“No las vas a volver a ver”. Es la advertencia que Tomás Gimeno le hizo a su exmujer el martes 27 de abril, el mismo día que desapareció en Tenerife con sus dos hijas, de uno y seis años. Debía devolvérselas a la madre esa noche, pero cumplió su amenaza y desde entonces, se busca a las niñas y su padre sin que se haya dado con su paradero. El caso ha coincidido en el tiempo con la emisión en Telecinco de la serie documental en la que Rocío Carrasco denuncia haber sufrido maltrato por parte de su exmarido, Antonio David Flores, durante más de dos décadas. Y ambos asuntos han puesto sobre la mesa un tipo de violencia machista habitualmente desconocido, pero no poco común: la violencia vicaria, la que se ejerce a través de los hijos con el objetivo de dañar hasta el extremo a la mujer.
Los agresores la utilizan de diferentes formas, explican las expertas consultadas. El abanico de acciones que la engloban es amplio e incluye manipular a los niños, vejar e insultar a la madre o a su familia delante de ellos, no cumplir con las visitas o descuidarles. “Te los voy a quitar. Voy a hacer que te odien”, aseguró Carrasco que le dijo su exmarido sobre sus hijos tras el divorcio. Ejercer violencia física contra ellos o incluso asesinarles es el escalón más extremo, su expresión más brutal, como ocurrió con el caso de José Bretón, que supuso un antes y un después. También con otros 38 menores desde 2013, cuyos padres acabaron con su vida en contextos de violencia de género. Fue el caso de las hijas de Itziar Prats, asesinadas en Castellón en 2018 o la hija de Ángela González Carreño, que llevó su caso hasta la ONU y logró una condena a España por no protegerla del agresor. “Te voy a dar donde más te duele”, amenazaron muchos de ellos.
Con el objetivo de visibilizar este tipo de violencia y señalar cuando la justicia “la respalda” con sus decisiones, el Consejo nacional de mujeres resilientes de la violencia de género ha convocado concentraciones este lunes en diferentes puntos de España. “Aparece fundamentalmente tras el divorcio o la denuncia, y el objetivo último es seguir maltratando a la mujer a través de quienes, una vez separada la pareja, tienen acceso, que son los hijos, y a través de los cuales saben que causarán un daño irreversible a las madres, porque toda la historia de maltrato les demostró que ella aguantaba por los niños”, describe Sonia Vaccaro, psicóloga clínica que acuñó el término de violencia vicaria en 2012. En sentido estricto, vicario se asocia a personas que realizan una función en sustitución de otra: “Solo la amenaza de 'te los quitaré' habla de que son objetos e instrumentos para los agresores, y están dispuestos a usarlos para dañarla”, agrega la experta.
“Suele darse de dos maneras: o bien usándoles de hilo conductor o ejerciéndola directamente sobre ellos con abusos o maltrato. El primer caso es más difícil de identificar, no van a venir con un moratón, pero quizá sí con un insulto hacia su madre”, explica Lara Esteve, jueza especializada en violencia de género en el juzgado de instrucción nº 4 de Lliria (Valencia). Los regímenes de visitas tras la separación, que es precisamente la vía que utilizan la mayor parte de las víctimas para salir de las relaciones de maltrato, suelen ser el espacio en el que se despliega esta violencia vicaria, y eso “lleva al objetivo del control y dominación de la mujer, porque está sometida al comportamiento del agresor en el momento en que no están con él”, añade la magistrada, socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE). Hasta entonces, ellos han podido ejercer violencia directamente contra las víctimas, pero al separarse “tiene que cambiar de dirección”.
A pesar de que la diana sean las mujeres, coinciden las expertas, los menores “sufren un daño irreversible” porque son utilizados “por su fragilidad, vulnerabilidad, dependencia emocional y edad”, añade Esteve. Pablo Nieva, psicólogo especializado en atención a hijos e hijas de víctimas de violencia de género explica que “más allá del origen de la violencia, el hecho de que una figura de apego esté ejerciendo violencia es devastador y genera un trauma en el desarrollo y alteraciones psíquicas muy importantes”. Pero, además, explicaba la abogada penalista Carla Vall en esta entrevista, “están es es una escuela de aprendizaje de la violencia, están absorbiendo un patrón de conducta, de modo que el factor de protección que debería ser el progenitor no solo no existe, sino que al estar normalizando la violencia, se vuelve factor de riesgo”.
La paternidad como “derecho absoluto”
En algunos casos incluso hay denuncias de por medio. Fue el caso de las hijas de Itziar Prats –“vete despidiéndote de ellas”, le llegó a decir su exmarido– y el hijo de Laura Hernández, asesinados con solo unos meses de diferencia. Ambas habían pedido protección a la justicia, pero nadie escuchó ni valoró a los menores; en el caso de Laura, incluso contaba con una orden de alejamiento del maltratador, y había quebrantado una anterior, pero aún así seguía manteniendo visitas con el niño sin que hubiera una evaluación de la situación. Su suspensión se decreta en contadísimas ocasiones: según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2020 solo en el 3,01% de los casos se cancelaron los regímenes de visitas como medida cautelar. Y eso a pesar de que la ley reconoce desde 2015 que los hijos son víctimas directas de la violencia que sufren sus madres. Aún así el Estado tardó cuatro años en incorporar a los protocolos policiales de valoración del riesgo a los menores y hubo que esperar al Pacto de Estado contra la Violencia Machista para que a las madres como Itziar o Laura se les considere víctimas de violencia de género.
“Igual en estos últimos 15 años ha habido un ligerísimo avance, pero una inmensa mayoría de los casos que atendemos y se ha puesto medidas penales sobre el padre, se mantiene un régimen de visitas normal, de padres divorciados”, estima el psicólogo especializado en atención a hijos de víctimas de violencia de género, Pablo Nieva. Hasta hace tres años incluso la ley exigía a las madres contar con la autorización del padre, aunque estuviera condenado, para que los menores recibieran terapia. “Yo creo que es una muestra del poder patriarcal y la interpretación que se hace: prevalece esa creencia de la paternidad como derecho inexcusable y absoluto y que está por encima del interés superior del menor”, opina el psicólogo. Vaccaro cree algo similar, y apunta a que “suele disociarse erróneamente el rol de hombre violento del de padre, como si no afectara...hay que repetir que un maltratador jamás puede ser un buen padre”.
Para intentar cambiar esta tendencia, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que es previsible que sea aprobada definitivamente la próxima semana, incorpora varias medidas que las expertas esperan que no se queden en papel mojado: entre ellas, la prohibición de las visitas en los casos en los que haya una orden de protección; si la parte acusada lo pide podrá no acordarlo, pero deberá motivarlo. Un punto que Vaccaro considera que “deja una discrecionalidad a los jueces que pueden dar lugar a que sigamos igual, pero habrá que ver qué sucede en la aplicación, quiero creer que la formación que ahora reciben más los operadores jurídicos en género e infancia sea favorable”, confía.
La norma intentará también prohibir el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), no reconocido por organizaciones científicas y desacreditado por el propio CGPJ, y blindar el derecho de los niños a ser escuchados en todos los procedimientos que les afecten, un extremo en el que centra el foco la magistrada Esteve, que reconoce “el reto muy importante” que persiste en la justicia en este ámbito: “Ha habido muchos avances en violencia de género, pero hay que incorporar la perspectiva de infancia y eso implica que en cualquier procedimiento en el que sea comprometido cualquier interés de un niño, se le debe considerar de forma autónoma e independiente a los progenitores”. La jueza lamenta que actualmente “sigue pasando que no se les escucha” y escasean las valoraciones forenses, que están además lastradas “por falta de medios” y apuesta por una “evaluación individualizada” de cada caso que ponga en el centro a los niños y niñas.