El Defensor del Pueblo, en el marco de la presentación de su informe anual con datos y solicitudes de 2018, ha elaborado una separata anexa para tratar especialmente la situación de las personas con discapacidad intelectual presas en cárceles españolas. Una de sus principales quejas a las administraciones es que solo existen tres centros, ninguno de ellos femenino, con módulos específicos para atender las necesidades de estas personas: Estremera, Segovia y Quatre Camins.
Les ha movido a desarrollarlo, entre otras razones, que este grupo constituye “una exigua minoría en el sistema”. Entre la sociedad española “muchos piensan que no existen personas con discapacidad intelectual en prisión”, así que buscan “disipar” esa falta de conocimiento. El Defensor del Pueblo se dirige a las Secretarías tanto de Instituciones Penitenciarias como de Medidas Penales de la Generalitat de Catalunya –con competencias aparte en la materia– para reclamar la creación de lugares específicos que “como se deduce del artículo 96.2 del Código Penal” deberían ubicarse fuera de las prisiones. Si esto último “no fuere posible a corto plazo”, se deberían “constituir módulos especialmente diseñados” dentro.
El Defensor del Pueblo, que lidera en funciones Francisco Fernández Marugán, defiende que “desde una perspectiva pura de inclusión social”, el fin debería ser que estos módulos especializados desaparecieran porque estas personas tuvieran las necesidades de integración cubiertas en los generales. “Pero también se opinó que podrían ser vistos como un paso adelante con respecto a la situación anterior hasta poder alcanzar un modelo ideal de inclusión plena”, aclaran. Por ejemplo, a día de hoy, “solo en los centros que cuentan con unidades especializadas” se respeta el derecho de los internos a disponer de información adaptada a sus necesidades específicas como carteles, pictogramas o textos en lenguaje fácil para la transmisión de la información.
Para la elaboración del documento, que ha sido entregado este martes completo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la adjunta del Defensor del Pueblo (Concepció Ferrer i Casals) y varios técnicos de la institución visitaron los tres centros que cuentan con esas unidades –dos dependientes del Estado y uno, Quatre Camins, a la Generalitat– en junio de 2018. También mantuvieron reuniones con representantes de la sociedad civil y de las administraciones que trabajan con esta población. Entre ellas, Plena Inclusión, CERMI, la Universidad Carlos III o la Fundación Down.
Falta de formación del funcionariado
Las personas con discapacidad intelectual constituyen “una pequeña parte del total” de población reclusa. Tienen, escriben desde la institución, “problemas específicos derivados de una triple condición: estar privadas de libertad, tener una discapacidad intelectual y ser una minoría en el sistema penitenciario”. Precisamente ese es otro de los motivos por los que han elaborado el trabajo: “Se trata de apenas unos centenares”, y eso les coloca en situación de especial vulnerabilidad. El Defensor del Pueblo no ofrece datos concretos de cuál es el porcentaje con discapacidad intelectual, pero sí que el 51,4% la tenían detectada de antes. También que la proporción de hombres y mujeres se asemeja a la población reclusa general: el 93,5% hombres y el 6,5%, mujeres –en la general se mueve entre el 92 y 93% y 7 y 8%–.
El Defensor del Pueblo también analiza que en la actualidad no hay en plantilla suficiente en todos los centros: ni especialistas en discapacidad intelectual (psicopedagogos), ni técnicos especialistas en enfermedad mental (psicólogos clínicos) ni terapeutas ocupacionales, “figuras necesarias para el adecuado tratamiento de las personas con discapacidad intelectual”. También que esta atención especializada está dependiendo organizaciones de la sociedad civil “que, en la práctica, está vinculada a la obtención de suficientes subvenciones públicas” y por tanto se ve comprometida en momentos de crisis económica o recortes.
La sociedad civil que lleva a cabo labores en las prisiones está realizando labores de “detección, orientación y asesoramiento a funcionarios” en esta materia, pero es “insuficiente” porque no llega a todos. Los funcionarios de prisiones tienen en ocasiones un “desconocimiento” acerca de “qué es la discapacidad intelectual o qué determinado recluso la padece”, lo que es causa probable en muchos casos “del trato inadecuado que pueden recibir”. Alguno de los aspectos aparejados a la discapacidad es en algunos casos “susceptible de sanción disciplinaria, porque se hayan empleado las mismas pautas o criterios que con los demás internos”.
El Defensor del Pueblo se dirige por tanto también tanto a Instituciones Penitenciarias como a la Generalitat para otras mejoras necesarias relacionadas, como el fortalecimiento de la estructura administrativa de personal preparado para atender estas necesidades, para garantizar el acompañamiento o para adaptar los programas de intervención enfocados al tipo de delito cometido.
En el conjunto de su informe anual, el Defensor del Pueblo también expone que han caído en un 31% las quejas y peticiones que recibe la institución, aunque las relacionadas con sanidad crecen un 60%. Respecto a las cárceles, también hay una petición expresa a Instituciones Penitenciarias para que se mejoren las medidas para prevenir los malos tratos a presos y el suicidio. Además de la separata anexa sobre la situación de las personas con discapacidad, ha presentado otra sobre la España vaciada y las consecuencias demográficas de la despoblación.