La gestación subrogada, los llamados vientres de alquiler, es una práctica prohibida en España. Sin embargo, el debate está candente desde hace años. Una polémica que se ha reavivado ahora con el lanzamiento del manifiesto #nosomosvasijas, elaborado por un grupo de académicas y juristas feministas. En él muestran su “preocupación ante los variados pronunciamientos a favor de la regulación de la maternidad subrogada”. Algo por lo que trabajan organizaciones como la Asociación Son Nuestros Hijos y la Asociación por la Gestación Subrogada en España (AGSE), que ha redactado una iniciativa legislativa popular con este objetivo.
La profesora de Derecho Internacional Privado Silvia Vilar González define esta técnica en el estudio Situación actual de la gestación por sustitución como el “encargo realizado por una persona o pareja a una mujer que, gratuitamente o a cambio de prestación económica, se compromete a gestar en su vientre el futuro hijo de aquellos, que entregará una vez se produzca el alumbramiento, renunciando a todo derecho que pudiera ostentar sobre el menor”. Una explicación que, tanto para unas como para otros, perfila una realidad diferente que encierra varias de las claves del debate:
1. ¿Alquilar el cuerpo de la mujer o donar la capacidad reproductiva?
Para la filósofa Alicia Miyares, portavoz del manifiesto, se trata de un tema “con implicaciones éticas y jurídicas muy profundas”. Entre ellas, que “esconde un consumo patriarcal por el cual las mujeres se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial”. En su opinión, “no puede ser objeto de contrato el útero ni la criatura que nace”. A esta idea se opone Antonio Vila-Coro, vicepresidente de Son Nuestros Hijos (una asociación por la gestación subrogada), que afirma que “ni los niños ni las mujeres se compran, lo que se hace es donar la capacidad de gestar igual que se donan óvulos o semen”.
Una “venta de capacidades reproductivas” que, según Miyares, “no se puede comparar con la venta de la fuerza de trabajo” porque “que exista un mercado laboral de explotación no exige que inventemos nuevas formas de abuso, sino que debemos combatirlo”. Sin embargo, Aurora González, portavoz de AGSE, no enmarca la gestación subrogada en la relación comercial y sostiene que “se trata de que una mujer cuide a su hijo durante nueve meses, los padres no compran nada, es su hijo desde el principio”.
2. Generosidad y altruismo
Las firmantes del manifiesto argumentan, por el contrario, que la solidaridad “solo sirve de parapeto argumentativo para esconder el tráfico de úteros y la compra de bebés estandarizados según precio” y “refuerza” la definición de las mujeres como “seres para otros”. Miyares sostiene que “la lógica neoliberal quiere convertir esa práctica en un nicho de negocio y fuerza a hacerlo a las mujeres en situación de extrema miseria”.
En opinión de Aurora González, estas mujeres “practican la generosidad con otras personas que no tienen la suerte de poder tener hijos de otra forma” y la compensación económica “se otorga en función de las molestias que supone ser mujer gestante, al igual que se hace con las personas que se someten a ensayos clínicos”, aclara Vila-Coro. Por ello, la iniciativa legislativa popular que han desarrollado especifica que “la mujer gestante debe disponer de una situación socio-económica estable” con el objetivo de “asegurar que no lo haga por necesidades económicas”, explica González.
3. La libertad de la mujer
De qué forma enmarcar el debate en el principio de libertad individual divide profundamente a ambas partes. La gestación subrogada es una práctica que, desde el punto de vista del vicepresidente de Son Nuestros Hijos, “surge precisamente de la libertad que tienen las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo”. Por ello, González explica que la regulación que proponen desde la AGSE “se basa en que sea una decisión libre, voluntaria, consciente e informada”, para lo que establecen una serie de filtros relacionados con el estado de salud psicofísica y la capacidad de obrar de la mujer.
“Nosotras somos capaces y maduras para entender lo que significa cuidar durante nueve meses a un hijo de otros porque ellos no pueden hacerlo”, argumenta. No obstante, Miyares insiste en que, tras esa libertad, “hay una estructura neoliberal que quiere comprarlo y venderlo todo, a la que hay que poner límite”. Esa frontera, sostiene, “es el cuerpo, por eso hay leyes que impiden vender un riñón”. Según el estudio La subrogación uterina: análisis de la situación actual, elaborado por la Fundación Víctor Grífols i Lucas, las parejas que acuden a Estados Unidos, uno de los países más demandados, “pagan de 75.000 a 95.000 euros” por este proceso “a través de una empresa”.
4. Situación jurídico legal en el mundo
Pero no se puede hablar de gestación subrogada sin atender a lo que ocurre en el extranjero. La Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida lo prohíbe expresamente en España al establecer que “la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”. La gestante se convertirá en la madre legal del bebé a todos los efectos. Este es uno de los aspectos que más preocupa a Miyares: “Si se regula esta práctica, la filiación materna por el hecho de parir desaparecerá de nuestros códigos y pondrá en riesgo la custodia legal”.
Vilar González recoge en su investigación tres posturas destacadas sobre maternidad subrogada: los que la regulan con fines comerciales y altruistas (varios estados de Estados Unidos, Rusia, India o Ucrania), los que solo la admiten si se realiza altruistamente (Reino Unido, Dinamarca, Brasil o Canadá) y aquellos que prohíben expresamente la práctica, como Francia, Austria o Italia. Sin embargo, muchos de los que lo permiten establecen ciertas restricciones, como la exclusión de personas homosexuales.
A pesar de que las condiciones son diferentes en cada país, las firmantes de #nosomosvasijas remarcan que “no se debe idealizar el negocio de compra-venta de bebés (...) viva ésta (la mujer) en la dorada California o en un barrio de la India”. En este país, comenta Miyares, “están hacinadas y explotadas y son obligadas a hacerlo por la familia o por necesidades de supervivencia”. Para González, la manera más efectiva de luchar contra estas situaciones “es regularlo en España en condiciones óptimas, porque así, muchos ciudadanos que recurren al extranjero, no lo harán”.