El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior que proteja la integridad física y moral y la libre circulación de las mujeres que acuden a abortar y se encuentran a grupos ultracatólicos que intentan revertir su decisión a las puertas de las clínicas. Así se especifica en la recomendación enviada a la Dirección General de Policía, dependiente de Interior, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que exige “medidas preventivas en el marco de las competencias policiales” que no perjudiquen “los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos”.
La institución, además, se dirige directamente al departamento dirigido por Fernando Grande- Marlaska para exigir una intervención “global” del problema, documentado por la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). El Defensor del Pueblo comenzó una investigación a raíz de una denuncia de esta asociación, que ha aportado pruebas en el procedimiento de “numerosos casos de hostigamiento en toda España” y de manera “reiterada”.
Este es uno de los frentes abiertos que tienen las clínicas desde que el Gobierno socialista aprobara en 2010 la Ley del Aborto que estableció el sistema de plazos y derogó el de supuestos e instauró el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. En la práctica, se trata de grupos ultracatólicos que se sitúan a las puertas de algunas clínicas en las que se practican abortos y se acercan a las mujeres que acceden para intentar convencerlas de que no aborten. En un informe elaborado por ACAI, se hacía referencia a personas que “abordan” a usuarias con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren a la clínica.
En este contexto, más de 60 colectivos se han unido para exigir que la Administración Pública tome cartas en un asunto que consideran “una vulneración de los derechos humanos” y un “incumplimiento” de las leyes vigentes en nuestro país. De forma inmediata, piden la creación de las llamadas“zonas de seguridad” alrededor de las clínicas para proteger a las mujeres, es decir, crear un espacio protegido a las puertas de estos centros para que allí no puedan situarse estos grupos.
En este sentido, el Defensor del Pueblo recoge la propuesta de ACAI y la “valora positivamente” porque “permite el ejercicio en el espacio público de todos los derechos fundamentales en juego, igualmente atendibles”, explica la institución.
¿Qué es el acoso en las clínicas?
ACAI ha intentado arrojar luz sobre la situación actual en base a una investigación pionera basada en 300 entrevistas a mujeres que acudieron a abortar y fueron abordadas por los manifestantes ultras. La batería de acciones suele centrarse en “el bloqueo de los accesos a las clínicas, consignas, gritos y amenazas a las mujeres y acompañantes y a las y los profesionales de las clínicas” además de intentos de disuasión individual a las mujeres que van a abortar, explicaba ACAI en una investigación pionera en la que entrevistó a 300 mujeres que habían acudido a abortar a estas clínicas.
Algo que estos grupos hacen “parándolas y abordándolas hablando con ellas en un intento de cambiar su decisión, mostrando diversa propaganda antiaborto llegando incluso a perseguirlas hasta que se meten en sus vehículos o transporte público”, especifica el informe. Este tipo de actuación, “aparentemente de tono menor y sin agresividad manifiesta”, prosigue, “ejerce un efecto quizás más dañino”. Por otro lado, de vez en cuando aparecen pintadas en el suelo y fachada de algunas clínicas con frases como “aborto asesinato” o “matan niños. Asesinos”.
Como parte de esta investigación, a la pregunta de si se han sentido acosadas y amenazadas, un 89% y un 66% de las mujeres, respectivamente, respondió afirmativamente, y la gran mayoría, un 73%, se sintió “muy molesta”.“Abortar no es fácil, pero para mí lo peor ha sido el acoso (...) He querido llorar y marcharme a mi casa”, contaba una de ellas. “Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo (el niño venía mal), horrible, no sé si esto es legal”, decía otra de las entrevistadas.
Según sus propios cálculos -conservadores, señalan-, los centros médicos sufren unas 100 acciones de hostigamiento anuales y unas 8.000 mujeres han podido ser víctimas en España desde la aprobación de la Ley del Aborto de 2010.