L.G.G denuncia varias palizas en el centro penitenciario del municipio zaragozano de Zuera como consecuencia de haber puesto en conocimiento de los funcionarios situaciones de malos tratos previas. Tres chicos y una chica denuncian haber sido agredidos por agentes de la Unidad de Intervención Policial, conocida como antidisturbios, cuando participaban en una concentración de protesta en Madrid por un desalojo. Un hombre dominicano denuncia haber sido apaleado en los baños del aeropuerto madrileño de Barajas y en el avión en el que le expulsaban de territorio español. Según dice, tres agentes le agarran por el cuello y los brazos mientras otro le propina puñetazos en la cabeza y en el cuello.
Son algunos de los testimonios que recoge la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, integrada por decenas de colectivos en defensa de los derechos humanos, en su nuevo informe. En esta ocasión ha registrado 232 denuncias por tortura o malos tratos policiales en 2015. La cifra, que forma parte del informe anual que realiza la plataforma y que ha hecho público este viernes, está muy alejada del número de víctimas contabilizadas en años precedentes.
En 2014 se registraron 961, 527 en 2013 y 851 en 2012. La coordinadora relaciona la caída con algunos factores como el descenso en el número de movilizaciones sociales. El colectivo, que recoge denuncias de personas que no por ello han denunciado ante la justicia los hechos, insiste en que se trata de la punta del iceberg de una realidad que, según denuncia, sigue silenciada. El pasado 31 de mayo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por no investigar suficientemente una denuncia de tortura.
Poco antes, el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada admitió que en nuestro país “la tortura se ha producido de manera clara”. Unas declaraciones que fueron contestadas por el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, pidiendo al Consejo General del Poder Judicial que adoptara algún tipo de medida. Por su parte, la Fiscalía ha apoyado apartar al magistrado de dos casos de terrorismo por sus palabras. Varias asociaciones judiciales han apoyado a De Prada con comunicados públicos.
Este es uno de los factores positivos destacados en el informe porque “cada vez se está visibilizando más y algunos de los sectores de la sociedad, como la justicia y los medios, están empezando a reconocer que hay un problema”, afirma Jorge del Cura, portavoz de la coordinadora. Sin embargo, sigue lamentando que “no es algo que esté haciendo el Gobierno ni las administraciones públicas”. El colectivo ha contabilizado en 7.500 casos de personas que han denunciado ser objeto de torturas, trato inhumano o degradante por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Factores que influyen en el descenso
Entre las 232 personas de las que ha tenido conocimiento la coordinadora se encuentran personas agredidas en el curso de movilizaciones sociales, presas, migrantes, menores y personas implicadas en otras situaciones como a la salida de una discoteca o tras ser objeto de una multa de tráfico. En esta ocasión y por primera vez no hay ninguna persona que haya denunciado maltrato mientras ha estado recluida en régimen de incomunicación –ya en 2014 solo se registró una–.
No obstante, la coordinadora solicita de nuevo la abolición de esta situación, tal y como ha pedido al Gobierno español en múltiples ocasiones el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. “Pervive la legislación que permite la detención incomunicada y, por tanto, la posibilidad de que se produzcan en un futuro más o menos próximo casos de torturas y malos tratos en estas circunstancias sigue vigente”, afirma el informe.
Del Cura explica que la reducción de la cifra se debe, en parte, a la reducción del número de situaciones de riesgo. Por un lado, la disminución de las movilizaciones sociales en 2015 con respecto a años anteriores. Según cita en el informe, el Ministerio del Interior ha contabilizado este año pasado 22.000 manifestaciones, mientras que en 2014 se produjeron 38.000. “Además se celebraban marchas multitudinarias con cargas policiales masivas como las Marchas de la Dignidad”, dice.
Por otro lado, la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura identifica como factor de la caída lo que califica de “externalización de la violencia” en las vallas de Ceuta y Melilla. Se refiere a la reforma de la ley de marzo de 2015 que reguló las devoluciones en frontera de los migrantes que alcanzan territorio español y que, en la práctica, amparó las devoluciones en caliente. “Ha provocado una importante reducción, tanto en el número de personas que intentan el salto a Europa a través de Ceuta y Melilla como en el número de personas que alcanzan y superan las vallas”.
Estos factores unidos a otros que ya señalaban informes anteriores como “la desconfianza en los tribunales de justicia”, la “criminalización de quienes denuncian violencia policial”, las consecuencias de la crisis en cuanto a que las organizaciones de derechos humanos “tienen menor capacidad profesional” y “el miedo a denunciar ante la posibilidad de ser objeto de contradenuncias”. En este sentido, la coordinadora recoge el testimonio de J.R, un ciudadano que denunció haber sufrido “al menos 20 golpes con la porra y un rodillazo en los genitales” por parte de un policía nacional. Posteriormente fue condenado por resistencia a la autoridad.