas LGTBI aquí es de total indefensión”, cuenta Pedro Azaola, presidente de la asociación Chiguitxs LGTB+ de Palencia. Cuando los colectivos comenzaron a negociar con los partidos el impulso de una ley, eran solo cinco las comunidades que la habían aprobado. Han pasado seis años y no ha salido adelante. Ahora, con Vox en el Gobierno, los colectivos son pesimistas, aunque cuentan “con hacer una presión tremenda”.
A punto estuvo de aprobarse la norma en la pasada legislatura, con el Gobierno de PP y Ciudadanos. Entonces los colectivos volvieron a retomar el texto del anterior mandato y el PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL lo presentaron. Sin embargo, Ciudadanos acabó descolgándose del texto y pasó a respaldar la iniciativa planteada por el Partido Popular desde la Junta, que no cumplía las expectativas de la federación LGTBI. Aun así, el texto “quedó en un cajón”, denuncia Azaola, hasta el adelanto electoral que ha permitido por primera vez la entrada de la extrema derecha en un Gobierno.
La posición de los populares respecto a estas leyes ha sido ambivalente. En algunas comunidades las han apoyado y en otras han votado en contra. Es el caso de la Comunitat Valenciana, donde el PP rechazó en 2017 la ley propuesta por el Govern liderado por el socialista Ximo Puig. En La Rioja se ha abstenido, una posición que también ha replicado Ciudadanos, pero solo unos meses antes ambos apoyaron la norma en Cantabria o en Canarias. El PSOE, por su parte, ha impulsado todas las normativas de este tipo. De hecho, la andaluza fue la primera ley que incorporó la autodeterminación de género como principio en 2014, con un Gobierno del PSOE e IU.
Sin embargo, según los colectivos, en algunas comunidades la posición de los socialistas durante los meses en los que se estaba negociando la ley trans estatal estuvo condicionada por este conflicto y la oposición de la Vicepresidencia Primera del Gobierno a la autodeterminación de género. “Aquí hemos visto peligrar la ley trans porque se fue dilatando la ley. Hasta que el Consejo de Ministros no la aprobó, no se desatascó”, reconoce José Sáenz sobre la norma de La Rioja, la última en sumarse a la lista.
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