La Fundación Nacional Francisco Franco ha sido denunciada ante la Fiscalía General del Estado por ofrecer asesoramiento a los ayuntamientos denunciados por el abogado Eduardo Ranz por no retirar la simbología franquista de sus calles y plazas. La organización lo ha hecho enviando cartas a los consistorios en los que pone a su disposición un equipo de abogados para incumplir la ley de memoria histórica.
Ranz pide en su denuncia que la Fiscalía abra una investigación “ante los indicios delictivos realizados” por la Fundación Francisco Franco porque “promueve el incumplimiento de las normas”. Las fundaciones, asegura el abogado, “deben acomodarse a la Constitución, cuyos fines deben beneficiar a colectividades genéricas de personas, debiendo considerarse ilegales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos”.
Otra de las alegaciones que incorpora el jurista apunta a que la fundación fomenta recibir donaciones, lo que permite deducciones fiscales en el IRPF. “Se está fomentando con dinero público un ataque al Estado de Derecho que anima al incumplimiento de la ley”, señala Ranz, que pide la ilegalización de la fundación.
El abogado denunció a más de 300 municipios por mantenimiento de elementos de exaltación de la guerra civil y la dictadura. Es a esos mismos a los que la Fundación Francisco Franco ha enviado misivas, en las que califica a Ranz de “aprendiz de Robespierre”, para ofrecer asesoramiento legal, al principio de la carta “de bajo coste” y después “sin coste alguno”.
“'Era de Franco' que transformó España”
De esta manera “triunfará el derecho sobre la barbarie, la historia sobre su borrado, la civilización sobre el odio iconoclasta”, prosigue la carta, firmada por el vicepresidente Jaime Alonso. Posteriormente comienza a enumerar una serie de puntos contrarios a la ley de memoria histórica, de la que afirman que denota es un “claro propósito de que ganen la guerra los que perdieron hace ochenta años”.
Las alusiones al régimen franquista continúan a lo largo de la misiva: “Al borrar, mediante Ley, a quienes les derrotaron en la guerra y en la paz, en la justicia y en el progreso. Como si, desde la guerra civil al postmodernismo actual, no hubiera ocurrido nada. Como si no hubiera habido una 'Era de Franco' que transformó España y a su pueblo como no se había conocido en su historia”.
La ley, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, es para la fundación una forma de “hurtar el derecho fundamental al respeto de la historia de un pueblo en sus monumentos, placas, calles, plazas, efemérides y hasta escritos por el mero hecho de no coincidir con su ideología”.
En la carta solicita que la ley de memoria histórica se aplique en sentido contrario, “con quienes mayor contribución tuvieron a la ruina, destrucción y saqueo de España”, a los que llama “chekistas y demócratas de Stalin”. “Resulta paradójico que quienes provocaron y fueron responsables de la guerra civil sean ahora entronizados como adalides de la democracia”, concluye.