Durante las últimas semanas se han producido varias polémicas que han abierto el debate sobre cómo gestionar los conflictos de intereses en el mundo de la divulgación científica. El pasado mes de junio, la conocida pediatra Lucía Galán fue señalada por promover en redes sociales una vacuna tras haber recibido dinero de una farmacéutica y también por comercializar su imagen para vender productos para bebés. Apenas unos días más tarde, algunos de los divulgadores más conocidos en redes sociales, como José Miguel Mulet o Deborah García, entre otros, fueron cuestionados por realizar publicidad para una empresa sanitaria sin decirlo explícitamente.
El debate de los conflictos de intereses en el mundo científico no es ni mucho menos nuevo y, de hecho, hace apenas unos días se supo que investigadores de centros públicos cobran “honorarios” de las farmacéuticas cuyas vacunas promocionan.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre investigadores y divulgadores y es que, aunque en España las empresas no están obligadas a mostrar públicamente los pagos que realizan a los científicos, estos sí están obligados por las revistas científicas a citar sus relaciones con la industria cuando publican algún estudio, algo que no se aplica a los profesionales que divulgan en redes sociales, lo que deja a sus seguidores sin conocer sus posibles conflictos de intereses.
La comunidad médica
Sobre la publicación de los conflictos de intereses en redes sociales apenas hay estudios, ya que la mayor parte de las investigaciones se han centrado en el mundo de la investigación y las revistas científicas. Sin embargo, debido a la importancia que han alcanzado las redes sociales a lo largo de la última década, algunos investigadores han empezado a advertir sobre el problema.
En 2013, Matthew DeCamp, profesor de bioética de la Universidad Johns Hopkins, alertaba en un artículo sobre la poca atención que la comunidad médica estaba dando a la transparencia en redes sociales y recordaba que “el hecho de no revelar los conflictos de intereses es una amenaza tanto para el paciente, como para la confianza en la profesión”.
Más recientemente, un equipo de científicos realizó un análisis sobre un grupo de especialistas médicos que tienen actividad en redes sociales. Según los autores de este estudio, publicado en una revista de la Asociación Médica Americana, “la mayoría de los médicos en Twitter con conflictos de intereses mencionan de forma frecuente medicamentos específicos con los cuales tienen un conflicto, pero casi ninguno revela estos lazos financieros”.
El potencial de las redes y de los divulgadores tampoco ha pasado desapercibido para la industria, que se ha acercado a aquellos profesionales que tienen un elevado número de seguidores, como la pediatra y divulgadora Lucía Galán, conocida como Lucía, mi pediatra y que acumula más de medio millón de seguidores en diversas redes sociales.
Esta especialista recibió el pasado año más de 5.000 euros de la farmacéutica GSK, propietaria de la vacuna contra la meningitis B que Galán recomienda frecuentemente en redes sociales, para ofrecer charlas sobre su experiencia tras haber superado una sepsis meningocócica. En declaraciones a este diario, la pediatra asegura que nunca se ha visto “coaccionada” por ninguna empresa y que su mensaje “es y será siempre el mismo, en favor de la ciencia y la evidencia científica”.
Una práctica cada vez más frecuente
El acercamiento de la industria a Galán no es un caso aislado. “A mí GSK me contactó cuando tenía unos 10.000 seguidores y, a pesar de que no tengo nada que ver con las vacunas, me ofrecieron dar una charla”, asegura a eldiario.es Alberto García Salido, pediatra y colaborador en varios medios de comunicación.
“Mi primera reacción fue positiva, porque estas ofertas alimentan tu ego”, asegura, “pero empecé a tener dudas y finalmente les llamé y les dije que me bajaba del barco, porque prefería recomendar la vacuna de forma libre y sin ninguna vinculación con la empresa”. Sin embargo, García reconoce que “cada vez hay más compañeros que se suman a esas charlas y entonces empiezas a plantearte si esa adherencia va vinculada a la remuneración recibida”.
A pesar de ello, García defiende que “Lucía es una persona que informa fenomenal y que dice cosas muy sensatas”, aunque también destaca el hecho de que “ha sido inteligente porque ha sabido generar una imagen de marca que le ha permitido abrir su propia clínica y vender libros, biberones, etc.”.
Esta faceta comercial de Galán, que ofrecía una línea de productos para bebés con su propio nombre, que ya ha retirado del mercado, también ha sido cuestionada por otros especialistas, ya que la autoridad de los facultativos hace que sus recomendaciones tengan un peso importante para la mayor parte de los ciudadanos, incluso cuando no recomiendan productos bajo prescripción médica.
Sobre esta cuestión, la responsable de normativa del Consejo Médico General de Reino Unido, Victoria Moore, aseguraba en un artículo reciente, publicado en el British Medical Journal, que los médicos “deben tener cuidado de nunca abusar de esa confianza para beneficio personal” y que, “ya se trate de un anuncio de televisión o de un post de Instagram”, la información debe ser “objetiva” y “no debe explotar la falta de conocimientos médicos del paciente”.
También la Asociación Médica Americana recomienda a los facultativos ofrecer únicamente productos cuyos beneficios han sido verificados y “revelar plenamente la naturaleza de su interés financiero”. Además, la institución norteamericana recomienda “distribuir productos gratuitamente”, ya que de esta manera se eliminan los elementos de beneficio personal “que pueden interferir con el juicio independiente del médico”.
Acusaciones de publicidad encubierta
La publicidad encubierta es otra de las polémicas que ha afectado a varios divulgadores durante las últimas semanas, ya que algunos de ellos publicaron varios mensajes sobre una empresa de sanidad privada sin advertirlo explícitamente. Una de las participantes en la campaña fue la química y divulgadora Deborah García que, tras iniciarse la polémica, decidió borrar los anuncios. García no ha ofrecido ninguna explicación al respecto, ni ha querido responder a las preguntas de este diario.
Otro de los divulgadores que participó fue José Miguel Mulet, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y autor de varios libros de divulgación sobre transgénicos, alimentación y vida saludable. Mulet ha asegurado a este diario que no entiende la polémica generada, porque “es la octava o novena vez que hago publicidad en Twitter en los últimos seis años y nunca había pasado nada”.
A pesar de ello, reconoce que fue un error no decir explícitamente que era publicidad, tal y como exige la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que establece multas para aquellos que hagan publicidad sin distinguirla del resto de contenido. “Fue una metedura de pata, pero fue por desconocimiento, porque era más que evidente que se trataba de publicidad”, afirma el biotecnólogo.
Sobre el problema de los conflictos de intereses en redes sociales, Mulet asegura que “es algo delicado, porque no ha habido control y ahora está surgiendo el debate”, pero afirma que “en esto caso no ha habido ningún conflicto porque yo no soy médico ni trabajo en sanidad” y asegura que “no haría publicidad de Monsanto o de ninguna otra empresa relacionada con transgénicos porque ése es mi ámbito profesional y ahí sí habría un conflicto de intereses”.
Los límites de la transparencia
Aunque todos los comunicadores consultados por este diario consideran que la publicación de los conflictos de intereses es importante, no todos tienen la misma opinión sobre el nivel de transparencia que deben alcanzar. “Tiene un límite porque me puede afectar a mi trabajo”, cuenta a este diario Gemma del Caño, una conocida divulgadora en el campo de la alimentación. “Si alguien sabe cuál es mi sector ¿puede llegar a influir en mi empresa para que me despidan? Esa es mi duda”.
Del Caño considera que “es importante que la gente sepa que trabajo para la industria y así lo digo siempre”, pero no cree “que sea importante saber cuál es el nombre de la empresa”. Además, al no decir el nombre, asegura esta divulgadora, “puedo hablar de forma mucho más libre y criticar a la industria cuando hace las cosas mal”.
Para Miguel Ángel Lurueña, consultor de alimentación y divulgador conocido por su blog Gominolas de petróleo, la transparencia, sin embargo, es algo “fundamental”. “Creo que siempre hay que declarar los conflictos de interés y en mi blog tengo un apartado específico donde siempre dejo claro de quién recibo dinero y con quién colaboro”, cuenta a eldiario.es.
La credibilidad
En los debates suscitados durante las últimas semanas también se ha puesto en duda la credibilidad de los propios divulgadores. Algunos comunicadores consideran que la falta de transparencia tiene un efecto negativo, como la médica Esther Samper, que aseguró en un artículo publicado en su blog que poner publicidad es “un suicidio profesional”, ya que “alguien que se decide a emplear su valioso tiempo para leerme, me está dando su voto de confianza y no espera que le cuele publicidad como información”.
Mulet asegura que su credibilidad solo se vería afectada “si dijera cosas que son mentira, no por hacer publicidad”. Del Caño, por su parte, asegura que, a pesar de que lo considera “un error”, los divulgadores “no se merecen que les echen su credibilidad por tierra por hacer un anuncio”, mientras que Lurueña critica que “a veces se exige un grado de pureza que es imposible de conseguir”.
García Salido, por su parte, asegura que no es fácil comprender y gestionar el impacto que tienen las redes sociales. “Lo de Twitter se me ha ido de las manos”, reconoce, “y llega un momento que te das cuenta de que tienes que ser mucho más cuidadoso con lo que dices”. Al final, concluye este pediatra, “creo que lo que ha pasado estos días nos debe enseñar dónde estamos, la influencia que tenemos y, sobre todo, que debemos cuidar esa influencia”.