El Congreso ha aprobado hoy la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de mejora del desempeño de la docencia en la educación no universitaria, con el que el Gobierno quiere revertir los recortes educativos aprobados por el anterior Ejecutivo del PP en 2012.
Eliminar el aumento de alumnos por aula, acabar con el incremento de la jornada del profesorado y no tener que esperar diez días lectivos para sustituir a un docente funcionario de baja son los principales puntos de este proyecto de ley defendido por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.
Ciudadanos había presentado una enmienda a la totalidad con una redacción alternativa al texto, al considerar que “no era suficiente para mejorar las condiciones del profesorado”, que ha sido rechazada.
El proyecto de ley, que ha sido aprobado por 168 votos a favor, 162 abstenciones y ningún voto en contra, será remitido ahora al Senado al tramitarse en lectura única y de forma directa.
El Ministerio de Educación ha recalcado que se trata del primer proyecto de ley del Gobierno que se aprueba en el Congreso sin ningún voto en contra.
Según Celaá, la ley es “estupenda” y “va a dar un nuevo ambiente a las escuelas al permitir que el profesorado trabaje en mejores condiciones, lo que redundará en la calidad. Cada alumno y cada alumna se va a sentir mucho mejor tratado según sus necesidades”.
Las medidas se aplicarán en el curso 2019-20 excepto la referida a las bajas de los docentes funcionarios, que se podrán sustituir de forma inmediata y sin esperar 10 días como hasta ahora, en cuanto la ley entre vigor.
La ley fija que las comunidades autónomas proveerán los recursos necesarios para garantizar que no se supere el número máximo de alumnos por aula en Primaria y Secundaria y no se pueda aumentar un 20 % como permitía el PP.
En cuanto a la eliminación del incremento de la jornada lectiva de los docentes, las administraciones podrán establecer la parte lectiva de la jornada semanal de los profesores.
En este sentido, la transaccional presentada por PSOE y Unidos Podemos, que ha sido aprobada por el Pleno, recomienda “con carácter ordinario un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE”.
La ministra ha especificado que la ley se refiere únicamente a las horas lectivas y no a la jornada laboral de los docentes, que, al igual que el resto de funcionarios, es de 37,5 horas semanales.
Ciudadanos ha justificado su enmienda a la totalidad porque la ley de Celaá es un “fake” y un “tongo” y “se ha metido con una lectura única algo derogado de facto”.
Entre otras medidas, el texto alternativo de la formación naranja pedía el desarrollo del Estatuto Básico del Docente en el plazo de seis meses o que la Administración Central desarrolle la definición de hora lectiva, según ha explicado su portavoz, Marta Martín.
Para Sandra Moneo, del PP, que ha presentado una enmienda al texto que ha sido aprobada, la ley “no tiene ambición alguna” y ha acusado al Gobierno de “romper los cuerpos nacionales del profesorado” al dejar a la docencia al “arbitrio de las comunidades autónomas”.
Sin embargo, la portavoz socialista, Luz Martínez Seijo, ha felicitado al Ejecutivo por permitir que los docentes puedan recuperar las condiciones laborales anteriores al 2012, mientras que Javier Sánchez, de Unidos Podemos, ha demandado la reducción de las ratios a 21 alumnos por profesor, en el marco de la media de la OCDE.
Desde el PdCat, Sergi Miquel y Valentí ha pedido “ir un poco más allá” y contemplar la “inmersión lingüística”, que es “garantía de calidad”, mientras que Marta Sorlí, de Compromís, “echaba de menos” que la ley no contemple la financiación de las medidas.
Esquerra Republicana de Cataluña ha señalado que la ley “no es suficiente pero sí imprescindible”; una opinión compartida por el PNV, que opina que, “aunque no es ninguna revolución”, servirá para tapar el “desaguisado y la involución de la Lomce”.