José Antonio Abella tiene 67 años y lleva cinco jubilado. Sus hijos son independientes, no tiene grandes gastos y disfruta de una pensión como antiguo médico rural con la que vive muy bien. “Es la máxima, 2.500 euros”, explica. Pero uno de esos giros de la fortuna que parece que solo le pueden pasar a otro ha dado al traste con esa situación idílica. Hace algo más de un año y medio le diagnosticaron un cáncer de colon metastásico con una mutación especial y de muy mal pronóstico. Hay una combinación de fármacos de segunda línea, cuando ha fallado el primer tratamiento, que mejoran la supervivencia. Está aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), pero ni el Ministerio ni las comunidades autónomas lo cubren. Cuesta casi 6.000 euros al mes, que José Antonio paga de su bolsillo. “Yo soy un privilegiado y tengo ahorros para ir tirando 10 o 12 meses. Cuando pase ese tiempo tendré que decirle al oncólogo que hasta aquí hemos llegado, pero ¿qué pasa con quien no se lo puede permitir?”, lamenta.
El cáncer colorrectal es uno de los que presenta mayor incidencia, tanto en España como en el mundo. Para este año, la Sociedad Española de Oncología Médica calcula que se diagnosticarán 28.465 nuevos tumores de colón y otros 14.256 de recto. La tasa de supervivencia de estos pacientes ha mejorado mucho en los últimos años, sobre todo si se detecta a tiempo. El 91% viven más allá de los cinco años, el tiempo que se toma de referencia. Pero el de José Antonio es especial. Es un tumor metastásico con mutación BRAF V600E, una característica que lo hace mucho más agresivo y que afecta a entre un 6% y un 8% de los pacientes.
“Primero me operaron y fue un éxito. Me quitaron parte del colon y tres metástasis hepáticas, pero, para mi sorpresa, en menos de un mes habían aparecido otras tres nuevas. Fue un palo muy grande”, explica Abella en conversación con elDiario.es. Después, comenzó la primera línea de tratamiento, con quimioterapia, y esas tres nuevas metástasis volvieron a desaparecer en un año. “Estaba en estadio cuatro, donde la expectativa de vida viene a ser de uno o dos años, pero tuve otro contratiempo que habitualmente ocurre: el veneno que te dan para salvarte también puede matarte”, continúa. Así, tuvo que suspender ese abordaje y es en la segunda línea donde se dio de bruces con el muro de la cartera básica de servicios del sistema sanitario.
En el hospital te dan un informe en el que razonan por qué necesitas ese tratamiento, lo presentas y un día te llega una carta diciendo que ha sido denegado porque no lo cubre la sanidad pública
Como funcionario, José Antonio optó en su día por Muface y una de las aseguradoras que el Estado paga a estos trabajadores, en lugar de la seguridad social. “En el hospital te dan un informe en el que razonan por qué necesitas ese tratamiento, lo presentas y un día te llega una carta diciendo que ha sido denegado porque no lo cubre la sanidad pública”, desarrolla. El tratamiento en cuestión es una combinación de dos fármacos, cetuximab y encorafenib, que, curiosamente, Sanidad sí financia por separado para otras patologías, pero no de forma conjunta para los pacientes con cáncer colorrectal metastásico con mutación BRAF V600E.
“Un beneficio importantísimo”
La jefa de sección de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Pilar García Alfonso, participó en el estudio Beacon, con más de 600 voluntarios, diseñado para evaluar la eficacia de este combo en este grupo concreto de pacientes. Es el primero de estas características para este subgrupo y “demostró un beneficio importantísimo en supervivencia en un tumor que tiene una agresividad tremenda y donde muchas veces ni siquiera puedes llegar a la segunda línea”, explica. Los investigadores compararon la combinación de tres y dos fármacos con el grupo de control, a quien se le suministraba quimioterapia estándar y cetuximab. “En ambos hubo un beneficio significativo y, por simplicidad y algo menos de toxicidad, se consideró que el encorafenib y el cetuximab debía ser el tratamiento de referencia”, señala la experta.
El estudio con terapia dirigida arrojó una mediana de supervivencia general de 8,4 meses, frente a los 5,4 meses del tratamiento estándar, y una media de 9,3 meses, frente a los 5,9 del que financian Sanidad y la comunidades autónomas, además de una mejora en la calidad de vida de los pacientes. “Cuando hablamos de supervivencia mediana, hablamos de un punto de la curva, pero hay pacientes que a lo mejor iban a vivir dos meses y vivieron dos años”, explica el presidente del Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos, Enrique Aranda, que considera que la mejora de esta combinación es notable en términos porcentuales. De media, alarga la vida casi un 50% más.
La combinación de encorafenib y cetuximab cuenta con la indicación aprobada por la FDA, el regulador estadounidense, y la Comisión Europea para los pacientes con cáncer colorrectal metastásico y mutación BRAF V600E que hayan recibido tratamiento previo, y con la aprobación en España de la Aemps. Además, se incluye en las guías de las sociedades médicas, como la Sociedad Española de Oncología Médica y la European Society for Medical Oncology. Pero ni Sanidad ni las comunidades autónomas han aprobado su inclusión en el sistema público. Quien tenga dinero, puede pagárselo de su bolsillo y alargar su vida. Quien no tenga recursos, deberá conformarse con el que ofrece la sanidad pública, con peores resultados.
La Comisión Interministerial de precios de los medicamentos, en la que participan Sanidad y las comunidades autónomas, trató la inclusión de esta combinación de fármacos para los pacientes con esta mutación en septiembre de 2021 y en marzo de 2023. El desenlace fue similar en ambos casos: “La Comisión acuerda proponer a la Dirección General la no inclusión de este medicamento en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta la existencia de medicamentos y otras alternativas terapéuticas similares a menor precio o inferior coste tratamiento, así como criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario”. Desde el ministerio señalan a esta redacción que “no ha sido probada una mejora sustancial de los resultados respecto a otros tratamientos ya existentes”.
Sin entrar a valorar el caso concreto, la responsable de incidencia política de la organización Salud por Derecho, Irene Bernal, explica que “el Ministerio puede considerar que en términos generales una necesidad está cubierta para un grupo de pacientes, pero igual hay un subgrupo, con una diana más pequeña, para el que se fármaco que ha considerado Sanidad no cubre la necesidad”. En cualquier caso, esta investigadora señala que las negociaciones entre las administraciones y las farmacéuticas son muy diferentes porque las casuísticas son distintas en cada caso. “Normalmente, la Comisión (Interministerial de precios) se suele reunir una vez al mes o cada dos meses y, a partir de los dossiers que presentan las compañías y la propuesta de precio, toman la decisión de financiarlo o no, en función de una serie de elementos que están incorporados en la propia ley del medicamento”, explica. Estos tienen que ver con el impacto presupuestario, las alternativas o si cubre una necesidad.
Cuesta tanto avanzar en estos tumores difíciles que, cuando se logra, todos los pacientes deberían tener acceso
“Desde el punto de vista estadístico, cuando tienes un beneficio de cuatro meses en la supervivencia, tiene un impacto enorme”, reconoce García Alfonso, que indica que “antes de pasar por la Comisión, como todo el mundo tenía una visión muy positiva del tratamiento, se estaba utilizando por uso compasivo”, pero que esa vía se ha cerrado. “Las únicas alternativas que hay son las que conducen a esas supervivencias tan pobres”, coincide Aranda. Este experto recuerda que una de las estrategias del plan de lucha contra el cáncer de la Unión Europea es favorecer los avances en los cánceres de mal pronóstico y señala que “cuesta tanto avanzar en estos tumores difíciles, que cuando se logra todos los pacientes deberían tener acceso”.
Ganar terreno “poco a poco”
La Comisión Europea considera que “todas las personas deben tener el mismo derecho a una atención, un diagnóstico y un tratamiento de elevada calidad, así como el mismo acceso a los medicamentos y la misma esperanza de supervivencia, independientemente de donde vivan”. En septiembre de 2022, la Alianza General de Pacientes publicó su informe de inequidad sanitaria sobre la combinación de encorafenib con cetuximad, elaborado por el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la URJC, Ángel Gil, en el que indica que ya está disponible Alemania, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Grecia, República Checa, Austria, Finlandia, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza.
El informe, elaborado a petición de la organización Europacolon, estima que cada año serían víctimas de esta inequidad en el acceso al tratamiento unos 523 pacientes potenciales en España. Su presidente, Luis Miguel de la Fuente, recuerda que, “en oncología, se va ganando terreno poco a poco” y que la combinación de estos dos fármacos “reporta un beneficio importante de supervivencia en unos pacientes con un pronostico malísimo”. Por eso, desde las asociaciones de pacientes llevan meses reuniéndose con distintas administraciones y representantes políticos para tratar de buscar una solución que desbloquee la negativa. “Hemos estado en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en el Congreso con la portavoz del PP, en el senado con la del PSOE... pero no ha surtido efecto”, lamenta De la Fuente.
José Antonio siente esta situación como una “condena a muerte invisible”. No solo para él, también para ese otro medio millar de afectados potenciales por su misma mutación. “Si no te lo puedes pagar, adiós, tienes una esperanza de vida de entre tres y seis meses. Porque el ministerio lo autoriza, pero no te ayuda y cuesta casi 6.000 euros al mes. ¿Qué familia puede pagar eso? Si tienes unos ahorros, igual puedes aguantar unos meses, pero después, ¿qué ocurre con tu vida? Uno no puede morirse dejando a la familia en la ruina”, razona. Su hijo Héctor ha abierto una recogida de firmas en la plataforma change.org para que este tratamiento se financie por la sanidad pública, que lleva casi 40.000 adhesiones.
De momento, estas primeras semanas con el tratamiento pagado de su bolsillo están funcionando. “En 15 días de tratamiento, mis marcadores tumorales han bajado a límites normales. ¿No es motivo de esperanza en su eficacia?”.
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