Los Consejos Sociales de las universidades ha manifestado hoy “insatisfacción” con la propuesta de reforma universitaria del Ministerio de Educación porque creen que tiene un tono general positivo, pero avanza “poco”, en referencia al sistema de gobierno de los campus.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha reunido esta tarde con los máximos responsables de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) para explicarles las modificaciones que prepara el departamento.
En declaraciones posteriores a la prensa, el presidente de la CCS, Joaquín Moya, ha indicado que tanto el informe de expertos que encargó el ministro como otros de gobiernos anteriores coinciden en la necesidad de cambiar el sistema de gobierno universitario y avanzar en un sistema más razonable de financiación, que sea transparente.
Sin embargo, todo esto está “parado”, pues las medidas que propone el Ministerio son sólo “pasos”.
Sería bueno, ha insistido, ir hacia grados de independencia y de flexibilidad en el gobierno universitario, pues ni todos los intereses de las universidades son los mismos, ni los de las comunidades, ni las titulaciones deberían ser las mismas.
Por eso, la CCS propone un esquema donde se permitan varios sistemas de gobierno universitario dentro del territorio nacional, algo que se ha hecho “con éxito” en otros países.
Se trata de si la universidad quiere que el rector se elija democráticamente o nominarlo por selección para estar abiertos a la internacionalización y la meritocracia y salir de “cierta endogamia”, ha resumido.
“¿Es que no podemos tener de rector a un Premio Nobel o un señor que haya probado sus capacidades docentes e investigadoras en el mundo porque existe una estructura de gobierno que lo impide?”, se ha preguntado.
No se trata de cambiar el modelo, ha dicho, sino de posibilitar otros, por lo que ha pedido “valentía” al Ministerio.
Para un cambio del sistema de gobierno, ha precisado, habría que cambiar la ley de universidades.
Educación ha planteado una reforma por medio de reales decretos basada en la modificación del sistema de acreditación del profesorado, la condiciones para la constitución de nuevas universidades y la equiparación automática de los niveles del Marco Español Cualificaciones de Educación Superior (Meces) al europeo EQF.