La Ministra de Educación anunció a finales del año pasado que iba a proponer la prohibición de estos dispositivos en toda la etapa obligatoria, con la excepción de los usos educativos que pueda plantear el profesorado en Secundaria. Ya va camino de ser la norma (aunque varias comunidades lo tienen regulado por su cuenta): en una reunión este jueves en la que han participado la ministra, Pilar Alegría, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Consejo Escolar del Estado ha aprobado por unanimidad un documento por el que propone una prohibición con carácter general, comedores y recreos incluidos, pero también una excepción.
La propuesta apuesta porque el alumnado no lleve los aparatos en Primaria y los tenga apagados durante toda la jornada en Secundaria. En esta etapa, sin embargo, se podrá realizar un uso educativo ocasional si encaja con un proyecto educativo concreto de algún profesor. En las etapas postobligatorias (Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio) el Consejo propone que cada centro regule según sus intereses. Estas propuestas, ha explicado el ministerio, serán la base de las instrucciones que elaborará el departamento que dirige Alegría.
Además de aprobarse este documento, el presidente del Gobierno ha explicado al Consejo Escolar, que reúne a toda la comunidad educativa, algunos detalles del plan de refuerzo de las Matemáticas y la comprensión lectora que adelantó el pasado domingo. La principal novedad de este proyecto es que se amplía hasta el alumnado del Bachillerato, que en principio se iban a quedar fuera del programa. Las Matemáticas y la comprensión lectora son las dos grandes señaladas tras el examen de PISA. El presidente explicó que va a destinar 500 millones de euros a reforzar al alumnado que más lo necesita en ambas materias, aunque la ministra ha dicho este jueves que “no hay una cifra cerrada”, pero que será “tan grande como ambicioso es el plan”.
Alegría también se ha referido al tercer gran tema educativo de la semana, la propuesta que realizó este miércoles Alberto Nuñez Feijóo de instaurar una Ebau (selectividad) única en las comunidades donde gobierna el PP. “No tiene encaje legal, y lo saben”, ha sostenido la ministra mientras recordaba que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que reforzaron la competencia autonómica en su momento. “No lo cambiaron cuando tenían mayoría absoluta, son fuegos de artificio y no se va a llevar a efecto”, ha aventurado.
Hacia el veto al móvil
Pero el gran anuncio que sale de la reunión es el del veto a los dispositivos móviles en el recinto escolar. La medida de prohibir su uso, que contradice de alguna manera lo que el ministerio había dicho pocas semanas antes Alegría (“no se le pueden poner puertas al campo”), fue acogida en su momento con buenos ojos por las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias y la potestad última para regular.
De hecho, las autonomías que gobierna el PP le han dicho a la ministra que ellas ya lo han hecho: Castilla y León fue la primera, en 2007. Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid también tienen normativa con recorrido, mientras Andalucía, Murcia y Aragón la acaban de hacer, esta última hace solo dos días. Hay más que también están en pleno proceso regulador ahora mismo.
El Consejo Escolar de este jueves ha aprobado un informe en la misma línea, para satisfacción de la ministra, que ha valorado especialmente que la aprobación haya sido por unanimidad entre el grupo de 21 personas que ha votado a favor del texto. Antes de la ministra, la presidenta de la institución, Encarna Cuenca, había explicado que el Consejo es consciente de que vivimos “en una sociedad digital y hay que preparar al alumnado” para ello, pero también “hay peligros”, ha valorado. También ha explicado Cuenca que la intención del Consejo es que “los centros propongan alternativas” al alumnado para que este recupere los juegos en los recreos.
Otros creen que la prohibición no es el camino. Más de tres centenares de docentes han firmado un manifiesto en favor del uso educativo de los móviles en el aula y contra el discurso “reaccionario” que aboga por la prohibición.
El manifiesto entra en cuestiones concretas sobre el uso de las TIC en las aulas y defiende que se pueden emplear para un aprendizaje activo, que ofrecen contenidos multimedia que “enriquecen la experiencia” educativa o que facilitan la “personalización” de la enseñanza. Además, los firmantes recuerdan la obligatoriedad de fomentar la competencia digital –incluida en el currículum– y la importancia de cerrar la brecha digital.
También entran a desmentir desde la investigación algunos mitos relacionados con el uso del móvil, como que provoquen miopía o que afecten a las funciones cognitivas de las personas, aunque admiten ciertos efectos perniciosos relacionados con los móviles, pero no por la naturaleza del aparato, sino por un mal uso. Por ejemplo, cuando le quita horas al ocio en la calle, cuando se utiliza como si fuera un libro o porque distrae.
El plan de refuerzo se amplía a Bachillerato
Respecto al plan de refuerzo anunciado por Sánchez el pasado domingo, la principal novedad es que se va a ampliar al alumnado de Bachillerato. Empezará desde 1º de Primaria el refuerzo de la comprensión lectora y a partir de 3º de Primaria el de las matemáticas. En ambos casos se extiende a la etapa postobligatoria.
El Gobierno va a destinar una cantidad por determinar (Sánchez anunció 500 millones de euros durante la legislatura, pero hoy Alegría ha dicho que la cifra concreta está por determinar) a un programa con tres ejes: reducir el alumnado en clase en esas materias mediante desdobles, reforzar la formación, tanto didáctica como en contenidos, del profesorado, y ofrecer clases extraescolares (gratuitas) de refuerzo a quién lo necesite, a falta de desarrollar los detalles. El plan abarcaría, ha explicado el Ejecutivo, desde Primaria hasta Bachillerato y FP, en centros públicos y concertados.
La comunidad educativa ha acogido la idea de Sánchez con escepticismo. Por un lado se valora positivamente la intención, explican los sindicatos educativos. Por otro, los recursos económicos previstos son insuficientes (se va a destinar cada curso apenas el 0,8% del presupuesto educativo total), añaden, lo que limitará la efectividad del proyecto. “Parece difícil que con esa cuantía se pueda beneficiar, como se pretende, a cerca de 5 millones de alumnos, es decir, a casi 200.000 grupos”, resume ANPE. “Con estas cantidades solo se puede hacer un programa para llegar a, en el mejor de los casos, un 5% de alumnos”, añade Lucas Gortázar, director de Educación de EsadeEcPol.
Sobre la inversión, la ministra Alegría ha asegurado que la cifra no está cerrada: “El presupuesto será tan ambicioso como el objetivo”, zanjó ante las preguntas de los periodistas tras la reunión.
Hay otras dudas, en este caso más puramente educativas. Pablo Beltrán-Pellicer, profesor de Didáctica de las Matemáticas en la Universidad de Zaragoza, cree que es positiva la formación del profesorado, pero también que la reforma debería empezar por los cimientos (la formación inicial en la Universidad para Primaria, el máster del profesorado en Secundaria), uno de los grandes debes pendientes.
¿Y la Ebau?
Por último, Alegría se ha referido a la propuesta que realizó este miércoles Feijóo sobre una Ebau común. La ministra ha criticado con dureza al PP por realizar esta propuesta cuando no han participado de la negociación para rediseñar la prueba ni hicieron nada en favor de un examen común durante sus años de Gobierno y ha aventurado que no se va a celebrar.
“No tiene encaje legal y lo saben”, ha sostenido. “La propuesta son fuegos de artificio, es frívola para ganarse un foco en el día de la Educación [que se celebró ayer]. Creo que no se va a llevar a efecto, no es posible, no respeta las competencias [de las comunidades autónomas]”, ha asegurado.
También ha recordado que el 50% de los contenidos de la etapa los decide cada Gobierno autonómico, lo que imposibilita hacer un examen común porque los contenidos no son iguales en toda España. Hay tantos currículums como comunidades. “¿Van a hacer los mismos exámenes todos los estudiantes cuando las comunidades tienen el 50% del currículum?”, se ha preguntado retóricamente.
Además, Alegría ha sostenido que la propia conferencia de rectores la ve inviable y que no hay “ningún estudio serio” que sostenga que hay Ebaus más fáciles que otras según la comunidad autónoma.