El informe del sector conservador del CGPJ sobre la reforma de la Ley del Aborto considera “una exigencia desproporcionada” que las mujeres deban recurrir a un médico de otro centro para que avale que la malformación del feto supone un peligro grave para su salud mental.
El citado informe, redactado por la vocal Carmen Llombart, toma la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para analizar el Anteproyecto de Ley. Así, recuerda que esta ya marca la necesidad de un informe psicológico o psiquiátrico que “constate y confirme dicho grave peligro”, por lo que está de más uno nuevo.
En la misma línea, el informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, critica que si el feto sufre una anomalía “incompatible con la vida” sea necesario también acreditarse el daño psicológico para la mujer, que se da por supuesto. No hay, asegura, conflicto entre la protección del concebido y la vida de la mujer en ese caso. Exigir una prueba de esa afección supondría imponer a la mujer “una carga más, añadida” a la de haber conocido que el feto no va a sobrevivir, añade el texto de la vocal Llombart.
El informe asegura que los términos utilizados para definir la “anomalía fetal incompatible con la vida” resultan “indeterminados y de complicada aprehensión”. Añade que para reducirlos a términos jurídicos es necesario recurrir a “conceptos y descripciones de procesos biológicos y médicos” sobre los que la comunidad científica no presenta un criterio unánime.
Votación el 4 de junio
Los vocales votarán en un pleno que se celebrará el próximo 4 de junio este informe y el ya emitido por la progresista Pilar Sepúlveda, que solicitó la retirada del Anteproyecto por considerar que “criminaliza” a la mujer. Sepúlveda concluía que la reforma de Gallardón devolverá a la mujer a las prácticas “extralegales” o “paralegales” de la legislación de 1985.
El retraso en el informe del sector progresista ha permitido apartar durante la campaña la reforma del aborto. El texto de la progresista Sepúlveda fue presentado el 29 de abril. Si el de Llombart hubiera estado listo por esas fechas, el Pleno del CGPJ podría haber votado sus recomendaciones al Gobierno antes de los comicios.
Ahora, los vocales progresistas se debaten en rechazar el Anteproyecto en su totalidad, lo que visualizaría la oposición frontal al texto, o intentar pactar con la mayoría conservadora recomendaciones al Gobierno. El informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante.
Sepúlveda y Llombart coinciden, por ejemplo, en que la Administración debe garantizar que en todos los centros existen médicos que no se acogen a la objeción de conciencia respecto a la práctica de abortos del nuevo texto, ya sean públicos o privados.
La vocal conservadora echa en falta que el Anteproyecto no incluya “una política general, integral de protección a la maternidad” que incluya una cobertura social de la maternidad, “probablemente el instrumento más adecuado” para protegerla. De esta forma se potenciaría la natalidad y se reducirían los abortos, razona.