La Defensora del Pueblo va a indagar por qué el Ministerio de Industria impide el acceso a los expedientes de 13 permisos de investigación de hidrocarburos concedidos en aguas del Golfo de León y la costa de Tarragona.
La queja ha sido presentada por la ONG Alianza Mar Blava tras solicitar la información de los proyectos al Ministerio. Los sondeos en busca de yacimientos de hidrocarburos están a nombre de las empresas Cairn Energy y diversas filiales de Repsol.
Industria negó el acceso a los expedientes al considerar que los ambientalistas no son una parte legitimada para conocer el estado de los permisos que el Gobierno limita a “quienes realicen ofertas en competencia o formulen oposición como estrictos titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado a resultas de la concesión del aludido permiso”. Con esa respuesta oficial “Industria circunscribe ese derecho a las empresas del sector de hidrocarburos”, concluyen en la alianza.
Los permisos de exploración se conceden para realizar sondeos subterráneos en zonas marítimas a base de explosiones para recoger datos según rebotan las ondas sonoras en el fondo marino. Una batería continuada y constante de detonaciones . Cada una ronda los 215-260 decibelios. Unas 600 detonaciones por hora. Más de 14.000 al día.
La zona de los permisos implicados afectan a la propuesta de corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo que se ampara en el proyecto de declaración de esas aguas como Zona Especial de Importancia y Protección Maritima (ZEPIM) que tramita el Ministerio de Medio Ambiente.