Las claves de la nueva ley universitaria, que intentará atajar la precariedad en los campus

El Congreso ha dado el primer paso hacia la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que más de 20 años después va a sustituir a la LOU. Para que el texto sea una realidad aún debe pasar por el Senado, un trámite que el Gobierno tiene amarrado, a tenor de los apoyos que ha recibido el texto en la Cámara Baja. El Ministerio de Universidades calcula que la reforma legal podría ser una realidad hacia finales de febrero.

La nueva ley se ha propuesto reducir la alta temporalidad en los campus derivada de la crisis de 2008 y que se ha personificado en los profesores asociados, simplifica la carrera docente y establece medidas contra la endogamia universitaria y la desigualdad; limita el precio de las tasas universitarias; fija un mínimo de inversión en el sector; y regula los paros estudiantiles, entre otras cuestiones diversas como la prohibición de que los colegios mayores se adscriban a universidades públicas o una apuesta por una mayor internacionalización.

Estas son algunas de las claves de la nueva ley, que aún pueden ser modificadas en el Senado.

Tasas topadas

Una de las últimas novedades: la ley prohíbe que suban las tasas universitarias. Solo podrán mantenerse o bajar, en la línea de una medida acordada hace ya dos años por el ministerio y casi todas las comunidades autónomas. Hasta ahora la decisión base sobre el precio de las tasas se tomaba en la Conferencia General de Política Universitaria –el órgano que reúne a la administración estatal con las autonómicas– y podía ser tanto en el sentido de subirlas como de bajarlas. Ya solo podrán ir en una dirección.

Una financiación mínima

Por primera vez, una norma universitaria fija un mínimo de inversión para el sector. Será del 1% del PIB, una cantidad que se enmarca en el compromiso global del Gobierno de destinar el 5% del Producto Interior Bruto a la Educación, plasmado en la Lomloe.

Medidas contra la precariedad del profesorado

Es quizá una de las principales apuestas de la ley, aunque no todos creen que se ha resuelto bien. Los años de crisis post 2008 precarizaron a gran velocidad los cuerpos docentes e investigadores universitarios. Ante la imposibilidad de sustituir las jubilaciones o contratar gente nueva, la rendija que encontraron las universidades en buena medida fue contratar profesores asociados, una figura pensada como docente especialista puntual que acabó sosteniendo la docencia en los campus a cinco euros la hora de clase.

La LOSU plantea que convertir muchas de las plazas que ocupan estos profesores en fijas y les darán oportunidades para ocuparlas, por ejemplo estableciendo como “mérito preferente” en los concursos de acceso a plazas de Ayudante doctor o figuras equivalentes “haber desempeñado (...) al menos cinco cursos académicos de los últimos siete años a través de los contratos de profesorado asociado u otros contratos de duración igual o inferior a un año”, según establece la disposición transitoria octava.

El tope temporalidad en las universidades baja del actual 40% –que actualmente se incumple– al 8%.

También se intenta racionalizar la carrera académica, actualmente llena de figuras laborales. Se simplifica a tres etapas (acceso, estabilización y promoción) y se impone el límite de 10 años para la estabilización de las plazas. El contrato de acceso (de ayudante doctor) durará seis años (ahora son cinco), se elimina la acreditación que se exigía hasta ahora y dará paso a la estabilidad, por la vía funcionarial (profesor titular) o la laboral.

Y contra la endogamia

La LOSU pretende combatir la endogamia imperante en los campus (más del 70% del profesorado trabaja en la misma universidad en la que leyó la tesis) cambiando las comisiones de selecciones que otorgan las plazas que salen a concurso: se invertirán las mayorías para que haya más personal ajeno a la universidad, que será elegido por sorteo a partir de una bolsa, para evitar que se favorezca al candidato de la casa.

Para reforzar esta lucha contra la endogamia, el texto contempla que cada convocatoria de plazas que realicen las universidades “deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el diario oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, así como en una base de datos pública de concursos de personal docente e investigador del Ministerio de Universidades” para que todas las personas interesadas puedan presentarse a esa plaza.

Fomento de la igualdad

El texto contempla también la posibilidad de establecer medidas de acción positiva “en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador” –que no especifica– “para favorecer el acceso de las mujeres”, aunque a continuación matiza que realmente podrán ser para el sexo que se encuentren en minoría. Dice así el artículo 65.1: “Se podrán establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate”.

Una nueva figura docente

La LOSU crea una nueva figura universitaria, la del Profesor Distinguido. Por esta figura, las universidades podrán “contratar bajo esta modalidad a docentes e investigadoras e investigadores, tanto españoles como extranjeros, que estén desarrollando su carrera académica o investigadora en el extranjero, y cuya excelencia científica, tecnológica, humanística o artística sea reconocida internacionalmente”.

Este tipo de contrato, que suena similar al del profesor visitante, otro coladero de docentes durante las crisis por tener un carácter discrecional. Para estos, la nueva ley se limita a estipular que puedan “contribuir significativamente al desempeño del departamento o facultad”, y pone un año como duración máxima de sus contratos (ahora son dos). Los Distinguidos podrán estar entre uno y tres (excepcionalmente cuatro).

Cambios en la elección de rector y la gobernanza

Una de las cuestiones que más titulares que provocado. El sistema de elección del máximo mandatario ha ido evolucionando en las diferentes versiones de la ley hasta llegar al actual modelo: se elimina el requisito de ser catedrático y podrán dirigir los campus trabajadores laborales, lo que abre la puerta a una mayor profesionalización del cargo. Además, tendrán un mandato único para evitar las disfunciones que genera la perspectiva de repetir, pero se alarga hasta los seis años.

Huelgas de estudiantes y representatividad

La norma recoge el derecho de los estudiantes de realizar paros académicos (las huelgas son para los trabajadores). Las universidades tendrán que desarrollar la normativa que los ampare, pero no podrán realizarse en fechas señaladas para la evaluación.

También se fija en el texto la representatividad que tendrán los estudiantes en los distintos órganos de gobierno de los centros, hasta ahora no establecidas. Serán como mínimo un 25% en el claustro, un 10% en el Consejo de Gobierno y un 25% en los consejos de facultad y departamento.

El fin de los colegios mayores segregados

La LOSU ha incluido una enmienda de Más País por la que se prohíbe que los colegios privados no mixtos o segregados se adscriban a universidades públicas y con ello obtengan los beneficios asociados a estarlo, como por ejemplo exenciones fiscales. Esta medida afectará a la mitad de estos centros, que tendrán que decidir si mantienen su modelo y se quedan sin universidad pública a la que asociarse o se pasan a una privada.

Más internacionalización

Otro de los aspectos en los que incide la ley. La idea, según ha insistido el ministro estos días, es mejorar la movilidad del estudiantado (tanto desde España como hacia España), profesores e investigadores y personal administrativo y de servicio.

Entre las medidas contempladas, la LOSU dará más libertad a las universidades para crear planes conjuntos y alianzas con otros centros europeos y el estudiantado extranjero podrá optar a un visado de dos años tras sus estudios para hacer prácticas o trabajar.

Formación a lo largo de la vida y microformaciones

Universidades lleva tiempo explicando que quiere ampliar los usos de la Universidad y abrirla a los trabajadores para impulsar la formación a lo largo de la vida. Para ello, introduce la posibilidad de crear “microcredenciales, microgrados u otros programas de corta duración”, en línea con la propuesta de la nueva ley de FP, que también ha establecido una formación modular que permita realizar cursos más breves que los módulos de dos años.