Los pactos entre el PP y Vox tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo están ya teniendo efectos en una de las batallas ideológicas de la derecha: la memoria histórica. Este jueves Aragón se convertía en la primera comunidad en dar un contundente paso atrás y derogar su propia Ley de Memoria, vigente desde 2018, a propuesta de ambos partidos, a los que se ha sumado PAR. Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo fue uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en sus acuerdos de gobierno, pero los retrocesos son ya palpables a varios niveles.
Poco ha tardado el Gobierno de Aragón en cumplir lo prometido. En una fecha tan simbólica como el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, PP y Vox iniciaron el proceso y el pasado 1 de febrero llevaron la iniciativa de derogación de la norma a las Cortes para su debate. Su aprobación, a la que se han opuesto PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos e IU, se ha producido apenas 15 días después. Con esta marcha atrás, el ejecutivo autonómico dejará de prestar apoyo económico a las exhumaciones, los estudios antropológicos y los análisis genéticos de los restos hallados en las 1.026 fosas comunes identificadas.
Que la ley “fue diseñada para enfrentar a los españoles en el siglo XXI” o que “discrimina a unas víctimas frente a otras” son dos de las frases que tanto Santiago Morón, de Vox, como Ana Marín, del PP, han esgrimido respectivamente en el pleno aragonés. El argumentario desplegado por las derechas entronca con una retórica habitual, que se repite por toda la geografía española: las leyes de memoria reabren heridas y promueven la división, ante lo que defienden impulsar normas de “concordia y reconciliación” obviando que en nuestro país, tras la Guerra Civil, hubo una dictadura de la que aún hay víctimas sin reparar, crímenes sin juzgar y vestigios franquistas que remover.
Cantabria va por el mismo camino. El PP, que gobierna en minoría, ha empezado a materializar allí el compromiso de derogar la ley aprobada en 2021 por parte del Gobierno del PRC y el PSOE. Así, el pasado 25 de septiembre, los populares dieron sus votos a la proposición no de ley presentada por Vox para redactar una nueva norma que la sustituya bajo el argumento, de nuevo, de que “enfrenta a los cántabros” y es “sectaria”. Lo que sí promete el PP es que mantendrá las exhumaciones de víctimas desaparecidas, aunque por el momento están en suspenso.
En Extremadura, donde María Guardiola (PP) gobierna gracias a Vox, se han mantenido los convenios de la consejería de Cultura para continuar con las exhumaciones de víctimas, pero la ley tiene los días contados. El pacto entre las derechas incluyó su fulminación y, según reveló la extrema derecha la semana pasada, el plan es hacerlo este año. La medida irá acompañada de una nueva ley de “reconciliación y concordia real”, que respete “la memoria de todos los extremeños y españoles”, según se recoge en el pacto. Esta fórmula estrella también se replicó en los acuerdos de Baleares o en la Comunitat Valenciana y en su día en Castilla y León, donde no ha habido avances en este sentido.
Su propia pelea libran los memorialistas en las comunidades en las que la derecha ya tenía una fuerte presencia. En Murcia, de hecho, ni siquiera hay legislación propia. “La ley no está ni se le espera. Y ahora todavía menos con el maridaje con Vox en el Gobierno regional”, lamenta Bernardo Sánchez, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM). Los resultados de los comicios de 2022 han dejado un panorama “desolador” en esta materia, según Sánchez: el PP gobierna en más de 30 de los 45 municipios, y en varios ha llegado a acuerdos de gobierno con Vox, en una comunidad en la que perduran más de 200 vestigios franquistas sin atisbo de ser retirados.
En Castilla y León las asociaciones memorialistas aseguran que la Junta está funcionando sin novedades en este sentido y está “cumpliendo con su obligación” en los trámites de exhumaciones, autorizándolas y gestionando los fondos del Gobierno, pero sin destinar fondos propios. Así lo explica el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Julio del Olmo, miembro de los consejos Técnico y Asesor de Memoria Histórica, un organismo este último que no ha vuelto a reunirse desde que su presidente dimitiera hace un año.
Recortes en los presupuestos
La cosa es distinta en algunos municipios. Aunque en Valladolid, donde el PP gobierna con Vox, no se han dado polémicas sobre memoria histórica, la regresión es palpable en Burgos, donde los populares se hicieron con la alcaldía en coalición con la extrema derecha. Allí el Ayuntamiento ha cancelado la ayuda de 25.000 euros para que la Coordinadora de Memoria dignificara la zona de las fosas comunes de Estépar, donde se han localizado los restos de un centenar de víctimas. También suspendió los 15.000 euros previstos para divulgación e investigación dirigidas por la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad.
De la mano de ayuntamientos y diputaciones han llegado también los recortes en Castilla-La Mancha, la única comunidad gobernada por el PSOE con mayoría absoluta. El caso más significativo es el del Ayuntamiento de Toledo, cuyos presupuestos municipales eliminan los fondos para la memoria histórica, concretamente los 22.000 euros del convenio con la asociación memorialista Manuel Azaña. Esta misma semana, el concejal toledano Juan Marín (Vox) se refería a esta cuestión afirmando que “los políticos no estamos para revivir la historia” ni “se puede establecer una versión concreta de la historia a golpe de ley e imponerla a los ciudadanos”.
Otro hecho significativo es el de la Diputación de Ciudad Real, también gobernada ahora por las derechas. En su etapa socialista promovió la iniciativa académica ‘Mapas de Memoria’ para recopilar los nombres de personas asesinadas durante la posguerra o por la represión franquista, y localizar fosas comunes en la provincia. Pero con la llegada de PP y Vox todo cambió. El área específica de Cultura denominada ‘Memoria Democrática’ desapareció para rebautizarla como ‘Recuperación de Toda la Memoria’.
Y es que los pasos atrás son también simbólicos y el auge de la extrema derecha y su connivencia con los populares han traído consigo la eliminación de la memoria histórica de los nombres de departamentos o el bloqueo de declaraciones institucionales. Así ha ocurrido en Cantabria y la Comunitat Valenciana: en la primera, la Dirección de Acción Cultural y la de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica han perdido la última parte de su denominación mientras que el Ejecutivo valenciano, formado por PP y Vox, eliminó de su organigrama la Conselleria de Calidad Democrática, engullendo las competencias de memoria histórica en Presidencia.
Veto a los homenajes
También ambas comunidades rechazaron sendas declaraciones institucionales el pasado 31 de octubre en recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. En Cantabria fueron los de Santiago Abascal los que se opusieron –estas declaraciones deben salir por unanimidad– mientras que en la Comunitat Valenciana, los de Carlos Mazón se sumaron a la ultraderecha y votaron en contra de la declaración presentada por el PSOE.
Tras el intenso trabajo de exhumación financiado por la Generalitat Valenciana durante las dos legislaturas del Pacte del Botànic, el nuevo Ejecutivo presidido por los populares ha mantenido la financiación pública de las exhumaciones de las fosas y ha iniciado la segunda fase de las del cementerio de Paterna, epicentro de la represión franquista, pero ha reducido el presupuesto un millón de euros en las primeras cuentas aprobadas por el bipartito autonómico. Además, la Diputación de Castelló, presidida por la popular Marta Barrachina, paralizó las ayudas a los trabajos de exhumación de una fosa situada entre los términos municipales de Moncofa y Nules.
También en Baleares, donde ambas formaciones llegaron a un acuerdo para que el PP gobernara en solitario, la regresión en memoria histórica está dejando su rastro. Hace escasos días el portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, David Gil, se refirió al golpe franquista de 1936 como “la última cruzada de liberación” durante su intervención en el pleno, unas palabras que fueron duramente reprobadas por el resto de grupos y las asociaciones memorialistas, que lamentaron también que el presidente insular, Llorenç Galmés (PP), no le llamara la atención.
Los de Santiago Abascal también han intentado en el municipio mallorquín de Bunyola restituir la cruz “en honor a los caídos” que se retiró en septiembre de 2021 en cumplimiento precisamente de la Ley de Memoria Democrática que han prometido derogar. Lo hicieron presentando una moción aprobada con el voto a favor del PP, el partido que gobierna, aunque con algunos cambios: la idea es que, en lugar de la cruz, se instale una placa en el cementerio, en principio en recuerdo “de los caídos de ambos bandos”, una expresión que rechazan los colectivos de víctimas.
Con información de Candela Canales (Aragón), Lucas Marco (C. Valenciana), Elisa Reche (Murcia), Alba Camazón (Castilla y León), Santiago Manchado (Extremadura), Laro García (Cantabria), Francisca Bravo Miranda y Alicia Avilés Pozo (Castilla-La Mancha).
Los anuncios de retrocesos en distintos puntos del país han eclosionado en una reacción masiva, y en muchas partes inédita, por parte de la sociedad civil y las asociaciones memorialistas. La Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón, formada por 19 asociaciones memorialistas de las tres provincias aragonesas, ha reclamado el mantenimiento de la ley desde que tuvo conocimiento de las intenciones del Gobierno y este jueves se ha concentrado mientras su derogación era aprobada.
“No aceptan el relato de lo que realmente sucedió y eso hace que estén dando pasos atrás. La norma no era lo fuerte que nos gustaría, pero teníamos una financiación y un apoyo a las exhumaciones o investigaciones”, sostiene Enrique Gómez, presidente de la ARMH de la comunidad.
La “única esperanza” de los colectivos es que la ley estatal haga de paraguas y “no les quede más remedio que aceptarla”. “Si hay resoluciones administrativas o decisiones que la incumplan podemos acudir a los tribunales y al Gobierno central y de alguna forma puentear este gran paso atrás”, añade Gómez.
En Cantabria fueron 48 horas las que pasaron desde que PP y Vox unieran sus votos para iniciar el proceso de derogación hasta la conformación de la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, formada por 65 organizaciones, partidos y sindicatos. Con ello pretenden dar una respuesta contundente a “los intentos de recuperar los discursos que legitiman el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, cuyas consecuencias aún sufrimos”, anuncian.