España llegó a ocupar el segundo puesto en el ranking elaborado por ILGA Europa, entidad internacional que cada año analiza el nivel de cumplimiento de los derechos LGTBI en los países europeos. Sin embargo, en 2019 nuestro país ha caído hasta lugar número 11 de la tabla, siendo expulsado por primera vez del top ten, según el estudio hecho público este lunes por la organización. La desigualdad entre comunidades autónomas y la exigencia de que las personas trans sigan teniéndose que declarar enfermas para cambiar su nombre y sexo legal son algunos de los elementos que la ILGA identifica como causantes del descenso.
Así, la organización referente en Europa de los derechos de las personas LGTBI, apunta a la necesidad de que España actualice su marco legal para que las personas trans no estén sujetas a requisitos médicos para cambiar su DNI y otros documentos oficiales. Y es que la ley vigente, de 2007, les obliga a estar al menos dos años hormonándose y a contar con un informe psiquiátrico que acredite que tienen disforia de género para acceder a esta modificación. La norma estaba en proceso de modificación en el Congreso, pero el adelanto electoral la dejó en el tintero.
ILGA señala que “el reconocimiento legal del género” debe establecerse en base a un proceso fundamentado “en la libre autodeterminación y libre de requisitos abusivos”, además de que no cuente con límites de edad. Es justo la propuesta que se estaba tramitando en la anterior legislatura, que incluye como uno de sus puntos fuertes extender el derecho a los menores de edad, excluidos actualmente, y a las personas extranjeras con permiso de residencia.
La falta de este marco normativo es uno de los motivos por los que España ha caído hasta la posición 11 en el ranking, ocupando la posición más baja desde 2010. Entonces, cuando comenzó a elaborarse esta clasificación, nuestro país arrancó en la quinta posición para pasar en los dos años siguientes a la 2º, la más alta. Entre 2013 y 2016 se movió entre la tercera, la quinta y la sexta y comenzó a caer un año después a la novena, lugar que mantuvo en 2018.
El informe, publicado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia que se celebra el próximo viernes, sitúa a Malta como el país en el que más se respetan los derechos LGTBI, seguido de Bélgica, Luxemburgo, Finlandia y Dinamarca. Por delante de España están además Noruega, Portugal, Francia, Reino Unido y Suecia.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, ha llamado la atención sobre el descenso y alerta de que “es un claro signo del estancamiento en materia de reconocimiento de derechos humanos que está sufriendo España en los últimos años”. Así, la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, apunta a que nuestro país “fue pionero en el avance hacia la igualdad de derechos” pero, desde entonces, “ha visto una clara paralización en cuanto a a la aprobación de medidas estatales para garantizar la igualdad real del colectivo”. Así, exige la aprobación de la Ley LGTBI que estaba tramitándose en el Congreso y que, según denunciaron en varias ocasiones los colectivos, “estaba retrasándose de forma injustificada”.
Las 'terapias de conversión'
Además de a la limitación de los derechos trans, el descenso de posiciones de España se debe además, según señala ILGA, a la desigualdad que existe entre comunidades autónomas, donde la existencia de leyes LGTBI en algunas de ellas ha favorecido un escenario diverso en el que dependerá del lugar de residencia el acceso a algunos servicios y derechos. Así, mientras con el paso de los años la mayoría de autonomías ha desarrollado esta normativa específica, hay siete en las que todavía no han sido aprobadas: Castilla y León, Asturias, Canarias, Euskadi, Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja. Por otro lado, la disparidad también se da entre las que sí tienen ley, puesto que algunas regulan derechos no contenidos en otras.
Es el caso, por ejemplo, de la prohibición de las 'terapias de conversión' para homosexuales como las que ofrece el Obispado de Alcalá. Solo cuatro comunidades autonómas prohíben expresamente este tipo de cursos discriminatorios, algo que destaca ILGA como uno de los elementos a mejorar. Junto a esta medida, señala algunas otras sujetas al lugar de residencia de las personas, entre ellas, la existencia de planes de igualdad LGTBI, el acceso a empleo y bienes y servicios para las personas trans o la instauración de políticas específicas de lucha contra los delitos de odio con motivo de la orientación sexual o la identidad de género.
Por otro lado, identifica algunos derechos que aún no han sido desarrollados en nuestro país, muchos de ellos centrados en las personas intersexuales, –aquellas que nacen con características sexuales que no encajan con las nociones binarias típicas de los cuerpos considerados masculinos o femeninos–, sobre las que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ya exigió la prohibición de “cirugías no consensuadas y médicamente innecesarias” para hacer que encajen en un género o en otro.