Con gráficos de Ana Ordaz y Pablo J. Álvarez
55 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Es el balance, en víctimas mortales, que ha dejado la violencia de género este 2019, según las estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Eso, de momento, a falta de un par de días para que termine. Sin embargo, ya se trata de la cifra más alta de asesinadas desde 2015. 12 meses en los que el contador alcanzó y superó los 1.000 casos mortales desde que hay registros oficiales (2003), el movimiento feminista siguió ejercitando su músculo y la irrupción de Vox, que ha apuntalado su discurso negacionista, ha hecho saltar por los aires la unidad institucional contra la violencia machista.
La formación de extrema derecha estrenó el año haciendo campaña en Andalucía, donde las elecciones acababan de producirse, contra lo que denomina la “ideología de género” y empezó a desplegar su argumentario contra las leyes que protegen a las mujeres: que “buscan la guerra de sexos”, que “quieren destruir el núcleo familiar” o que “sirven para criminalizar al varón”. Así, Vox exigió en la comunidad andaluza un recorte de los compromisos en esta materia a cambio de prestar su apoyo al Gobierno del PP y Ciudadanos, una intención que reiteró en otras autonomías tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
Ya en los primeros días de enero, el concepto de violencia doméstica y la intención de englobar en ella la violencia contra las mujeres comenzaba a ocupar titulares. Tanto, que el PP dio un giro en su discurso y se plegó a las exigencias del partido de Santiago Abascal. El 3 de enero Pablo Casado habló de la mujer de 26 años que acababa de ser asesinada en Laredo (Cantabria) como “la primera víctima de violencia doméstica de este año”.
A Rebeca A. le han seguido otras 54 mujeres y tres menores. La última, el pasado 2 de diciembre, cuando Yulia S. fue asesinada por su marido en el municipio barcelonés de El Prat de Llobregat. Hay que remontarse a 2015 para dar con una cifra superior, con 60 casos mortales, que se fue reduciendo en los años posteriores –49 en 2016, 50 en 2017 y 51 en 2018–. Eso sí, los números están lejos de las de principios de los años 2000: en los seis primeros años tras el inicio del registro (2003) la media de asesinadas fue de 69; mientras que en los seis últimos es de 53.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género mantiene tres casos ocurridos en 2019 en investigación y suma 46 menores de edad que se han quedado huérfanos por esta causa. De acuerdo con los registros, una minoría de las mujeres asesinadas había interpuesto denuncia: 11 de las 55 (un 20%). Por edades, el mayor número de casos –cuatro de cada diez– se han concentrado en la franja de entre 41 y 50 años. En total, el 76,4% de las mujeres asesinadas tenían entre 21 y 50 años.
Andalucía, la comunidad más poblada de España, es la que registra un mayor número de casos. En el otro extremo, unas cuantas autonomías no han contabilizado ninguno este año, entre ellas Asturias, Extremadura o Castilla-La Mancha.
El 25N: máximo exponente del negacionismo
Para la abogada e integrante de Generando Red contra las Violencias Machistas, Nerea García Llorente, el discurso de la extrema derecha “está generando un caldo de cultivo que al fin y al cabo perpetúa la violencia machista”. La experta asegura que los comentarios que escuchamos actualmente desde las instituciones y en los medios de comunicación en boca de los representantes de Vox “no se hubieran permitido hace tres o cuatro años”. “En este sentido, este 2019 ha supuesto un retroceso muy grande”, lamenta.
Todo un año de cuestionamiento de las políticas de género –con peticiones de nombres y apellidos de trabajadoras de violencia de género incluidas– marcado por varias convocatorias de elecciones, en torno a las cuales se amplifican los mensajes. Declaraciones y comentarios plagados, en muchos casos, de bulos o medias verdades, tal y como señalaron los más de 2.500 investigadores que apoyaron un manifiesto tras los comicios de noviembre en el que denunciaban “el falseamiento” de datos de Vox en temas como la violencia de género.
El máximo exponente de esta tendencia se produjo el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cuando la negativa de la extrema derecha impidió que en varios parlamentos autonómicos y ayuntamientos salieran adelante declaraciones institucionales de condena. En Madrid, además, Ortega Smith utilizó el acto institucional para negar la existencia de la especificidad de la violencia contra las mujeres, lo que le valió el reproche de una superviviente a la que el portavoz municipal apenas miró.
Todo ello tras un verano especialmente cruento. En el mes de junio fueron asesinadas siete mujeres, diez en julio y tres en agosto. Y junto a ellas, dos menores. Uno de ellos fue Cristian, de 11 años, al que mató su padre en Beniel (Murcia). A pesar de contar con una orden de alejamiento y haber quebrantado una anterior, el hombre seguía teniendo derecho a ver a su hijo, que nunca fue evaluado a pesar de las denuncias. “El sistema falló”, decía Laura, su madre, en esta entrevista con eldiario.es.
La importancia de la raíz estructural
El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente señala que la relación entre el discurso negacionista de la extrema derecha y el número de asesinadas “no es de causa-efecto directa” porque la violencia “es multicausal”, pero “sí es un factor que hay que analizar”. El también médico forense resalta el “carácter estructural” de este tipo de violencia, es decir, “nace de las referencias que nos hemos dado para relacionarnos. No viene a romper el orden establecido, sino a mantenerlo, y se perpetra por una cuestión de valores morales”.
Así, los discursos que “alimentan esos valores morales están contribuyendo” a crear un clima en el que “cuando se recurre a la violencia, se minimiza; y cuando no se puede minimizar, se justifica. Si estamos escuchando todos los días el bulo de las denuncias falsas o comentarios que le restan importancia, imagínate lo que pensarán los que están utilizando la violencia. Al final, cuando reciben este tipo de mensajes, los agresores se ven más identificados y más reforzados en su posición. Este discurso no es gratuito”, zanja el experto.
Sobre las consecuencias de esta retórica negacionista, Lorente nombra la ofensiva en contra de los contenidos de igualdad y LGTBI en las aulas. Precisamente, en estas últimas semanas han trascendido dos denuncias interpuestas por padres de alumnos contra profesores: en un caso, por una actividad contra la violencia de género en un instituto de Córdoba. En concreto, la proyección de un documental sobre Ana Orantes, asesinada en 1997 tras contar públicamente en televisión la violencia que sufría por parte de su marido. En el segundo caso, por poner a un alumno una bata rosa en el comedor en un centro escolar de Pamplona.
Sigue el auge feminista
El movimiento feminista ya avisaba de este retroceso a principios de año, cuando el “Ni un paso atrás” llenó las calles de decenas de ciudades en España para protestar contra el pacto andaluz. “No vamos a ceder con los derechos de las mujeres”, anunciaban entonces las convocantes de las protestas. Unos meses más tarde, la huelga del 8 de marzo volvió a convertirse en una demostración de la capacidad de movilización del feminismo y las masivas manifestaciones se convirtieron en auténticas riadas para frenar a la extrema derecha.
“Esa es una buena noticia”, celebra García, para la que lo mucho que está calando la conciencia de la igualdad de género es uno de los grandes éxitos de este final de década. De hecho, los discursos negacionistas “son parte de una reacción patriarcal muy potente al auge del feminismo”. Con ella coincide Lorente, para el que “si el machismo no entendiera que su posición está en peligro y está siendo cuestionada de forma eficaz, no respondería de esta forma”.
El reto de ir más allá
De hecho, los feminismos siguen empujando para que el foco se amplíe y se reconozcan también como violencia machista aquellos casos de mujeres asesinadas por el hecho de serlo a manos de hombres que no son su pareja o expareja. Una reivindicación que, si en 2018 se amplificó con el asesinato de Laura Luelmo y el hallazgo del cadáver de Diana Quer, ha proseguido este año con el juicio a su asesino –condenado a prisión permanente revisable– y el caso de Marta Calvo en Manuel (Valencia), por el que ha sido detenido un hombre que ha confesado su desaparición.
Este año, el Gobierno ha comenzado a dar los primeros pasos para configurar una estadística que contenga todos los casos y ha iniciado los trámites para que el teléfono 016, de atención a víctimas, preste servicio también a mujeres que sufran otros tipos de violencia de género, como agresiones o acoso sexual. Y es que “el número de asesinatos es la punta de un iceberg que va mucho más allá”, ilustra García.
Este último elemento, el de la violencia sexual, también ha marcado este 2019 en un proceso de visibilización sin precedentes que inauguraron el #MeToo y casos como el de 'la manada'. El pasado mes de junio, los cinco miembros del grupo fueron condenados por el Tribunal Supremo a 15 años de cárcel por agresión sexual y la doctrina que fijó la sentencia ha sido usada en fallos posteriores. Por ejemplo, en el que ha condenado recientemente a los exjugadores de la Arandina por agredir sexualmente a una menor de edad.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la revictimización a la que se enfrentan las víctimas de violencia sexual: desde la publicación de unos audios de la joven que ya fueron evaluados por el juez en el proceso hasta la convocatoria de concentraciones a favor de los condenados. “Hemos visto un nivel de agresión contra la víctima muy importante. Es un paso más en el proceso de revictimización de las mujeres, pero responde a algo que siempre ha estado ahí”, señala García. El reto de poner fin al cuestionamiento de las mujeres que denuncian violencia sexual tendrá que seguir esperando.