El Congreso aprueba la nueva ley universitaria

Casi tres años después de que el anterior ministro, Manuel Castells, empezara a hablar de renovar normativa universitaria, el Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con 176 votos a favor (necesitaba 176), 156 en contra y 11 abstenciones (han faltado cuatro votos de los 350 totales). Lo ha hecho tras aprobar dos enmiendas menores (una sobre gobernanza y otra sobre presupuestos) a última hora y con el apoyo a la ley de los partidos que habitualmente secundan al Gobierno (PSOE, UP, ERC, PNV, Más País-Equo) y otras formaciones como PdCat y con el rechazo de la derecha (PP, Vox, Ciudadanos), BNG y CUP. Bildu, Junts y Coalición Canaria se han abstenido.

El texto pasará ahora al Senado, donde –a tenor de las intervenciones de unos y otros durante el último debate de la ley este pasado miércoles– aún es susceptible de ser modificada. Si se aprueban cambios en la Cámara Alta, la norma volverá al Congreso, que deberá validarlos o rechazarlos y la dejará definitivamente aprobada. Con la actualización de la normativa, el Gobierno completa su reforma educativa integral, al menos en cuanto a leyes se refiere: en esta legislatura se ha renovado la ley de Educación (Lomloe), la de Formación Profesional y la de Ciencia.

La nueva ley pretende mejorar la situación de precariedad que viven muchos profesores en los campus derivada de la anterior crisis, intenta poner coto a la endogamia y favorecer la igualdad, además de topar los precios universitarios y cambiar el sistema de elección del rector, entre otras medidas que puedes consultar aquí.

De “reconoce la diversidad” a “es insuficiente”

Durante el debate de este miércoles, el ministro Subirats destacó que la LOSU “reconoce la diversidad del sistema universitario, democratiza el acceso, garantiza estándares de calidad en docencia, investigación y transferencia” y limitará la temporalidad, entre otras cuestiones. Entre los partidos que la apoyan se escucharon argumentos como que la norma “supone una mejora respecto a la anterior” (ERC) o que presenta “avances significativos y no impide el desarrollo normativo que nuestros sistemas universitarios requieren para avanzar (PNV). El PSOE ha subrayado que la LOSU significa ir a ”más calidad y con mejores derechos laborales“.

Desde los partidos situados más a la izquierda del Congreso, que han rechazado la norma, se ha criticado, que la ley es “insuficiente e inadecuada y sirve para impulsar la privatización por varias vías”, como igualar derechos para universidades públicas y privadas, pero no obligaciones (BNG), o la falta de una memoria económica que garantice la mejora propuesta de las condiciones laborales de los profesores asociados (CUP). El PRC también votará en contra, muy crítico con que “la mayoría de las enmiendas [aprobadas durante el trámite parlamentario] son concesiones a sus socios de investidura”.

Desde el otro lado –ideológico– de la Cámara, el PP ha lamentado que la ley “no es de consenso” y ha calificado la ley de “paradoja”. “Es la ley antisistema universitario”, ha sostenido la diputada popular María Jesús Moro, en alusión a que la apoyan partidos como ERC.