La primera ley estatal LGTBI comienza a dar sus primeros pasos. El Congreso votará este martes la toma en consideración de la norma, que será defendida por Unidos Podemos en el pleno, para comenzar el posterior trámite parlamentario. La mayor parte de partidos, entre ellos PSOE y Ciudadanos, ya anunciaron su apoyo hace unos meses, salvo el PP, que no ha confirmado todavía su postura, pero sobre el que planea la posibilidad de la abstención.
El proyecto de ley, redactado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB), fue presentado a las formaciones hace un año, cuando comenzaron a definir sus posiciones. El objetivo es establecer un marco contra la LGTBIfobia que haga frente a las discriminaciones que todavía sufre el colectivo para asegurar, reza el proyecto de norma, que “en el estado español se pueda vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad”.
“No entendemos que el PP no manifieste un sí explícito porque para asistir en la cabecera de la manifestación del WorldPride todos los dirigentes, incluido Javier Maroto, firmaron un documento en el que se comprometían a apoyar la ley”, explica Jesús Generelo, presidente de la FELGTB. “El Orgullo no es solo una foto, debe haber un mensaje social detrás”, prosigue.
El colectivo confía en que el proceso parlamentario que comienza ahora no rebaje demasiado el contenido de esta ambiciosa ley –compuesta por 99 artículos– llamada a irrumpir en diversos ámbitos en línea con las normas contra la LGTBIfobia aprobadas en los últimos años en varias autonomías. “Llevamos mucho tiempo de igualdad legal, pero estamos viendo que cambiar las estructuras que hacen que la LGTBIfobia esté tan fuertemente enraizada en la sociedad es muy difícil sin herramientas para que esto suceda”, resume Generelo.
La sombra de la polémica
El proceso de negociación de la ley no ha estado exento de polémica, que saltó el pasado mes de mayo, cuando Unidos Podemos la registró en el Congreso. En concreto, las críticas estaban dirigidas a los artículos referidos a las sanciones e infracciones. Por un lado, el que posibilita la destrucción, el decomiso o borrado de documentos, libros o artículos y que, tras unos días, la formación anunció que retiraría.
Por otro, la polémica se dirigió contra el régimen sancionador que pretende castigar por vía administrativa las ofensas al colectivo, por ejemplo, en redes sociales. Las sanciones contemplan multas por “proferir, por cualquier medio o procedimiento, expresiones, imágenes o contenidos gráficos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias, por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.
Estos apartados provocaron un aluvión de críticas por parte de colectivos en defensa de la libertad de expresión, como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) o el bufete Almeida. La redacción original del texto todavía mantiene estos artículos, pero Unidos Podemos se ha comprometido a presentar una enmienda para retirarlos: “Nos parece de justicia”, explica la diputada Mar García Puig.
Puig, que será la encargada de defender la norma en el pleno, pide al PP su voto a favor porque “hay un amplio consenso social que debe mostrarse también en el hemiciclo”, afirma.
Discriminaciones que dejarán de serlo
El sistema educativo se erige como una de las claves del texto con la puesta en marcha de un plan integral sobre educación y diversidad. Algo que, hasta ahora, depende de la voluntad del propio profesorado o centro. Entre las medidas diseñadas se incluye la formación de maestros y maestras, el desarrollo de acciones de sensibilización con familias o la revisión del material didáctico. Cada curso son muchas las familias ajenas al modelo tradicional que lamentan estar excluidas de los libros de texto que usarán sus hijos e hijas.
Para la abogada Charo Alises “la educación es la base” y la falta de diversidad afectivo sexual en las aulas está conectada de manera directa con el acoso homófobo y tránsfobo. Esta es otro de los objetivos de la norma, que diseña un protocolo para los casos de acoso escolar LGTBIfóbico que deberá implantarse en los centros educativos. Aunque no hay datos oficiales, los últimos disponibles recogidos en informes de la FELGTB apuntan a que un 57% del alumnado LGTBI ha sufrido algún tipo de violencia física o psicológica en el entorno educativo.
La ley también contempla la despatologización de la transexualidad, es decir, que no sea necesario un diagnóstico psiquiátrico para acceder a tratamientos hormonales, cirugías o cambios de nombre en documentos oficiales. En este sentido, la Plataforma por los Derechos Trans ha reclamado que este aspecto se incluya en una ley específica para el colectivo, que ya ha redactado y que pide ser debatida en el pleno.
Por otro lado, la ley LGTBI reclama formación obligatoria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los operadores jurídicos para identificar las agravantes por homofobia y transfobia; establece la prohibición de las terapias de conversión –intervenciones que pretenden modificar la orientación o identidad de género de una persona–; que el matrimonio deje de ser un requisito para que las parejas de mujeres inscriban a sus bebés en el Registro Civil o la garantía de una atención integral a personas que han sufrido agresiones LGTBIfóbicas.
HazteOir vuelve a la carga
Al mismo tiempo que el proyecto se debate en la Cámara, el grupo ultracatólico HazteOir ha convocado una concentración a las puertas del Congreso para “frenar” sus primeros trámites y pondrán en circulación un nuevo autobús en Madrid. Toda una campaña diseñada con el objetivo de “frenar” la ley, a la que califican de “Ley Mordaza LGTBI”. Además, han pedido a los diputados del PP y Ciudadanos que no la apoyen.
El colectivo ultra se pone en marcha después de que la justicia haya dictaminado que el mensaje tránsfobo que difundió en sus vehículo a su paso por la capital no es un delito de odio porque prima la libertad de expresión –“Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo, que no te engañen”–. Para los ultracatólicos, el texto de la FELGTB “cercena las libertades de sus ciudadanos”.
“Hablar de respeto a la diversidad sexual, de género y familiar no es adoctrinar, es dar a conocer a los niños y niñas que existen múltiples realidades igual de válidas que la heterosexual”, explica Alises, que ha participado en la redacción de la ley y que la contempla como un cortafuegos para que “consigamos romper con los patrones homófobos y tránsfobos que se repiten desde la infancia”.