“No hay garantía de que no puedan volver a pasar”. Así de clara ha sido este martes la consellera de Asuntos Sociales del Govern balear, Fina Santiago, al referirse a las situaciones de abusos sexuales a menores tutelados. En su comparecencia en comisión parlamentaria, Santiago ha defendido su gestión al recordar que su departamento ha despedido desde 2016 a cinco educadores –cuatro mujeres y un hombre– de centros de internamiento de menores del Govern por conductas sexuales inapropiadas. Y ha cargado directamente contra la Fiscalía, a la que ha acusado de no haberse implicado en resolver los casos de abusos y explotación sexual.
Respecto a la investigación de la Fiscalía de Baleares de 16 posibles casos de niñas y niños prostituidos en centros dependientes del Consell, Santiago ha asegurado que “el debate tiene que centrarse en la persecución de la demanda y el delito”. Además, recordó que su Conselleria no tiene las competencias en tutela de menores: “Yo no tengo acceso a los expedientes, no puedo tomar decisiones sin invadir competencias”. El viernes se celebrarán dos plenos extraordinarios en el Consell de Mallorca, donde comparecerá el presidente del IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales), Javier de Juan, que no lo ha hecho en el Parlament.
Manifestación de víctimas
Mientras tanto, las víctimas y familiares se están organizando para romper el silencio de años. “Ni un paso atrás contra pederastas y proxenetas. Por la defensa de nuestros niños y niñas”: eran las primeras palabras de Joana Molinas, víctima de abusos sexuales cuando era una niña tutelada, en la concentración de este lunes por la tarde en Palma contra la explotación sexual infantil. Ella es una de las personas que forman parte de ACCESI (Agrupación Ciudadana Contra la Explotación Sexual Infantil), promotora del acto con los lemas Ni una niña más alquilada. Ni una infancia rota más ignorada. ACCESI ha habilitado un teléfono (603 17 12 546) para denunciar otros casos.
Frente a la sede del IMAS, Molinas denunció la cobardía y la inacción de las administraciones públicas ante lo que sucede en la capital de Baleares desde hace más de 30 años: “Son vuestras víctimas”, clamó. Lo hizo a través de un megáfono y ante escasos veinte manifestantes. La mayoría, padres y abuelos de menores tutelados. Molinas denunció también las coacciones de la administración para que los afectados guarden silencio ante esta lacra.
Sebastián Oliver es vigilante de seguridad. A finales de los 90 trabajó en Es Pinaret, centro socioeducativo dependiente del Govern balear, que califica de “prisión de menores. Por mucho que lo quieran dibujar, son niños que no pueden cumplir condena en una cárcel de adultos. Yo he visto intentos de violación y agresiones entre ellos mismos. En 2001 varios compañeros denunciaron que vieron comportamientos inapropiados por parte educadores con algunos internos, y a partir de aquella denuncia, todo vigilante que dice algo parecido se va directamente a la calle, despedido. Por eso empezamos a denunciar a través de los medios de comunicación”, afirma.
Junto a otros compañeros que trabajaban en Es Pinaret, en 2016 llevaron a la Fiscalía el caso de unas menores “que recibían privilegios a cambio de favores sexuales. Pusieron órdenes de alejamiento y la administración cesó a cinco educadores”.
Hasta ahora, el caso de las menores tuteladas explotadas sexualmente tanto en centros de protección como en centros de reforma no ha supuesto consecuencias políticas. “En política, asumir la responsabilidad es dimitir de tu cargo”, se queja Oliver.
Reacción de la Fiscalía
Enrique Pérez Guerra, técnico educador en la Fiscalía de Menores de Baleares, denunció el sábado en declaraciones exclusivas a IB3 Televisió, un silencio administrativo de años: “Lo más rentable hasta ahora era hacer la vista gorda. Era un tema tabú”.
Sus declaraciones han generado malestar en la Fiscalía de Menores y han obligado al fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, a dar explicaciones. Lo ha hecho en IB3, la radio autonómica. Sostiene que en la Fiscalía “no se ha tapado nada” sobre los casos de explotación sexual en menores tuteladas. “Cuando hemos tenido conocimiento de algún hecho que tuviera características de delito se ha investigado”, sostiene Barceló.
Barceló reconoce que se creó una plaza nueva en la Fiscalía de Menores que nunca fue ocupada porque otra sección necesitaba reforzarse con más urgencia. El fiscal jefe afirma que “no se han puesto más fiscales porque de momento no tenemos más medios personales”. Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares, anunció el lunes que solicitará al Ejecutivo central más recursos profesionales para proteger a los menores tutelados por la administración. Desde el Partido Popular solicitan que el vicepresidente, Pablo Iglesias, comparezca de urgencia en el Congreso para hablar de este asunto.