España está desoyendo las propuestas realizadas por el Comité de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para prevenir violaciones de derechos humanos en los desahucios de familias en riesgo de exclusión social, así lo denuncian diversos colectivos sociales que se han agrupado para vigilar cómo va a cumplir el Estado con el dictamen que se publicó el pasado mes de junio.
España contaba con seis meses de plazo para responder por escrito con las medidas que “haya tomado en vista del dictamen” del Comité. El periodo vence el próximo 4 de enero y el Ejecutivo todavía no ha respondido a la ONU, así que aprovechando que falta poco más de mes para llegar a esa fecha, varias organizaciones se han reunido para explicar que se continúan ejecutando desahucios sin tener en cuenta si las familias tienen alternativa habitacional y que España está incumpliendo las recomendaciones.
Para recabar más información han remitido una queja al Defensor del Pueblo para conocer si el Gobierno ha tomado alguna decisión. Recuerdan que en el segundo trimestre del año fue se ejecutaron 16.859 lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados.
El Comité concluyó que el desahucio de la familia del denunciante, Mohamed Ben Djazia, “constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada” por no garantizarle una alternativa habitacional. Este ciudadano de nacionalidad argelina y residente en el madrileño barrio de Tetuán fue desahuciado por impago de alquiler en 2013 y pasó cuatro días durmiendo en un coche junto a su mujer y sus hijos, que por aquel entonces tenían 8 meses y 2 años.
Su abogado, Javier Rubio, denunció al Estado ante este organismo, ya que Ben Djazia no obtuvo ninguna alternativa, a pesar de que lo solicitó por “especial necesidad”. Y llevaba desde 1999 pidiendo una vivienda pública al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. El mismo año en que se produjo el desahucio, el Gobierno de Ignacio González vendió vivienda pública a fondos buitres. Esta transacción no pasó desapercibida para los representantes internacionales y afearon que no se explicase por qué tomaron esta decisión.
España incumplió un pacto suscrito
En el dictamen, este organismo no se limitó a opinar sobre el caso particular denunciado, sus representantes también realizaron unas recomendaciones generales al considerar que España “tiene la obligación de prevenir” casos similares en el futuro. Por lo tanto propusieron que se adoptasen medidas legislativas o administrativas para que los jueces valoren si los lanzamientos son compatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por nuestro país.
Desde el Comité concluyeron que España debería mejorar la coordinación entre juzgados y servicios sociales para evitar que personas vulnerables se queden sin vivienda adecuada, que los desahucios que afectan a este colectivo no se produzcan sin que se haya explorado el “máximo de sus recursos disponibles” para evitarlos y que se elabore un plan entre comunidades autónomas y Estados para “garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos”. Ni la ONU ni el Gobierno no ha aclarado a eldiario.es si el Estado ya ha respondido.
Este grupo de seguimiento está conformado por algunas organizaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, la Federacion Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA), Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Observatori DESC o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
Madrid admitió el dictamen
El abogado que ha defendido al denunciante, Javier Rubio, recuerda que por ahora solo tienen constancia de una institución que haya utilizado este dictamen para paralizar desahucios, el Ayuntamiento de Madrid. El pasado mes de agosto el Gobierno de Manuela Carmena paralizó los desahucios de las viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
En las conclusiones de este organismo de la ONU, también se reseñó que el Estado tiene la “obligación de proporcionar a los autores una reparación efectiva” entre las que incluye una “compensación económica por las violaciones sufridas”. El letrado del denunciante asegura que en estos cinco meses ningún representante español se ha puesto en contacto con él para preguntarles por esta indemnización.
Desde el Observatori DESC, su presidente, Marco Aparicio reseña la importancia de realizar un seguimiento a este caso ya que lo considera un “litigio estratégico” porque cuenta con elementos para “ejemplificar” miles de situaciones similares. “¿Qué nos queda? Presionar a las administraciones para que se asiente este dictamen como criterio para evitar que los desahucios se produzca”, incide Aparicio.
Por su parte, Sonia Olea, la portavoz de Feantsa asegura que el Estado va a “intentar convencer” a estos colectivos de que el dictamen emitido por el Comité no es una sentencia. “El protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [ratificado por nuestro país en 2013] es de obligado cumplimiento”, reseña Marta Mendiola, responsable de derechos sociales de Amnistía Internacional. Además, aseguran que el incumplimiento de estas conclusiones no acarrea ninguna sanción para el Estado.
“En este trabajo de seguimiento nos vamos a encontrar dificultades. El Gobierno español sigue con la dinámica de que de Naciones Unidas solo llegan recomendaciones o criterios a seguir. Esto es un dictamen y es como una sentencia”, reconoce Olea. Amnistía Internacional propone al Ejecutivo que incluya algunas de las conclusiones del documento emitido por el organismo de la ONU en la modificación de Ley de Enjuiciamiento Civil, que se ha llevado al Congreso. “Se podría introducir la coordinación entre juzgados y servicios sociales para garantizar una vivienda alternativa”, responde Mendiola.
Estos colectivos también abogan por que la judicatura española comience a legislar la vivienda como un derecho fundamental, apoyándose así en este protocolo internacional. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también valora de forma positiva este dictamen, al considerar que “abre puertas esperanzadoras” y explican que la Ley de Vivienda que están promoviendo es el “mejor camino para cumplir” con este fallo internacional. El Partido Popular ya ha mostrado su negativa a tramitar esta propuesta con la que pretenden paralizar desahucios, garantizar los suministros básicos y la dación en pago retroactiva.
Para contextualizar esta causa a nivel internacional, la portavoz de Amnistía Internacional recuerda que España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).