Una de cada cuatro mujeres en España no tiene acceso a juzgados especializados en violencia machista

Que un caso de violencia de género sea o no visto en un juzgado especializado depende del código postal de la víctima. No todas las mujeres que interponen una denuncia acaban delante de un juez formado específicamente para ello o esperan a que les tomen declaración en una sala acondicionada. Quizá tengan que cruzarse con su agresor y aguardar en un pasillo hasta que el magistrado termine con el acusado por estafa hipotecaria que tiene esa mañana y pueda atender a la víctima antes del juicio por tráfico de drogas señalado para después.

En España, estos casos se instruyen (y en ocasiones, se sentencian) en una doble vía: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los conocidos como mixtos. Los primeros son exclusivos, es decir, solo ven este tipo de asuntos, reciben algo más de formación y suelen disponer de más medios humanos y materiales. Los segundos son Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que tienen atribuidas las competencias en violencia machista, pero se encargan también de todo tipo de delincuencia. Que una denuncia recaiga en un tipo u otro depende del municipio: no en todos los partidos judiciales hay juzgados exclusivos. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, casi una de cada cuatro mujeres, un 36,3%, no tienen acceso a ellos.

Las cifras dibujan un mapa desigual entre comunidades: en un extremo están Ceuta y Melilla, donde no hay ningún órgano judicial exclusivo, y en el otro, Madrid, donde casi todos los casos se ven en estos juzgados –solo un 13,5% de las mujeres no tiene acceso a ellos–. En otras autonomías como Cantabria (53,7%) o Castilla-La Mancha (52%) el porcentaje crece hasta la mitad, mientras que en Castilla y León y Galicia se sitúa en el 71,5 y el 72,7%, respectivamente. Al otro lado de la tabla están la Comunitat Valenciana, donde solo a un 17,5% de mujeres le corresponden juzgados mixtos, Canarias (26,7%) o Navarra (31%).

Por provincias, las diferencias se apuntalan. La situación más extrema la protagonizan las 15 que no tienen ni un solo órgano judicial que tramite solo casos de violencia de género, que tienden a concentrarse en las grandes ciudades. Son Huesca, Teruel, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lugo y Ourense. Se trata de provincias afectadas por la despoblación situadas en Galicia, Aragón o en las dos Castillas, donde solo Valladolid, Burgos y Albacete cuentan con juzgados exclusivos.

Hay que tener en cuenta que estos juzgados constituyen una de las partes del engranaje judicial de la violencia de género, que se sentencia también en otro tipo de órganos: estos instruyen los casos, es decir, se encargan de la fase de investigación, y fallan cuando hay conformidad del acusado, cuando el delito es leve o en casos de quebrantamientos de condenas y órdenes de protección. Pero también están las Audiencias Provinciales, que sentencian muy pocos casos, y los Juzgados de lo Penal, que sí afrontan un número importante de fallos –cuando no hay conformidad o la pena es inferior a cinco años– y también se enfrentan al problema de la falta de especialización.

“Víctimas de primera y de segunda”

La situación lleva a Cira Domínguez, miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), a hablar de “víctimas de primera y de segunda” en función de la respuesta judicial que reciben. “Desde luego que no es lo mismo un juzgado exclusivo que uno mixto. Imagínate un juez que esa misma mañana tiene tres juicios rápidos y a la vez está tomando declaración por un delito societario o de tráfico. En un exclusivo es más fácil cuadrar la agenda y solemos tener instalaciones apropiadas, como salas especiales para víctimas y menores y todo mucho más protocolizado. Es otra forma de trabajar”, afirma.

La jueza, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Getafe (Madrid) tras once años en el de Albacete, tiene claras las diferencias. “Los compatibles son órganos judiciales a los que nadie quiere ir, son plazas que muchas veces no se cubren y las ocupan sustitutos”, remacha la magistrada, que apunta a la “elevada sobrecarga de trabajo” que afrontan, lo que repercute tanto en los propios profesionales como en las víctimas y “dificulta que la respuesta judicial sea lo más inmediata posible demorando en muchos casos los procedimientos”.

Experiencia desde el lado de la defensa de las víctimas tiene la abogada Elena Ocejo Álvarez, que señala la importancia de la formación: “Es un delito muy específico, se debe conocer profundamente cómo funciona, cómo se llega hasta ahí, por qué no se denuncia, cómo se interioriza, el riesgo que corren los hijos e hijas...Es fundamental”, explica la experta, que observa cómo, en general, en los exclusivos hay “más tiempo” con las víctimas, “un trato más profesional” por parte de todos los operadores jurídicos y una tendencia a llegar “más al fondo de los asuntos” o a recurrir a herramientas como las valoraciones forenses.

Aún así, Ocejo, que es miembro de la Asociación Abogadas para la Igualdad, también asume “lo ambicioso” que es lo que determina la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 –que en cada partido judicial haya, al menos, un juzgado especializado “es muy costoso”, afirma–, pero cree que hay un término medio, dice poniendo el ejemplo de Asturias: “Son 18 partidos judiciales, es muy complicado que en cada uno pueda haber uno exclusivo, pero de ahí a que haya solo dos como ocurre actualmente...”.

Toda la atención en violencia machista

La Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, coincide en que la respuesta judicial “no es igual para todas las víctimas” teniendo en cuenta que los juzgados con competencias suponen más del doble que los exclusivos (316 frente a 119). Para Peramato, “lo ideal” es que todos los procedimientos “sean tramitados y enjuiciados por órganos especializados”, pero lamenta que “esto no sea todavía una realidad”.

Esta, la especialización, es precisamente el principal rasgo distintivo entre los dos tipos de juzgados. En los exclusivos, toda la atención “se centra en asuntos de esta naturaleza” y “todo el personal tiene una mejor formación en violencia de género”, explica una portavoz del CGPJ. No solo el magistrado o la magistrada, también el personal letrado y funcionario, los forenses o el personal de servicios sociales.

En los últimos años, el organismo ha ido incrementando el nivel de formación en perspectiva de género que reciben los magistrados al ingresar en la carrera judicial, que además tienen obligatoriamente que aprobar otro curso si quieren adquirir una especialidad (penal, civil, contencioso, menores, mercantil o social). Pero solo quienes ocupan una plaza en juzgados exclusivos deben superar un curso específico en violencia machista y “no puede exigirse” a los titulares de los mixtos “por cómo está redactada la ley”, según el CGPJ. Aún así, para el órgano de gobierno de los jueces, “la protección de los derechos” de las víctimas “está garantizada” en todos los casos, aunque admite “que lo ideal” sería tener, al menos, un juzgado especializado en cada provincia.

Para el Gobierno, sin embargo, la creación de juzgados exclusivos debe ser “paulatina”, conforme “a las disponibilidades presupuestarias” y “siempre ha estado justificada por la evolución real de la carga de trabajo” en estos órganos. Es la argumentación que da en una respuesta parlamentaria a la diputada de Sumar Engracia Rivera, que le preguntaba sobre la posibilidad de crear nuevas unidades judiciales para evitar “la desigualdad en la atención integral” a las víctimas.

Como parte de la respuesta, el Gobierno ofrece los últimos datos, correspondientes a 2022, de cargas de trabajo en los juzgados exclusivos agrupados por localidades –en aquellas en las que hay varios, se trata de una media–. Así, de las 77 localidades que analiza, en 50, los órganos judiciales no alcanzan el módulo, es decir, no llegan al número de asuntos que se considera por ley que un juzgado puede asumir al año y que para este tipo es de 1.600. Sin embargo, hay 27 que lo superan: una veintena, entre los que está Zaragoza (113%) o Algeciras (126%) lo hacen por debajo del 30% mientras que la situación es crítica para siete de ellos, que lo rebasan en más de un 30%: por ejemplo, Alcalá de Henares (145%) o Palma, que se excede hasta un 162% de su capacidad siendo la localidad más sobrecargada.

¿Agrupar juzgados?

En la respuesta parlamentaria, el Gobierno explica que “para evitar un sobredimensionamiento de la planta judicial donde la carga de trabajo no justifica su creación” es posible plantear dos alternativas: los juzgados con competencias y la llamada comarcalización, que implica en la práctica que los juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos extiendan su jurisdicción y abarquen más territorio de forma que los partidos judiciales en los que no hay juzgados especializados se liberen de estos casos.

Sin embargo, su puesta en marcha en varios territorios suscita opiniones encontradas: hay voces como la del CGPJ que apuntan a que “está dando muy buenos resultados” y permite hacer llegar la atención especializada a más víctimas, además de combatir la sobrecarga de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencias. Sin embargo, los sindicatos y algunos operadores jurídicos alertan de que, por contra, la fórmula está conduciendo a sobrecargar a los juzgados especializados, que asumen ahora más casos y los aleja de las mujeres, que en ocasiones se ven obligadas a recorrer muchos más kilómetros.

“Entiendo que no puede haber un juzgado en cada pueblo, pero hay que pensar en que si haciendo esto se acaban saturando los especializados repercutirá en la atención a las víctimas. En estos casos habrá que crear nuevos juzgados y, por otro lado, habilitar medios técnicos, por ejemplo, para que puedan declarar en condiciones por videoconferencia para que no tengan que trasladarse a 100 kilómetros de su casa, que es algo que no todas las mujeres pueden hacer”, cree Cira Domínguez.

Los exclusivos no son la panacea

Con todo, que los casos recaigan en un juzgado exclusivo no es en muchos casos garantía de que las mujeres vayan a toparse con menos obstáculos e incluso no es poco habitual que circulen entre abogadas y víctimas cuáles suelen ponérselo más difícil a la hora de lograr una orden de protección. Tanto es así que de los 17 órganos judiciales que mayor número de medidas de este tipo rechazan –por encima del 60%– 12 son especializados. De hecho, son muchas las voces que piden desde hace tiempo un refuerzo en su formación: aunque sí reciben un curso específico, este es online y se complementa con una estancia de solo 15 días en un juzgado especializado.

Domínguez, titular en uno de ellos, es precisamente una de las que lo reivindican: “La formación no es suficiente, debería ser continuada y obligatoria. Yo me formo porque me interesa hacer lo mejor posible mi trabajo, pero hay quienes entraron hace diez años y se quedaron con la formación inicial”, esgrime la magistrada.

También la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género y jueza, Victoria Rosell, califica de “deficiente” la instrucción que reciben quienes piden plaza en un juzgado exclusivo y reclama la puesta en marcha de la especialidad en violencia de género, un compromiso que aún no se ha cumplido. Esto implicará que, quienes quieran acceder, deban superar un examen selectivo con el objetivo de reforzar su preparación. El Congreso aprobó la creación de esta especialidad hace ya seis años, en 2018, pero no fue hasta marzo de este año cuando el CGPJ anunció que ya está preparada y pendiente de su puesta en marcha.

Aduce el órgano de gobierno de los jueces que, para ello, hace falta una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que no puede acometer debido a la ley que limitó sus competencias por estar en funciones, una norma aprobada por las Cortes en 2021 que venía a poner coto a su actividad debido a la situación de bloqueo en la que estaba desde hace cinco años y que le permitía mantener una composición de mayoría conservadora heredada de los gobiernos del PP. Ahora habrá que esperar a que eche andar la nueva composición del CGPJ, que tomó posesión hace dos semanas pero sigue sin ponerse de acuerdo sobre quién debe ocupar la presidencia de la institución.

Gráficos elaborados por Victòria Oliveres.