Más de un millón de casas están construidas en España en zonas de riesgo, la mayoría de ellas en el litoral mediterráneo. Décadas de prácticas urbanísticas descontroladas que tienen efecto hoy cuando hay una DANA o algún otro fenómeno extremo, explican los expertos.
“El problema es que tenemos mucho construido de décadas pasadas. Desde los años 60 se empezó a ocupar el territorio de una manera poco respetuosa con la naturaleza y ahora pagamos las consecuencias. Vemos casas prácticamente metidas en barrancos, naves industriales, puentes de carretera que se hacen sin las dimensiones necesarias para evacuar las aguas de crecida...”, pondera Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante.
La urbanización intensiva del terreno en muchas zonas de la fachada mediterránea de la península ha empeorado las riadas que provocan fenómenos como las DANAS. “La ocupación de áreas propicias a la inundación ha agravado el problema en el sureste de España”, explican los investigadores de la Universidad de Alicante en su trabajo Estrategias de Adaptación.
Los múltiples trabajos e investigaciones que han comprobado que construir sobre zonas con riesgo de avenida en caso de tormentas torrenciales multiplica el peligro son claros: impermeabilizar el terreno a base de construcciones –es decir, forrándolo de hormigón, asfalto o metal– reduce el drenaje de agua cuando llueve, lo que “incrementa el riesgo de inundación en las poblaciones”, ilustra la Agencia Europea del Medio Ambiente.
“La retención del agua se ve reducida”
La Red Europea de Observación para el Desarrollo Territorial (EPSON) también explica que “las inundaciones se han convertido en un problema creciente debido al aumento del sellado del terreno”. Ese sellado, que es lo que lo convierte en impermeable, conlleva un mayor peligro de crecidas porque “la retención natural del agua mediante la infiltración en el terreno se ve muy reducida”. En la escorrentía sobre hormigón, explica Esteban García, ingeniero de Caminos, la mayoría del agua que cae no es absorbida por el terreno, lo que fomenta que se creen esas grandes avenidas.
Y España lleva años sellando sus suelos con hormigón. El país fue, entre 2006 y 2015, el segundo estado de la UE que más incrementó su superficie impermeabilizada en términos absolutos, solo por detrás de Francia, según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEM).
El trabajo de los científicos de Alicante expone que, dentro del contexto de cambio climático, “el aumento de las tormentas intensas y las superficies selladas debido al exceso de urbanización ha llevado a un incremento de las áreas urbanas afectadas por inundaciones”. Especialmente en el sureste de España, donde esta dinámica ha provocado “una mayor exposición y vulnerabilidad de la población a nuevos riesgos”.
Olcina recuerda que pese a los excesos pasados, “en España hay desde hace unos años normativa que prohíbe la ocupación de suelos inundables, por ejemplo la ley del Suelo de 2015. También las comunidades autónomas tienen planes especiales de gestión del riesgo que obligan a hacer cartografías y regulan los usos del suelo en zonas de riesgo... Eso está ahí, pero hay que cumplirlo”, añade.
El catedrático recuerda que estas situaciones están (algo) previstas en la ley aunque, como explica García, cuando hay muchas precipitaciones se sabe por dónde va a ir el agua, se puede calcular cuánta bajará, pero no se sabe cuándo. “La ley de cambio climático obliga a que todas las planificaciones del territorio deban incorporar la variable de cambio climático. Hoy ya disponemos de modelos que están señalando lo que va a ocurrir, y eso hay que transmitirlo al territorio y elevar el nivel de precaución. Es necesario delimitar espacios más amplios como zonas inundables, no solo lo que nos dice la ley de agua, porque estamos viendo que los periodos de retorno [la probabilidad de cuándo va a volver a suceder un determinado evento] se van batiendo cada vez con más prontitud”.
García explica que infraestructuras como una presa o un canal se diseñan pensando en la mayor avenida que puedan sufrir en 1.000 años (hay diferentes escalas temporales para diferentes tipos de construcciones y según la severidad de la avenida), pero que existe el riesgo de que, como sucede con los periodos de retorno, los cálculos se estén quedando obsoletos y sea necesario hacer nuevas estimaciones. En cualquier caso, tiene mala solución, añade. “¿Qué hacemos en ese caso? ¿Crecer las presas? ¿Reforzar los canales? No está muy claro cómo se podría actuar”, sostiene.
“Reducir la energía del agua”
La guía de adaptación a las inundaciones del Ministerio de Transición Ecológica explica que “cuando se producen precipitaciones intensas, la utilización de pavimentos impermeables y canalizaciones directas de la escorrentía propician la creación de grandes avenidas de agua que provocan el colapso de la red general de evacuación”. En otras palabras, si llueve mucho, ese terreno impermeable provoca que el volumen de agua crezca y la velocidad de la riada se acelere. A partir de ahí viene el desbordamiento.
Por eso García pone énfasis en el concepto “reducir la energía” del agua. La UE, cuenta, ha emprendido la vía de recuperar los cauces naturales de los ríos, como por ejemplo se hizo en Madrid o se está haciendo, a tramos, en el río de Los Ángeles (EEUU). “La naturalización de los ríos permite laminar las avenidas [disminuir el caudal y potencia de una riada] cuando crece la vegetación y la naturaleza se expande”, ilustra. Igual que las dunas junto al mar protegen las costas del avance del agua, explica, los ríos naturales, no canalizados, lo hacen con sus caudales.
Mientras, más de un millón de casas en España están construidas en zonas de riesgo, el 4,3% de las viviendas españolas, y la mayoría en el Mediterráneo. Para ellas no hay solución buena, explica García: “No deberían estar ahí desde un principio” y son susceptibles de sufrir el fenómeno de nuevo.
En España existe un amplio territorio muy expuesto a las inundaciones. Los tramos que muestran riesgo evidente suman casi 12.000 km, según las últimas mediciones del Ministerio de Transición Ecológica. El peligro alcanza a más de 2,3 millones de personas en las cuencas gestionadas por el Ejecutivo central.