Un año después el asunto llega de la calle al Congreso de los Diputados. La Comisión de Igualdad va a debatir y votar este jueves una proposición no de ley del grupo Unidos Podemos y sus confluencias para acabar con la imposición de uniformes diferenciados por sexo en las aulas. Algo que siguen haciendo la mayoría de centros privados y concertados –también algunos públicos– y que perpetúa los roles de género: falda o vestido para las niñas, pantalón para los niños.
El debate lo pusieron encima de la mesa los colectivos que en el inicio del pasado curso llamaron la atención sobre ello mediante un manifiesto. La iniciativa partía de la organización Gafas Lilas y la semilla la había puesto Sina, una niña que entonces tenía ocho años. “No la voy a llevar más porque sé que tengo derecho”, le dijo un viernes a su madre, la fiscal Inés Herreros, que a su vez preside la asociación que impulsó el manifiesto. Sina se había puesto de acuerdo con su amiga Menchu para dejar la falda en el armario y vestir pantalón el siguiente lunes.
“El uso de la falda obligatoria supone una vulneración sistemática del principio de igualdad y perpetúa los estereotipos de género a pesar de que la ley de educación garantiza que deben eliminarse”, explica Herreros a eldiario.es. “Se trata de una prenda”, prosigue la jurista, “que limita el juego de las niñas o les hace interiorizar que para hacer determinadas actividades tienen que enseñar la ropa interior, pero si lo hacen son penalizadas. Es una ropa que a los niños les recuerda a cada segundo que sus compañeras no son iguales y ellas tampoco se perciben como iguales”, asegura.
La iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea insta al Gobierno a modificar cuanto antes y sin exceder el plazo de un año la Ley de Igualdad para garantizar “la libertad de vestimenta y la no imposición de uniformes diferenciados por sexo”. La formación morada pide que el fin de la obligatoriedad se extienda también al ámbito laboral, en el que ya existe una sentencia que califica de discriminatoria la imposición de la falda a las mujeres en el trabajo. En 2011 el Tribunal Supremo dictaminó que esto contravenía el artículo 14 de la Constitución, pero no es aplicable a lo que ocurre en las aulas.
Para este grupo, el código de vestimenta diferenciado “podría incurrir en vulneración de las garantías constitucionales de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, además de fomentar unos estereotipos de género de probado daño para su consecución”.
Colocar el tema en la agenda política
Unidos Podemos propone incluir un régimen sancionador para velar por el cumplimiento de la medida, algo que también comparte la fiscal Herreros, quien lamenta que este tema no fuera un punto más del pacto de Estado contra la violencia machista. Precisamente este es uno de los votos particulares de la formación que se debatirán este jueves cuando se apruebe el pacto en el pleno y fue una de las propuestas que hizo desde el principio, pero fue rechazada por el resto de grupos. Algunos por considerarlo de poca importancia y otros por pensar que no era el marco adecuado.
Las PNL sirven para conminar al Gobierno a hacer algo y mostrar el posicionamiento de los grupos en referencia a un tema determinado, pero carece de carácter obligatorio. Por ello, “el objetivo es colocar el tema en la agenda política, tomarle el pulso al Congreso sobre ello y a partir de ahí proponer una iniciativa que obligue al Gobierno”, sostiene la diputada Sofía Castañón.
“Existe un claro vínculo entre la falda o el vestido y el estereotipo de una feminidad tradicional en la que resultaría impropia la vestimenta juzgada masculina como son los pantalones”, reza la iniciativa, que ejemplifica esto mediante el uso de la expresión “llevar los pantalones”. Este dicho usado coloquialmente se suele referir a la figura que tiene la autoridad en el seno de la familia de forma que “la mujer que lleva pantalones metafóricos está comportándose o usurpando las supuestas funciones o derechos de un varón”.
Un año después
Para la confederación de asociaciones de padres y madres mayoritaria en la escuela concertada (Concapa) el debate sobre si la imposición de uniformes diferenciados por sexos es discriminatorio no es un problema clave. “Es una decisión de los centros educativos y las familias, dentro de su libertad, eligen asumiendo cuáles son las condiciones”, explica el presidente Pedro Caballero. “En este año no hemos tenido grandes denuncias sobre ello, aunque nosotros sí hemos pedido mayor flexibilidad a la hora de usar chándal”, afirma.
El manifiesto sigue estando vigente un año después porque “aunque socialmente se ha abordado el debate, las instituciones no lo han hecho”, argumenta la presidenta de Gafas Lilas. “Tras la denuncia nos hemos reunido con varias administraciones y la conclusión es siempre la misma: hay un cierto consenso, pero en la práctica siguen siendo familias concretas las que, a veces con mucho miedo, se enfrentan a ello”, resume.
Unidos Podemos recuerda en la iniciativa parlamentaria la resolución del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre eliminación de los estereotipos de género en la Unión Europea, que hace especial hincapié en el ámbito educativo porque es ahí donde los niños y niñas “se enfrentan a estereotipos de género” que “influyen en su percepción de cómo deben comportarse hombres y mujeres y que tienen repercusiones durante toda su vida y sobre sus aspiraciones futuras”.
Una de las vertientes del debate sobre la obligatoriedad del uniforme diferenciado por sexos en las aulas es si la solución pasa por imponer un único uniforme unisex válido para todo el alumnado o por dar la libertad de elegir a niños y niñas si usar una u otra prenda. La iniciativa de Unidos Podemos apuesta por la segunda opción, aunque considera importante garantizar “que esa libertad de elección sea efectiva y real”, explica Castañón.
Por su parte, el manifiesto impulsado por Gafas Lilas considera como “única forma válida y respetuosa de educar a los niños y niñas alejados de los roles de género” ofrecer solo una prenda que no diferencia por sexo. El resto, dice Herreros, es “la trampa de la libre elección” porque en “los centros en los que dan esa opción, la mayoría de niñas eligen falda”. Es decir, prosigue la fiscal, “es una libertad entre comillas porque hay una discriminación de hecho”.