Las víctimas de violencia sexual no lo son solo por la agresión que han sufrido. El daño no acaba con la denuncia y el proceso posterior las convierte en víctimas de nuevo, aunque de otra manera. El juicio que estos días está teniendo lugar en Pamplona contra la manada por la violación grupal denunciada por una joven en los Sanfermines de 2016 ha vuelto a desenterrar una realidad que sigue pesando sobre las víctimas: ¿Qué pasa después de denunciar?
“El proceso judicial y el discurso social reproducen los parámetros patriarcales presentes en nuestra cultura. Esto hace que, en vez de minimizar los efectos de lo que ha vivido la denunciante, el sistema los potencia y produce una revictimización constante de las mujeres que acuden a la justicia”, resume la doctora en estudios interdisciplinares de género Bárbara Tardón. Es decir, el propio sistema genera en la víctima un daño adicional al derivado de los propios hechos.
A la espera de que finalice el juicio, los colectivos feministas aprovechan para visibilizar que este no es un caso aislado. En la última estadística del Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado califican como “hechos conocidos” 10.844 delitos contra la libertad sexual en 2016. En esta categoría incluyen casi 1.000 casos de corrupción y pornografía de menores, pero el grueso corresponde a “otros” (8.606) y agresiones sexuales con penetración (1.250). Del total de hechos conocidos, 8.381 fueron esclarecidos y en 6.363 hubo alguna detención o investigación.
Las expertas consultadas nombran el cuestionamiento de las denunciantes como el elemento más claro y ponen como ejemplo el informe de un detective sobre la joven y que ha aceptado unir a la causa el tribunal que juzga a la manada. Según publica EFE, existe un informe de detectives privados que siguieron a la chica en su vida privada, pero el dosier admitido por la Audiencia lo que contiene son publicaciones en redes sociales posteriores a la denuncia, aclara la agencia citando al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Fuentes judiciales aseguran que no es común la existencia de este tipo de informes en los procedimientos judiciales por delitos sexuales –aunque sí en otros y normalmente sobre las personas investigadas–. Pero, ¿qué tipo de actitud posterior podría demostrar haber sido o no víctima de una agresión? “Los penalistas saben que no hay una respuesta unitaria a cómo deben ser las víctimas o qué tienen que hacer. Cualquier respuesta es perfectamente válida”, explican las mismas fuentes.
La duda sobre el relato
Paula Arce, jurista y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, insiste en este argumento y critica algunos titulares aparecidos en medios de comunicación sobre la vida “normal” que ha llevado la joven: “Independientemente de lo que ella denuncie o no, su vida posterior puede ser normal o no serlo. Esto tiene que ver con los estereotipos que solemos tener sobre las secuelas, de manera que solo le damos veracidad a aquellas personas que tiene efectos que le imposibilitan hacer su vida sin tener en cuenta que una mujer puede sobrevivir a esto de múltiples maneras”.
La duda sobre el testimonio de las víctimas hace que muchas de ellas no denuncien y lo que trasciende y se deja ver en el ámbito judicial sea la punta del iceberg. Es lo que Tardón denomina “la duda patriarcal”, que se activa “desde el minuto uno”, que “nunca se deja ver con tanta virulencia en otros delitos” y que “sobrevuela a todas las denunciantes”. ¿Por qué se fue con ellos? ¿Qué trata de conseguir? ¿Será que después se arrepintió? Preguntas como estas “reflejan una serie de mitos” que “culpabilizan siempre a la mujer” y “restan responsabilidad al agresor”.
El cuestionamiento, dice Tardón, autora de una tesis doctoral sobre violencia sexual, es frecuente en redes sociales y también en los medios, por ejemplo, en los debates públicos o tertulias que organizan algunos programas de televisión sobre el tema. Nombra el polémico mensaje de Nacho Abad, del programa Espejo Público de Antena 3, que a través de Twitter inició una encuesta para sus seguidores: “Hoy comienza el juicio de La Manada en Pamplona. ¿Creéis que fue una violación o sexo consentido?”, les preguntaba.
Las garantías del acusado y la protección de la víctima
El informe del detective se enmarca dentro del derecho de los abogados a defender a los acusados, al igual que las preguntas que quieran hacerle a la denunciante. Según varios medios, alguna de ellas se ha referido a las fotos que ha colgado durante estos meses en redes sociales. Fuentes jurídicas defienden la necesidad de ser garantista con los procesados, pero admiten que “no es incompatible con limitar las preguntas”.
En este sentido, Arce, que forma parte del Grupo de Investigación Antígona de la UAB, sostiene que “en muchos procedimientos se limitan por no tener relación con los hechos que se investigan. Nada tiene que ver lo que la víctima haya hecho después en sus redes con el hecho en sí. Si se entiende que puede revictimizar a la mujer y no aporta nada al juez o a la jueza para valorar el caso, puede cortar la pregunta. Por otro lado, la defensa puede protestar y recurrir, así que no crea indefensión”.
Otra de las cuestiones que suelen ser frecuentesy que, según algunos medios, le ha preguntado el tribunal a la joven en Pamplona es si en ese momento les dijo que no quería mantener sexo con ellos. Algo que, según las expertas, tiene mucho que ver con cómo entendemos socialmente el consentimiento: “El consentimiento debe darse voluntariamente. Es decir, debe enmarcarse en la posibilidad de que la víctima pueda decir que sí o que no. A veces el contexto ni siquiera lo permite por todos los elementos que coaccionan su libertad”, apunta Tardón.
Sobre el relato de la víctima suele hacerse hincapié en si es o no coherente, ordenado o no cae en contradicciones. Algo que, según Tardón, no siempre es posible porque el daño psicológico que entraña este delito “hace que muchas veces se les olvide, tengan lagunas o no puedan seguir una historia lineal”. Por ello, el juez o la jueza deben tener esto en cuenta a la hora de hacer las cuestiones pertinentes.
Declarar desde lejos
El proceso revictimizador también puede darse cuando a la víctima le ocasiona graves perjuicios el traslado para declarar. En el caso del juicio a la manada, la joven pidió hacerlo por videoconferencia desde Madrid, pero el tribunal se negó. Algunas fuentes apuntan a que quizá los jueces observaran alguna necesidad en que declarara in situ y otras creen que debería abrirse el debate sobre la llamada prueba preconstituida: que el primer testimonio en sede judicial, con todas las garantías para los procesados sirva para el juicio con el objetivo de evitar que vuelva a revivir los hechos en una nueva declaración.
Según la directiva 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas del delito, aquellas que pueden estar sujetas a la victimización secundaria “tendrán a su disposición” medidas para “evitar que se formulen preguntas innecesarias en relación con la vida privada de la víctima sin relación con la infracción penal” o medidas “para que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de audiencia mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas”.
El proceso que se desarrolla en la capital navarra durará diez días y su extensión e impacto dejará una enorme cobertura mediática. “Debemos aprovechar para debatir por qué las mujeres siguen siendo víctimas de violencias machistas. El mensaje que se envíe con este juicio será crucial y puede ayudar a transformar la cultura”, concluye Tardón.