La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, que entre otras cosas devuelve a las jóvenes de 16 y 17 años el derecho a abortar sin permiso paterno, ha recibido este jueves el respaldo del Congreso. Solo las derechas, PP, Vox y Ciudadanos, se han opuesto a la norma, que ahora sigue su camino hacia el Senado antes de su aprobación definitiva. El texto, que modifica la ley de 2010 con el propósito de ampliar el derecho al aborto, ha salido adelante con 190 votos a favor, 154 en contra y cinco abstenciones.
“Hoy damos un paso muy importante para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. En un contexto de ofensiva reaccionaria, el feminismo sigue siendo el principal impulso democratizador de nuestra sociedad”, ha dicho la ministra Irene Montero al final del debate. Montero ha tenido palabras de agradecimiento para el movimiento feminista, el Tren de la Libertad que frenó el intento de reforma de Gallardón, la primera ministra de Igualdad, Bibiana Aído, o el Gobierno socialista de Zapatero “por la ley de 2010”. “Sin ese paso tampoco existiría este”, ha reconocido.
Cuando llegue al Boletín Oficial del Estado, la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad dará marcha atrás al recorte en derechos a las chicas de 16 y 17 años que el Partido Popular consagró en 2015. Un cambio que han destacado como una deuda pendiente todos los grupos que la han respaldado. “Casi solo por eso valdría la pena votar a favor”, ha dicho la diputada de ERC Pilar Vallugera. La socialista Pilar Rosa ha asegurado que “repara la injusticia que el PP cometió”, lo que fue “una gran irresponsabilidad política que lo único que hizo fue abocarlas a abortos clandestinos”.
Igualdad inició los trabajos de la reforma hace algo más de un año y el Consejo de Ministros envió el proyecto al Congreso el pasado agosto, tras un proceso en el que volvieron a hacerse evidentes las diferencias con el PSOE en algunas cuestiones como las bajas por reglas dolorosas, que finalmente acabaron incluyéndose.
La norma pretende acabar con “los obstáculos” que han encontrado las mujeres en el acceso al aborto. Y para ello establece que las intervenciones deberán llevarse a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado acreditado. Además, se regula la objeción de conciencia con la creación de un registro y obliga a que en todos los centros públicos haya siempre profesionales suficientes para llevar a cabo el servicio. Actualmente, hasta el 84% de los abortos se realiza en clínicas concertadas y miles de mujeres deben salir de sus provincias para interrumpir su embarazo.
También suprime los tres días obligatorios de reflexión antes de abortar y el requisito de entregar a las mujeres un sobre cerrado con información sobre ayudas a la maternidad, que pasará a ser opcional. “Cuando decidimos abortar vamos pensadas de casa”, ha justificado la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón. Además, se reconoce el derecho a la salud menstrual por primera vez en una ley “como parte inherente del derecho a la salud sexual y reproductiva”, se regulan las incapacidades por reglas dolorosas y se garantiza la educación sexual en las escuelas.
Las “cuestiones pendientes”
El debate ha estado marcado por la reivindicación del derecho al aborto de las diputadas a favor del texto, que han terminado sus intervenciones enunciando “viva la lucha feminista”, frente a la oposición de las derechas. “Lo hemos repetido en una infinidad de veces y lo seguimos diciendo: que quede claro que nosotras decidimos y no necesitamos permisos ni que se nos capacite desde instancias externas. Algunos opinan que quienes defendemos el aborto libre y gratuito no valoramos la vida y eso no es así. Porque valoramos la vida, la vida digna para las madres y sus criaturas, pensamos que tenemos derecho a decidir”, ha afirmado Bel Pozueta, de Bildu.
Sin embargo, todos los grupos han considerado que quedan cuestiones pendientes que han defendido desde la tribuna. Tras su paso por la Comisión de Igualdad, se han incorporado algunos cambios, entre ellos que los médicos objetores no puedan formar parte de los comités clínicos que deciden en los abortos de más de 22 semanas. Pero los partidos mantienen vivas varias enmiendas más que ahora tendrá que ver el Senado.
Una crítica común ha sido la de la ausencia del término “violencia obstétrica” en la norma, que sí estaba en los primeros borradores que manejaba Igualdad. Lo que contempla finalmente es un paquete de medidas para combatirla bajo el epígrafe “garantía de los derechos en el ámbito ginecológico y obstétrico”. En este punto se ha detenido la republicana Vallugera, que ha resalado la importancia de “llamar a las cosas por su nombre para identificarlas y batallarlas”, al tiempo que ha lamentado que “por motivos corporativistas”, el término acabara cayéndose de la ley, en referencia a los colegios de médicos que se opusieron en su momento.
La inclusión de la gestación subrogada en la ley como una forma de violencia y la consideración de su publicidad como ilícita también ha sido reprobada por partidos como Ciudadanos, PNV o Junts. La formación naranja es defensora de su regulación y asegura que la norma “provoca una absurda criminalización”, lo que, a pesar de mostrarse favorable con el resto de la ley, ha motivado su voto en contra. Para el peneuvista Joseba Agirretxea se trata de “una cuestión más ideológica que pragmática” mientras que Pilar Calvo, de Junts, considera que “genera un estigma sobre esos niños a quienes se les está diciendo que son fruto de una violencia sobre su madre biológica”.
Las derechas acusan al Gobierno
Las críticas más duras y contundentes han venido de la bancada del PP y Vox, que se han basado en el informe del Consejo General del Poder Judicial que aún no se ha votado pero del que ya se conoce su contenido. El órgano ha cargado contra la eliminación de los tres días de reflexión, que ha defendido la popular Teresa Angulo para lograr “una adecuada formación de la voluntad” y la adopción “de una decisión meditada”. También, el igual que el CGPJ, ha criticado que se elimine el sobre con información y ha cargado contra el registro de objetores de conciencia. La reforma, ha dicho, “rezuma hostilidad a los profesionales sanitarios” y “tiene un sospechoso tufo a lista negra”.
Buena parte de la intervención de la diputada del PP la ha usado para afear al Gobierno “su falta de diálogo” y de “reflexión serena” y le ha acusado de obviar a los expertos. “Un modus operandi que ya vemos qué consecuencias tiene con la ley del solo sí es sí”, ha añadido antes de calificar la norma de “chapuza legislativa, innecesaria e inoportuna”.
Si los populares no han querido entrar a cuestionar el derecho al aborto en España, todo lo contrario ha hecho Vox, que ha definido lo que hacen las mujeres que abortan como “la eliminación de la vida de su hijo”, en palabras de Lourdes Méndez. “Esta modificación es un atentado contra el derecho fundamental a la vida”, ha afirmado la parlamentaria de extrema derecha, que ha asegurado que “la mayoría” de mujeres que interrumpen su embarazo “lo hacen presionadas” y la ley “no les ofrece ninguna alternativa” más allá que “la muerte implacable del feto”.